El PSOE defiende en el Congreso un modelo de atención a transexuales que retira en las CCAA que gobierna

MADRID.- Cuando una mujer quiere iniciar un tratamiento de hormonación para regular su menstruación o menopausia debe acudir a un centro de atención primaria. En cambio, cuando una persona transexual desea hormonarse para iniciar un tratamiento de reasignación de sexo tiene que acceder a las llamadas unidades de identidad de género. Unos recursos especializados que las comunidades autónomas más avanzadas en la defensa de los derechos trans empiezan a eliminar. De hecho, la pionera en hacerlo fue Andalucía, gobernada por el PSOE, mientras que Aragón y País Valencià —igualmente socialistas— ya están trabajando en ello.

El PSOE, sin embargo, insiste desde el Congreso en mantener estas unidades e incluso dotarlas de más recursos. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta miércoles una Proposición No de Ley (PNL) para “resolver la atención integral prestada por el Sistema Nacional de Salud a las personas transexuales” en la que basa sus propuestas en dichos recursos especializados al margen de la atención comunitaria.

La Plataforma por los Derechos Trans denuncia a Público que las unidades de identidad de género “no repercuten en la mejora de la calidad de vida de los transexuales, sino que “apuntalan la segregación” que sufren. “Todos los tratamientos médicos necesitan de un personal especializado, pero ¿por qué aislar los relacionados con la transexualidad?”, se pregunta la presidenta del colectivo, Mar Cambrollé.

Además de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Catalunya ya han legislado en sentido contrario a este tipo de soluciones, es decir, trasladando la gestión del tratamiento de reasignación de sexo y sus atenciones sanitarias a la atención primaria, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía dentro del sistema público de salud.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), sin embargo, defiende la existencia de estas unidades siempre y cuando los profesionales que trabajen en ellas “no sean agentes patologizantes”, cuenta a Público Mané Fernández, responsable de los temas relacionados con Transexualidad y Transgénero. Los tratamientos de hormonación para transexuales no son más complejos que los destinados a otras funciones, pero algunas personas trans, justifica Fernández, buscan “cierta intimidad” a la hora de afrontar su tratamiento que quizás no encontrarían en la atención primaria.

La PNL del PSOE afirma que los tratamientos médicos relacionados con la trasexualidad son “una situación compleja” además de “una problemática personal”, dos definiciones que, según la Plataforma por los Derechos Trans, “mantienen la conservadora y errónea idea de que el derecho a ser quien te sientes es otorgada por un tercero y no al derecho fundamental que recoge la Constitución”.

De hecho, sólo Andalucía, Canarias, la Comunidad de Madrid —que cuentan con leyes integrales de Transexualidad— y Catalunya no exigen un diagnóstico psicológico para empezar la hormonación en la sanidad pública. En las antípodas de este modelo está, por ejemplo, la gestión de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde ni siquiera hay unidades de identidad de género y cuyas consejerías de Sanidad derivan a otras comunidades a las personas transexuales que desean la reasignación. Entre ambos extremos se encuentran Galicia, Extremadura, Balears y Murcia, que ya han aprobado leyes de Igualdad LGTBI con apartados dedicados a la transexualidad.

Financiación pública de los fármacos

La Plataforma por los Derechos Trans entiende que la propuesta del PSOE supone un “gran retroceso” respecto a los avances alcanzados en varias autonomías y, por ello, pide la retirada de la PNL e insta a los parlamentarios de otros grupos a no apoyarla. Lo único que comparten con los socialistas es la petición de “recuperar la financiación pública de los tratamientos farmacológicos y asegurar su disponibilidad comercial” después del reciente desabastecimiento en las farmacias de dos medicamentos: Meriestra, en el caso de las mujeres, y Testex Prolongatum, en el caso de los hombres.

Público se ha puesto en contacto con el grupo parlamentario socialista, pero no ha dado respuesta a sus preguntas.