El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado numerosas irregularidades en la gestión que dos cargos designados por Javier Madrazo cuando era consejero de Vivienda del Gobierno Vasco realizaron durante la liquidación del patrimonio de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia. El informe desvela, entre un amplio abanico de anomalías, actuaciones que podrían ser constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos por 2,6 millones de euros.

Las presuntas irregularidades recogidas en el documento al que ha tenido acceso este diario implican directamente a Txema Gonzalo, el delegado territorial vizcaíno del anterior Departamento de Vivienda, y a Jon Alonso, contratado por Gonzalo cuando recibió el encargo de liquidar la Cámara como corporación de derecho público para integrarse en la Administración autonómica. Ambos eran destacados militantes de Ezker Batua, el partido que entonces presidía Javier Madrazo.

Las Juntas Generales de Bizkaia solicitaron al Tribunal de Cuentas a mediados de 2011 que examinase el proceso de extinción de la Cámara. El encargo, propuesto por el PP, se realizó poco después de que el actual Gobierno Vasco anunciase su intención de llevar a la Fiscalía un informe interno que revelaba que parte de los fondos del organismo habían sido desviados para financiar la película ‘Ander’, que a su vez recibió fondos de Berdindu, el servicio de atención a gays, lesbianas y transexuales dependiente de Asuntos Sociales. También se desveló que cerca de 106.000 euros terminaron en una cuenta bancaria de Alonso y que existía un ‘agujero’ que en ese momento rondaba los 440.000 euros. El Ministerio Público abrió entonces una investigación y, meses después, decidió denunciar al propio Gonzalo y a Alonso por un delito de malversación de caudales públicos.

De forma paralela, el Tribunal de Cuentas comenzó a examinar por su cuenta el polémico proceso de extinción de la Cámara, que está envuelto en diversas demandas judiciales. Entre ellas, las formuladas por la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Bizkaia. El documento provisional del TVCP, que está pendiente de recibir las alegaciones de los distintos implicados, detalla los acontecimientos relevantes después de que el exconsejero Javier Madrazo nombrase en febrero de 2006 a Txema Gonzalo para dirigir la disolución. Su función, en teoría, se limitaba a liquidar el patrimonio del organismo, que debería haber pasado automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. El Tribunal considera que la «estricta liquidación» de la Cámara debería haber supuesto un desembolso de 1,7 millones de euros. Sin embargo, durante el proceso se gastaron 4,3 millones de euros, 2,6 millones más.

El TVCP, además de subrayar los problemas generados por la ausencia de contabilidad de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, detalla los gastos e inversiones que no deberían ser atribuibles a la liquidación. Cuestiona abiertamente la contratación de 6 trabajadores sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin que existiese insuficiencia de medios en el organismo. El coste de estas contrataciones ascendió a 365.000 euros. Varios de ellos trabajan ahora en el Gobierno Vasco como laborales indefinidos después de que recurriesen judicialmente sus despidos a pesar de que sus fichajes fueron calificados de «fraudulentos».

El Tribunal de Cuentas censura también la «multitud de gastos e inversiones» encargadas por el delegado de Madrazo para «rehabilitar y amueblar» el histórico edificio de la Cámara en Bilbao. Los delegados de Madrazo justificaron las obras porque «el aspecto de las oficinas» era de «un notable mal gusto, con profusión de gotelés, de flores y plantas de plástico y de símbolos religiosos y monárquicos». El informe del TVCP señala que Gonzalo se «excedió en sus funciones» con estas inversiones, que ascendieron a 2,1 millones de euros y que deberían haberle supuesto un «expediente disciplinario». Se encargaron de forma directa.

Según el informe, particularmente graves son los pagos superiores a los 332.000 euros cuyo «destinatario se desconoce» y los pagos de 106.000 euros a un trabajador de la Cámara -en referencia a Jon Alonso- que «carecen de justificación». Además, también se desembolsaron 34.000 euros en gastos «no atribuibles» al organismo y se gastaron casi 29.000 euros en comprar muebles para un piso. Cuando los auditores examinaron el piso, el pasado octubre, ninguno de estos muebles estaban ya en la vivienda.

El convenio suscrito con Aukeratu, una asociación de apoyo a gays, transexuales y lesbianas, para financiar la película ‘Ander’ es también «un acto no acorde» a los fines del decreto de liquidación de la Cámara. Gonzalo debería haberse abstenido de firmar por ser el administrador de esa organización, que asesoraba al organismo oficial Berdindul. Gonzalo y Alonso figuraban en el filme como productor ejecutivo y ayudante de producción. El convenio supuso 330.000 euros.

Entre el resto de gastos irregulares figuran un «proyecto de una zanja» realizado por Aukeratu (15.000 euros), los gastos de una agencia de detectives (3.700 euros), diversas facturas de gas y agua de un piso propiedad del responsable de Aukeratu y los gastos de desplazamiento y estancia de Gonzalo y otra persona (2.500 euros) a un festival de cine en Montevideo (Uruguay) patrocinado con 5.000 euros.