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El Gobierno confirma que tan sólo 116 personas gays que fueron represaliadas durante el Franquismo han sido indemnizadas desde 2009

Por el chivatazo de una monja, Antoni Ruiz pasó tres meses en la cárcel de Badajoz. Su delito: ser homosexual y declararse como tal en 1976. Ya había muerto Franco pero no el Franquismo ni la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) -que sustituyó a la anterior Ley de Vagos y Maleantes (1954), que a su vez modificó la de 1933 para incluir la homosexualidad-, por la que Antoni y alrededor de 5.000 homosexuales fueron encarcelados.

“Yo me declaré homosexual a los 17 años en el comedor de mi casa. Como era la época en la que se pensaba que era una enfermedad, en la que se intentaba curar con electrochoque y terapias aversivas, mi madre pidió ayuda. Se lo contó a una monja y ésta me denunció. Llegaron cuatro policías secretas por la noche para llevarse a un chiquillo. Estuve tres días en los calabozos y me pasearon por la calle para demostrar lo que podía pasarle a otros como yo. Luego decretaron mi ingreso en prisión. Primero estuve en la cárcel Modelo de Valencia, pero pronto me trasladaron a la de Badajoz, a la que iban los travestis, que era como llamaban a todos los gays. Allí pasé tres meses y luego un año de destierro”, recuerda Ruiz por teléfono a EL MUNDO.

Él fue el primer homosexual al que el Gobierno indemnizó por esta represión. Fue en 2009 y le dieron 4.000 euros. Desde esa fecha, en virtud de lo que estableció entonces la Ley de Presupuestos Generales del Estado, otros 116 homosexuales han recibido indemnizaciones por la persecución sufrida durante la dictadura, según ha confirmado ahora el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado, que se interesó por la cuestión. A estos afectados, que tenían de plazo para solicitar la indemnización hasta el 31 de diciembre de 2013, el Ejecutivo les ha repartido un total de 624.000 euros, lo que supone una media de algo más de 5.300 euros, informa Efe.

Hurtado considera que se trata de “una mínima parte” de las miles de personas que fueron perseguidas y califica de “escasa y frágil” la memoria histórica en España respecto a los represaliados y condenados por su orientación sexual.

“Cuantías ridículas”

A Antoni Ruiz, que es además presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales de España, el dato no le pilla por sorpresa, porque “es igual a lo que manejábamos, a pesar de no tener hasta ahora las cifras oficiales”. Y explica que “muchos de los homosexuales que estuvieron en prisión han fallecido, por eso no hay más reclamaciones”.

Lo que denuncia este perseguido por homosexual es que “las cuantías son ridículas”. Los gays que pasaron en prisión entre uno y seis meses reciben 4.000 euros, los que estuvieron entre seis meses y tres años perciben 8.000 euros y los que permanecieron más de tres años, un mínimo de 12.000 euros. De hecho, el Gobierno ofrece los datos desglosados por año y refleja que mientras los dos primeros de aplicación de la normativa (2009 y 2010) las indemnizaciones ascendieron a un total de 224.000 y 240.000 euros a repartir entre todos los que las solicitaron, en los tres años siguientes fueron decreciendo desde los 76.000 euros hasta los 28.000 en 2013.

“Lo que nosotros reclamamos y vamos a exigir, en cuanto sus señorías vuelvan de vacaciones, es que quienes fueron perseguidos por homosexuales tengan una pequeña pensión. Quedarán vivas unas 85 o 90 personas en esta situación. No nos parece que sea algo descabellado pedirlo”.

Además, recalca Ruiz que los homosexuales “somos los grandes olvidados de la dictadura y lo pasamos muy mal. En mi caso, como en el de otros tantos, después del destierro nadie me daba trabajo. Me vi muy limitado. No pude aspirar a nada más que a hacer trabajos de muy mala calidad. No hemos podido cotizar a la Seguridad Social, por lo que ahora sólo podemos malvivir”.

Según él, “es lógico que se nos ofrezca ahora un trato digno, porque hemos sido discriminados toda la vida”. El presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales indica que, cuando se reunieron con el Gobierno de Zapatero, la idea inicial era “crear un fideicomiso” con los cuatro millones aprobados para este fin en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Sin embargo, de esa cantidad sólo se han entregado poco más de 600.000 euros. “¿Dónde están los otros tres millones y pico?. Eso es lo que reclamamos para las víctimas de la represión”, dice.

Y otra cosa que van a solicitar al Gobierno es que “se retiren de oficio del sistema informático sus fichas policiales”. Cuenta que “en 2008 la Comisaría provincial de Alicante nos confirmó que en el sistema informático aún constaba: Infracción de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social”. Y considera “inaudito” que fuera así. “Preguntamos por este tema al Gobierno, pero nunca tuvimos respuesta. Vamos a insistir para que esto cambie”.

No obstante, el Gobierno dejó claro en su respuesta que en el Registro Central de Penados no consta actualmente referencia alguna a condenas que se hubieran dictado en su día por la realización de prácticas homosexuales. Hasta 1979 no se eliminaron los artículos de la Ley que penaban la homosexualidad.