Madrazo se desliga de la gestión de su exsubordinado en Bizkaia

Gonzalo Casal, principal acusado en la causa de la Cámara de la Propiedad, apela a su inocencia

BILBAO – Javier Madrazo, exconsejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, aseguró ayer ante la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia desconocer las supuestas irregularidades cometidas por el ex delegado territorial de Bizkaia de Vivienda, José María Gonzalo Casal, cuando en febrero de 2006 fue designado para liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de este territorio. En el juicio iniciado ayer, la fiscalía acusa a Gonzalo Casal de malversación de fondos al atribuirle el gasto de 1,5 millones de euros en obras realizadas en la sede de la Cámara, en la calle Henao de la capital vizcaina, cuando su cometido era liquidar dicha sociedad. Asimismo, se le acusa de contratación de personal y de desviar fondos de la Cámara de la Propiedad para la financiación de la película Ander. Junto a Gonzalo Casal se sentó también en el banquillo de los acusados Jon Alonso Hornes, contable contratado por Gonzalo Casal, a quien se le acusa de apropiarse de 106.000 euros. Para Gonzalo Casal hay una petición fiscal 5 años y 9 meses de prisión, además de 9 años y medio de inhabilitación absoluta, mientras que Alonso Hornes se enfrenta a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta.

En su declaración en calidad de testigo de la acusación, Madrazo aseguró que encomendó esta tarea a Gonzalo Casal en función de la “profesionalidad y eficacia” que había demostrado como delegado territorial de Vivienda. El exconsejero aseguró que no era su cometido estar al tanto de las obras realizadas en la sede de la Cámara de la Propiedad, así como de la contratación de personal, pero dejó claro que sí era consciente del mal estado en el que se encontraba el edificio, así como del “déficit de personal con el que debía enfrentarse”. No obstante, aseguró que en su función como consejero de Vivienda no constaba el estar al corriente de las obras.

Con respecto a la película Ander, Madrazo reconoció que había un acuerdo entre el Gobierno vasco y la asociación sin ánimo de lucro Aukeratu para la financiación del filme, y que su departamento aportó 60.000 euros para la financiación de la película, pero desconocía si se habían desviado fondos de la Cámara para este fin o que José María Gonzalo Casal figurara como productor ejecutivo de la película y que Jon Alonso fuera el ayudante de producción. Además, afirmó que en lo relacionado a fondos, patrimonio y personal, Gonzalo no rendía cuentas a su departamento sino a Hacienda, área que, según afirmó, “me consta que estaba informada”.

OBRAS NECESARIAS El principal acusado, Gonzalo Casal, negó todas las acusaciones que pesan sobre su persona. Con respecto a la contratación de Jon Alonso como contable, aseguró que cuando le encomendaron la labor de liquidar la Cámara de la Propiedad se encontró con una total falta de personal para acometer esta labor. Afirmó, asimismo, que conocía a Alonso Hornes “solo de vista” y tras entrevistarse con él le contrató primero para un periodo de pruebas y más tarde, una vez superado este periodo, para ejercer las labores de contable. A este respecto, al de contratación de personal de forma directa y sin publicidad, aseguró que la Cámara era una entidad privada y que, por tanto, no estaba sometida a un régimen de contratación pública.

Gonzalo Casal aseguró en su declaración que esperaba que el cometido que le habían encomendado, la liquidación de la Cámara de la Propiedad, se llevara a cabo en un breve periodo de tiempo, lo que sí ocurrió con las cámaras de Gipuzkoa y Araba, cuyo proceso de liquidación se acometió con diligencia, pero causas ajenas a su voluntad retrasaron el proceso en Bizkaia. Con respecto a las obras, aseguró que fueron “necesarias” porque en el edificio “había cables por el suelo, no disponía de medidas de seguridad ni de accesibilidad, ni casi de instalación para internet, a lo que había que añadir que el inmueble está considerado patrimonio cultural y hubo que restaurar algunos elementos”. Sobre la película Ander, Gonzalo Casal explicó que era un encargo del Gobierno vasco y que únicamente “se adelantó una cantidad” hasta que se cobraran las aportaciones de las distintas administraciones.

UN MANDADO Por su parte, el otro acusado, Jon Alonso Hornes, aseguró en todo momento que él era un simple mandado que cumplía las órdenes de Gonzalo Casal, quien dijo que era el que manejaba todos los pagos y gastos. En su declaración, reconoció que ejercía labores de contable tanto para la Cámara de la Propiedad como para Aukeratu y por ello recibía una remuneración extra.

Así, según afirmó, Gonzalo Casal le abonó diversos ingresos, aparte de la nómina, al considerar que realizaba “trabajo extra sin remunerar”. Alonso reconoció haber recibido 106.000 euros, de los que afirmó que había devuelto la mitad. “Se lo comenté a una amiga y me dijo que no era normal los ingresos que me estaban dando, me pareció que la cosa se estaba desmadrando y devolví la mitad del dinero que me habían pagado de más, porque el resto ya me lo había gastado”, afirmó.