El Obispado de Getafe desahucia a una pareja lesbiana con tres menores

Laura y Aroa ocuparon un piso propiedad de la diócesis tras su primer desahucio. Sin ingresos y con tres niños de 5, 8 y 10 años, se enfrentan al lanzamiento después de que la diócesis rompiera negociaciones con la pareja tras conocer que eran lesbianas, denuncian.

MADRID.- El movimiento contra los desahucios consiguió en 2014 que Laura y Aroa no fueran desahuciadas. No le duró mucho el respiro a esta pareja lesbiana que vive con tres menores a su cargo y sin ningún tipo de ingreso. El mal estado de la vivienda y las presiones por parte de un fondo de inversión al que Bankia había vendido su casa, las obligaron a sacar sus pertenencias y buscarse otro lugar donde vivir.

n esta situación, Aroa y Laura recurrieron a la solución más obvia, rápida y fácil. Una solución a la que están recurriendo cientos de personas en la Comunidad de Madrid y miles en todo el país. Ocuparon una casa deshabitada.

Quiso la casualidad que el piso que escogieron, en la calle Moraleja de Enmedio de Móstoles, al sur de Madrid, fuera propiedad del Obispado de Getafe. Lo único que sabían era que llevaba más de cinco años vacío, según afirman la plataforma antidesahucios de la localidad y las propias afectadas. “Nos enteramos que era del Obispado un día que la Policía vino al bloque por los gritos de unos vecinos. Salí a ver qué pasaba y una vecina le contó a los agentes que estábamos ocupando una casa de la diócesis”, explica Laura. Pocos días después tocaron a su puerta un par de sacerdotes. Les contaron su caso y, según afirman, accedieron a prestarles ayuda.

Una decisión homófoba

“Nos dijeron que prepararían otra casa que tenían, que negociaríamos un alquiler social, que nos iban a ayudar”, relata Laura. Pero el resultado ha sido una sentencia judicial “comunicada in situ” que fija la fecha del desahucio de esta familia para el próximo 19 de octubre. Según las afectadas, la actitud de la diócesis cambió cuando se percató de que eran una pareja homosexual en lugar de hermanas. “Si no, no entiendo por qué al principio sí nos iban a ayudar y luego nos llega una citación judicial de golpe o porrazo”, apunta la afectada.

“La diócesis se niega a negociar un alquiler social argumentando que la vivienda es para personas necesitadas”, explica la Plataforma Stop Desahucios en un comunicado. Al parecer, Laura y Aroa no necesitan nada. Por eso han decidido cometer una ilegalidad y arriesgarse a quedarse sin casa de nuevo, a ser condenadas por un delito de usurpación de inmuebles y multadas con 270 euros. Eso fue lo que dictó el juez en la vista celebrada hace casi un mes, después de que la diócesis cursara la correspondiente solicitud en el juzgado. La pareja ha recurrido el fallo.

Laura y Aroa denuncian un caso de homofobia por parte de la Diócesis de Getafe, que no ha contestado a los repetidos requerimientos de Público. Sin embargo, en declaraciones a la agencia EFE, el canciller de la diócesis aseguró hace escasos días: “No sabíamos que eran lesbianas, no las echamos por su condición sexual, eso es falso”. A diferencia de la versión de Laura, el prelado asegura el piso es “para los sacerdotes que atienden las parroquias”, porque “según van cambiando los párrocos de la zona utilizan ese piso”.

Más tiempo

“Lo único que pedimos es un poco de tiempo para encontrar una solución”, asegura Laura. Tras mucho tiempo en el paro, hace una semana empezó a trabajar en el comedor de un colegio. “Nada del otro mundo, un contrato a tiempo parcial que no llega ni para un alquiler de 500 euros”, dice. Por eso necesita un alquiler social. El viernes, junto a vecinos y activistas, se plantó en la puerta del Obispado, en Getafe “para intentar que alguien diera la cara y nos escucharan”. Fue en vano.

El próximo miércoles, si la diócesis no cambia su postura, Laura y Aroa, junto a sus hijos de 5, 8 y 10 años, volverán a repetir la escena de hace dos años. Sacarán sus cosas embaladas al portal mientras vecinos y activistas por el derecho a la vivienda claman contra su desahucio. Uno más en un país con tres millones de viviendas vacías, según denunció Amnistía Internacional en 2015. “No tengo en la cabeza marcharme. Tengo tres hijos que no sé a dónde voy a llevar. No tenemos familiares en Madrid. No sé dónde dejar las pocas cosas que tengo empaquetadas y, encima, tengo un puesto de trabajo al que no puedo faltar”, lamenta. “De aquí no nos vamos hasta que haya solución”, zanja.