Acusan al delegado de Vivienda con Madrazo de repartir pisos por amiguismo
El juicio contra Txema Gonzalo y Jon Alonso por su gestión en la Cámara de la Propiedad descubre una supuesta red de complicidades políticas, personales y económicas
El exportavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, vivió durante una larga temporada de manera presuntamente irregular en uno de los pisos de la extinta Cámara de la Propiedad en Bilbao, que fue rehabilitado y amueblado con fondos del organismo a pesar de que en ese momento se encontraba ya en proceso de liquidación. ¿Por qué vivía en un edificio que había pasado a ser de titularidad pública? «Porque se había separado recientemente» de su pareja, el hermano de Txema Gonzalo, que era el exdelegado territorial de Vivienda en Bizkaia en la época en la que Javier Madrazo dirigía ese departamento, su compañero de filas en EB y, en último término, la persona que había recibido el encargo de liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia como corporación de derecho público -proceso iniciado en febrero de 2006- para integrar sus bienes en la Administración.
Esta fue una de las principales revelaciones que dejó ayer el inicio del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el propio Txema Gonzalo y contra Jon Alonso -un trabajador contratado por el primero- a raíz de las numerosas irregularidades de gestión detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los testimonios recabados en la vista pública de ayer dejaron al descubierto una supuesta red de complicidades de carácter personal, político y económico que se tejieron al calor del proceso de liquidación de la Cámara y que fue la base de las supuestas irregularidades que se juzgan ahora.
La Fiscalía pide para Gonzalo 5 años y 9 meses de prisión -además de una inhabilitación absoluta por 9,5 años- por unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En el caso de Alonso, que fue contratado como contable, el Ministerio Público pide 4 años y 9 meses de prisión -y 8 años de inhabilitación absoluta- por cooperación en la malversación.