La diócesis de Getafe ya ha ejecutado el desahucio de una pareja de lesbianas con tres hijos

• Aroa, Laura y sus tres hijos han sido desahuciados de un piso que habían ocupado ilegalmente y que es propiedad de la diócesis de Getafe

• La familia asegura que el Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a facilitarles una alternativa habitacional

• El obispo de esta institución ha sido denunciado por colectivos LGTBI ante la Fiscalía de odio por sus declaraciones contra la Ley de Transexualidad madrileña

El pasado viernes se ejecutó el desahucio de Aroa y Laura, una pareja de lesbianas que conviven con los hijos de la primera, y con edades de 10, 8 y 5 años. Esta familia llevaba varios meses obligada por sentencia judicial a abandonar la casa en la que entraron a vivir como ocupas en el municipio madrileño de Móstoles.

El piso pertenece a la Diócesis de Getafe, esta institución se encarga de la jurisdicción eclesiástica en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Según apuntó un portavoz de esta institución a eldiario.es, el inmueble en el que residían estas jóvenes está destinado a sacerdotes que trabajan por la zona o que están de visita, y no a la asistencia social. Y remitía a Cáritas y al Ayuntamiento la responsabilidad de buscar una alternativa habitacional a esta familia.

“Estuvimos intentando paralizarlo de todas las formas posibles, pero no lo conseguimos. No se pudo hacer nada. Los de la diócesis no nos plantearon nada, todo lo que querían era que nos fuéramos a la calle, les daba igual, decían que ya llevábamos un año en una vivienda que no era nuestra y que ya estaba bien”, asegura Aroa. Asimismo se queja de que este inmueble continúe vacío.

Sus hijos no estuvieron presentes en la ejecución del lanzamiento, se quedaron en casa de su abuelo y ellas desde el viernes están viviendo de “casa en casa”. “El Ayuntamiento de Móstoles se ha comprometido a darnos una alternativa, nos han dicho que la obtendremos en la semana del 3 al 7. Estamos hoy a 3, así que esperamos conseguirla a partir de ahora”, indica.

Desde la diócesis de Getafe aseguran que van a colaborar en esa asistencia aunque no especifican en qué consiste la alternativa habitacional. “Les hemos ofrecido asistir a un curso de formación para buscar trabajo como asistenta de hogar o profesionales de hostelería”, apunta un portavoz de la institución religiosa.

La primera sentencia que les obligaba a abandonar este inmueble se dictó en septiembre, desde entonces esta familia ha intentando prolongar la ejecución de la decisión a la espera de conseguir una alternativa. La magistrada condenó a la pareja por un delito leve de usurpación de inmuebles y al pago de una sanción de 270 euros.

La pareja aseguró que la primera vez que les visitaron los representantes de la diócesis les propusieron una alternativa. “Nos dijeron que nos iban a dar un alquiler social en una casa que tenían en Móstoles, añadieron que a ese piso le faltaban un par de arreglillos pero que se pondrían en contacto con nosotras. Sin embargo, una vez que se enteraron de que éramos pareja, fueron a saco. Ya ni había opción a alquiler social, ni a nada”, explicó Aroa a esta redacción.

Por su parte un portavoz de la diócesis, Francisco Armenteros, negó esta acusación: “Es falso, nosotros no sabíamos que eran lesbianas. Cuando acudieron los portavoces del obispado solo estaba una de las mujeres, así que era imposible saberlo”. Esta no es la primera polémica que salpica a esta institución, su obispo ha llegado a ser  denunciado por el  Observatorio contra la LGTBfobia  por un posible delito de odio ante la Fiscalía al cargar contra la Ley de Transexualidad madrileña y asegurar que “retuerce la naturaleza humana”.

Sin embargo, una de las denunciadas no comparte esta opinión y cree que sí ha influido que sean una pareja de lesbianas. “He vivido en carne y hueso como la Iglesias no me ha ayudado nada, tanto que dicen que ayudan al prójimo. Ellos cumplen la Biblia al revés”, reseña.

Segundo desalojo

Laura y Aroa llegaron a este piso tras abandonar otra vivienda que también habían ocupado y en la que consiguieron paralizar su lanzamiento en noviembre del 2014. “Tras impedir el desahucio estuve negociando un alquiler social con Bankia, el propietario del piso, pero no lo hemos conseguido todavía. Al final, nos marchamos voluntariamente porque las condiciones de la casa eran muy malas. Terminamos dejando a los niños con unos amigos y durmiendo nosotras en la calle”, apuntó a esta redacción.

Según su relato, entraron en el piso actual gracias a que “unos chavales les dejaron las llaves”, sin tener constancia de que perteneciese a la Iglesia. “Tenemos agua caliente, luz y cuatro habitaciones. Cuando llegamos no notamos que antes estuviese alguien viviendo aquí, estaba lleno de polvo y abandonado. En el contador de la luz había una pegatina que señalaba que no había suministro desde el 2013”, señaló. “No es verdad”, respondieron desde la diócesis ante esas afirmaciones y aseguraron que previamente había residido en él párrocos.