El vacío legal impide registrar a los hijos de una pareja gay española
Luis Delgado y José Antonio Fernández son un matrimonio español que decidió tener descendencia por gestación subrogada en México. En otras palabras: a través de un vientre de alquiler. Los mellizos nacieron el 6 de enero pasado, pero aún no han podido volver con ellos a su país. No tienen pasaporte. Por parte mexicana, hay un conflicto entre las leyes estatales de Tabasco, México, que permite el proceso, y la Secretaría de Relaciones de Exteriores (SRE), que no se explica por qué una pareja de extranjeros ha contratado un proceso de este alcance. De la representación española han recibido, hasta ahora, “muy buenas palabras, pero nada más”, se quejan.
La gestación por subrogación es ilegal en España. La ley permite que, si un país emite una sentencia que asegure que los miembros de la pareja (ya sea gay o heterosexual) son padres de los niños concebidos de esta manera, se pueden registrar en España. Si no, en los papeles debe figurar una madre. Pero no consiguen ese certificado.
Un solo Estado mexicano, Tabasco (al sureste del país), permite el proceso desde 1997. Luis y José Antonio contrataron una fundación ahí, conocieron a la mujer que llevaría en su vientre a los embriones fecundados por ellos. Los mellizos nacieron el 6 de enero de 2015. Acudieron a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el Distrito Federal (DF) para expedir pasaportes mexicanos a los niños y así volver a España. La pareja ha intentado dos veces emitir el documento a los niños y se les ha negado; la representación española les ha apoyado pero para expedir un pasaporte español a los bebés es necesario que se registre el nombre de la gestante como madre.
La condición ilegal de la subrogación del vientre en España no quiere decir que existan vacíos para burlar la ley, como dar por buena la sentencia de un país extranjero que permitiría a dos ciudadanos españoles registrarse como padres de un niño concebido en un vientre de alquiler en el extranjero. Delgado y Fernández firmaron el contrato de subrogación en México el año pasado y, al momento de nacer los bebés, registraron a los niños en Tabasco con el nombre de José Antonio como padre y con un apartado que explicaba que el otro padre era Luis. El espacio guardado para la madre quedó vacío. Al llegar a la delegación de la SRE en la capital mexicana, comenzaron los problemas: ¿dónde está la madre? La SRE, una entidad federal mexicana, decide sobre los hijos concebidos en vientres de alquiler de Tabasco, que se rige según las leyes regionales. Delgado señala que uno de sus asesores legales se reunió con Max Diener, consultor jurídico de la SRE, y que Diener le dijo que “los pasaportes mexicanos son un derecho, no una obligación”. Este periódico intentó, sin éxito, contactar a la SRE para respaldar la versión mexicana.
En cuanto a España, la única opción abierta es que la pareja anote el nombre de la mujer que gestó a sus hijos. María Jesús Basco, su abogada en Madrid, comenta que en países como Estados Unidos el procedimiento es más sencillo pero “muchísima gente no tiene el dinero para ir allá”. La legislación española avanza con lentitud para reconocer a los hijos de vientre de alquiler, sobre todo después de que una sentencia del Tribunal de Estrasburgo de 2014 obligase a la ley francesa a reconocer a los hijos de dos parejas. No hay mucho más avance, y la variación de precios es enorme. En EE UU puede oscilar entre 113.000 y 226.000 dólares, mucho más de los 68.000 que el proceso puede costar en México (es ilegal lucrar con la práctica en el país latinoamericano, el cálculo se basa en transporte, hospedaje y gastos de hospital) o los 50.000 de Tailandia. Fernández y Delgado explican que ya han gastado mucho más de lo que tenían planeado en aviones, taxis y hospedaje. Ahora viven en una casa de la Asociación mexicana Ayudando a Crear Familias, que además les ha prestado a coche, en Cancún. Ahí esperan. El acompañamiento de la representación diplomática de España en México, hasta ahora, es eso: acompañamiento. Legalmente solo podría resolverse si anotasen el nombre de la madre que alquiló su vientre en el registro de los niños. “Y eso no va a ser”, insiste Luis. “Los padres somos nosotros. No vamos a mentir”.