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Un excargo de Madrazo usó fondos públicos para viajar a Montevideo

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Txema Gonzalo, que se ha dado de baja de EB, utilizó 2.500 euros de la Cámara de la Propiedad en un viaje a Uruguay a un festival de cine gay

Serafín Llamas y Txema Gonzalo, en el festival.

Serafín Llamas y Txema Gonzalo, en el festival.

El delegado en Vizcaya del Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco, Txema Gonzalo, usó unos 2.500 euros del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana vizcaína para viajar con otra persona a Montevideo (Uruguay), donde acudió en septiembre de 2006 a un festival de cine sobre la diversidad sexual y de género denominado ‘Llámale H’. Un certamen que se prolongó durante una semana y al que también acudió como invitado Serafín Llamas, actual portavoz de la Presidencia de Ezker Batua vinculado al sector afín al exconsejero Javier Madrazo. Gonzalo comunicó ayer a Ezker Batua su «baja voluntaria» en el partido «como militante de base» hasta que se aclaren las supuestas irregularidades que se le atribuyen.
Según un documento al que ha tenido acceso este diario, Gonzalo remitió una factura a la Cámara de la Propiedad de Vizcaya -en un momento en el que formaba parte del organismo público, que se encontraba en fase de liquidación, como delegado del Departamento de Vivienda- por 2.539,92 euros en concepto de «gastos de viaje personal». Para justificar el libramiento de fondos, aportó un escrito de una agencia de viajes en el que aparecen algunos de los gastos realizados. Entre los mismos figuran billetes de avión para dos personas con el trayecto Bilbao-Montevideo, con una escala intermedia en Madrid. Cada uno de estos boletos, fechados el 6 de septiembre, costó más 975 euros. En la misma factura se incluye la estancia, en concepto de alojamiento y desayuno, en una habitación de hotel para dos personas por 422 euros, además de una serie de pequeños gastos de gestión.
En el propio programa del festival de cine celebrado en Montevideo, en el que se proyectaron 12 largometrajes, 27 cortos y 10 documentales, se incluye a Gonzalo y a Llamas dentro del grupo de «invitados extranjeros». Al primero se le presenta como «licenciado en Derecho, delegado territorial de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco» en Vizcaya y director de Berdindu, «el servicio vasco de atención a lesbianas, gays y transexuales». Respecto al currículo de Llamas, los organizadores citan su licenciatura en Ciencias de la Información. Subrayan que forma parte de la junta directiva de la asociación de apoyo al colectivo homosexual Hegoak -una de las más representativas de Euskadi – y recuerdan que es «responsable de la comisión Zinegoak», el festival internacional de cine gay-lesbo-trans de Bilbao.
El cargo realizado por Gonzalo a las arcas de la Cámara de la Propiedad vizcaína se realizó en un momento en el que el organismo se encontraba en fase de liquidación, en virtud del decreto 15/2006. De hecho, Gonzalo fue nombrado por Javier Madrazo como delegado del Departamento de Vivienda en la propia Cámara. Su función se limitaba a liquidar el patrimonio de la entidad pública, que debía pasar a engrosar de forma automática las arcas de la Hacienda general vasca.
Investigación judicial
Se da la circunstancia de que los actuales gestores del Ejecutivo autonómico han remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia un informe interno que revela supuestas irregularidades en la liquidación de la Cámara de la Propiedad. Estas anomalías en la gestión fueron desveladas por una auditoría encargada de oficio por la Oficina de Control Económico (OCE) sobre el proceso de extinción del organismo.
Los auditores hallaron un ‘agujero’ de 444.345 euros. De esta cantidad, 332.826 euros se han destinado a pagos sin destinatario conocido y 106.653 euros han aparecido de forma injustificada, según ha acreditado la BBK, en la cuenta de bancaria de un trabajador -Jon Alonso- contratado por Gonzalo, que también autorizó gastos no atribuibles a la Cámara. Entre los mismos, se financió ‘Ander’, una película de temática homosexual que también recibió fondos de Berdindu.

El Gobierno contrató a Aukeratu al mes de asumir Gonzalo su dirección

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ETB y Vizcaya subvencionaron el film al que presuntamente derivó fondos

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del último gobierno tripartito contrató a la asociación asistencial Aukeratu para que prestara para el servicio Berdindu las labores de asesoramiento a homosexuales apenas un mes después de colocarse al frente de la misma el delegado provincial del departamento en Vizcaya, José María Gonzalo Esnal. La junta directiva de esa asociación adoptó el acuerdo de designarle en febrero de 2007 y poco después Aukeratu -constituida apenas un año antes- fue elegida por el Gobierno como adjudicataria de los servicios de Berdindu.

Tanto Gonzalo como Jon Alonso Hornes, la segunda persona a la que menciona el Ejecutivo vasco en el informe enviado a la fiscalía por el supuesto desvío de los fondos de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya acudieron ayer a sus puestos de trabajo con normalidad, pese a la comunicación hecha el día anterior por la consejera y portavoz, Idoia Mendia, sobre la la apertura de un expediente disciplinario a cada uno. A una cuenta de Alonso fueron 106.000 euros de los 440.000 desaparecidos.

Este empleado público excusó ofrecer su versión de los hechos en conversación telefónica con este periódico. “No voy a hacer ninguna declaración ni ningún comentario”, sobre los distintos datos que constan en la denuncia del Gobierno a la fiscalía, indicó, siguiendo, según dijo también, el consejo de su abogado, en cuyas manos afirmó haber dejado todo el asunto.

Tampoco fue posible hablar con el ex consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ni con el director de servicios del departamento, y actual parlamentario, Mikel Arana. Este último se remitió al comunicado que Ezker Batua hizo público. En él se informó de que Gonzalo remitió ayer mismo por la mañana una carta a la organización dándose de baja voluntariamente en ella en tanto se aclaran los hechos que se le atribuyen. EB aclaró también que Jon Alonso Hornes no ha pertenecido ni está actualmente afiliado a la formación, por lo que no ha mantenido ninguna vinculación con ella. En relación con los hechos denunciados por el actual Gobierno, Ezker Batua apeló al respeto a la presunción de inocencia, desde el respeto a la presunción de inocencia, y dejó manifiesto su convencimiento de que “la honestidad y la transparencia deben ser siempre los ejes de la actividad pública”. Por ello, pidió también a la Justicia que investigue los hechos denunciados por el Ejecutivo y “depure, si ese fuera el caso, las responsabilidades que puedan derivarse de los mismos”.

En relación con la financiación de la película, esta contó con subvenciones y ayudas de ETB y de la Diputación de Vizcaya. La televisión vasca, en un contrato suscrito por su anterior director, Bingen Zupiria, compró a la producción los derechos de emisión de la película durante de diez años. Por ese concepto se añadieron 55.000 euros a su financiación. La Diputación de Vizcaya puso otros 20.000 desde la dirección de Igualdad y Derechos ciudadanos, según confirmaron fuentes oficiales de la institución.

La película tuvo, al parecer, un presupuesto modesto, algo por encima del medio millón d euros, lo que lleva a suponer que el resto de los pagos pudieran haberse efectuado con cargo al saldo de la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana que Gonzalo tenía orden de liquidar e ingresar en las arcas de la Hacienda del Gobierno. En lugar de ello, suscribió un contrato para adelantar dinero para la película a Aukeratu, para su posterior devolución, siendo él mismo el responsable tanto de la entidad que ponía el dinero como de la que lo recibía. Y ejerciendo además como productor ejecutivo del film, una tarea para la que no tenía preparación alguna, algo que acusó la producción, según personas conocedoras de ella.

Sorprendentemente, la película no recibió un solo euro del Departamento de Cultura, según aseguraron fuentes oficiales, pese a que es el encargado de otorgar las subvenciones al cine. Más aún tratándose de una de las escasas películas que se ruedan en euskera. También el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aseguró que no proporcionó financiación alguna a la producción.

ÓRDENES IGNORADAS

– Enero de 2006. El Gobierno decreta la extinción de las Cámaras de la Propiedad Urbana vascas y fija sus condiciones, con un cambio parcial en ellas en 2007. Ambos decretos llevan las firmas preceptivas del lehendakari, Juan José Ibarretxe, la consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, y el consejero de Vivienda, Javier Madrazo.

– Octubre de 2007. Acaba el inventariao de bienes y en mayo de 2008 lo aprueba Idoia Zenarruzabeitia. Ordena a su vez al director de Patrimonio y Contratación, dependiente de Hacienda, y a los delegados de Javier Madrazo en las Cámaras que procedan a “la inscripción, titulación o ingreso de los bienes y derechos” de estas en favor de la Administración vasca

El Gobierno acusa a altos cargos de Madrazo de malversar medio millón

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El Ejecutivo traslada la auditoría realizada a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas

Casi un año después de que saliese a la luz el caso Margüello, las supuestas irregularidades en adjudicaciones de Osakidetza, el Gobierno acordó ayer remitir a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas otra actuación del tripartito de Juan José Ibarretxe, esta vez relativa a la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya. Una auditoría externa ha descubierto que durante su proceso de extinción desapareció cerca de medio millón de euros.

Un decreto aprobado en enero de 2006 abrió el proceso de liquidación de estas entidades, que se encargó de realizar el Departamento de Vivienda, a cuyo frente estuvo Javier Madrazo, entonces también coordinador general de EB, durante los dos últimos Ejecutivos de Ibarretxe.

Madrazo comisionó para ello a los tres delegados provinciales de la consejería, cargo que ocupaba José María Gonzalo Casal en Vizcaya. En Álava y Guipúzcoa el proceso se completó con diligencia, pero el encargado de la liquidación de Vizcaya operó en sentido opuesto. La auditoría concluye que contrató personal, realizó obras en la sede de la Cámara -en la esquina de las calles de Ercilla y Henao, en el centro de Bilbao- y trasladó allí los servicios de Berdindu -atención a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales- que el Ejecutivo había subcontratado con la sociedad asistencial Aukeratu. El delegado de Vivienda en Vizcaya era además el administrador y tenía autorización total para operar con la cuenta bancaria de esta entidad, con la que mezcló a la Cámara vizcaína.

En lugar de liquidarla, Gonzalo contrató para su gestión al otro sospechoso, según la información facilitada ayer por el Gobierno, de haber incurrido en la supuesta malversación, Jon Alonso Hornes, a la vez encargado de la gestión administrativa de Berdindu en la consejería. El contrato se realizó en junio de 2006, cinco meses después de que se decretase la extinción legal de las Cámaras y cuatro después de que Madrazo le confiase la misión.

El Gobierno socialista se encontró a su llegada al poder en 2009, más de tres años después de disueltas las Cámaras, con la de Vizcaya sin liquidar y el contrato de Alonso en vigor. En ese momento se puso en marcha una actuación de oficio de la Oficina de Control Económico del Ejecutivo y se encargó una auditoría que ha arrojado los datos ahora remitidos a la fiscalía y la Tribunal de Cuentas al apreciarse indicios de malversación.

El análisis de las cuentas, realizado por ABM Auditores y Consultores, concluye que la Cámara vizcaina realizó operaciones ilógicas en un proceso de liquidación, en el que debería haberse limitado a transferir sus bienes y derechos a las arcas públicas. “Se han realizado importantes inversiones, se ha contratado nuevo personal y se han realizado gastos operativos no atribuibles a la Cámara, sino a servicios del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales”, indica. Y faltaba una contabilidad que mereciera tal nombre de la gestión de Gonzalo.

El balance económico constata la desaparición de 444.345 euros, provenientes de las cuotas que pagaban a la Cámara los titulares de inmuebles que seguían cotizando a la misma. Un total de 111.519 euros han sido encontrados, de ellos 106.653 en una cuenta de Alonso. El destino de los otros 332.826 se desconoce, aunque averiguaciones realizadas este mismo año apuntan a que se emplearon para financiar la película Ander, dirigida por Roberto Castón y estrenada en 2009. El rodaje del filme, una reflexión sobre la homesexualidad, fue impulsada por Berdindu. Gonzalo y Alonso trabajaron en ella, el primero como productor ejecutivo y el segundo como su ayudante, tarea por la que ambos fueron remunerados.

El actual Gobierno exigió explicaciones a los dos tras el resultado de la auditoría y las conclusiones de la Oficina de Control Económico, pero, según reza el acuerdo aprobado ayer por el Gabinete, “no dieron cumplida respuesta acerca de la información requerida”. En la documentación que remitió Gonzalo en febrero pasado incluyó un convenio entre la Cámara y la asociación Aukeratu para adelantar el dinero con destino a la película.

Esa asociación encargada de los servicios de Berdindu llegó a dar de alta en la Seguridad Social a una de las actrices del film. Tanto Gonzalo como Alonso siguen trabajando en el Gobierno: el primero, funcionario de carrera, como asesor jurídico en Vivienda; el segundo, como contratado laboral indefinido en Empleo, tras haber tenido el Gobierno que readmitirle tras recurrir su despido. Alonso consiguió el puesto gracias a su contratación en 2006, ya que el Ejecutico estaba obligado a hacerse cargo del personal de las Cámaras. A ambos se les ha abierto un expediente disciplinario.