El Gobierno contrató a Aukeratu al mes de asumir Gonzalo su dirección

ETB y Vizcaya subvencionaron el film al que presuntamente derivó fondos

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del último gobierno tripartito contrató a la asociación asistencial Aukeratu para que prestara para el servicio Berdindu las labores de asesoramiento a homosexuales apenas un mes después de colocarse al frente de la misma el delegado provincial del departamento en Vizcaya, José María Gonzalo Esnal. La junta directiva de esa asociación adoptó el acuerdo de designarle en febrero de 2007 y poco después Aukeratu -constituida apenas un año antes- fue elegida por el Gobierno como adjudicataria de los servicios de Berdindu.

Tanto Gonzalo como Jon Alonso Hornes, la segunda persona a la que menciona el Ejecutivo vasco en el informe enviado a la fiscalía por el supuesto desvío de los fondos de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya acudieron ayer a sus puestos de trabajo con normalidad, pese a la comunicación hecha el día anterior por la consejera y portavoz, Idoia Mendia, sobre la la apertura de un expediente disciplinario a cada uno. A una cuenta de Alonso fueron 106.000 euros de los 440.000 desaparecidos.

Este empleado público excusó ofrecer su versión de los hechos en conversación telefónica con este periódico. “No voy a hacer ninguna declaración ni ningún comentario”, sobre los distintos datos que constan en la denuncia del Gobierno a la fiscalía, indicó, siguiendo, según dijo también, el consejo de su abogado, en cuyas manos afirmó haber dejado todo el asunto.

Tampoco fue posible hablar con el ex consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ni con el director de servicios del departamento, y actual parlamentario, Mikel Arana. Este último se remitió al comunicado que Ezker Batua hizo público. En él se informó de que Gonzalo remitió ayer mismo por la mañana una carta a la organización dándose de baja voluntariamente en ella en tanto se aclaran los hechos que se le atribuyen. EB aclaró también que Jon Alonso Hornes no ha pertenecido ni está actualmente afiliado a la formación, por lo que no ha mantenido ninguna vinculación con ella. En relación con los hechos denunciados por el actual Gobierno, Ezker Batua apeló al respeto a la presunción de inocencia, desde el respeto a la presunción de inocencia, y dejó manifiesto su convencimiento de que “la honestidad y la transparencia deben ser siempre los ejes de la actividad pública”. Por ello, pidió también a la Justicia que investigue los hechos denunciados por el Ejecutivo y “depure, si ese fuera el caso, las responsabilidades que puedan derivarse de los mismos”.

En relación con la financiación de la película, esta contó con subvenciones y ayudas de ETB y de la Diputación de Vizcaya. La televisión vasca, en un contrato suscrito por su anterior director, Bingen Zupiria, compró a la producción los derechos de emisión de la película durante de diez años. Por ese concepto se añadieron 55.000 euros a su financiación. La Diputación de Vizcaya puso otros 20.000 desde la dirección de Igualdad y Derechos ciudadanos, según confirmaron fuentes oficiales de la institución.

La película tuvo, al parecer, un presupuesto modesto, algo por encima del medio millón d euros, lo que lleva a suponer que el resto de los pagos pudieran haberse efectuado con cargo al saldo de la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana que Gonzalo tenía orden de liquidar e ingresar en las arcas de la Hacienda del Gobierno. En lugar de ello, suscribió un contrato para adelantar dinero para la película a Aukeratu, para su posterior devolución, siendo él mismo el responsable tanto de la entidad que ponía el dinero como de la que lo recibía. Y ejerciendo además como productor ejecutivo del film, una tarea para la que no tenía preparación alguna, algo que acusó la producción, según personas conocedoras de ella.

Sorprendentemente, la película no recibió un solo euro del Departamento de Cultura, según aseguraron fuentes oficiales, pese a que es el encargado de otorgar las subvenciones al cine. Más aún tratándose de una de las escasas películas que se ruedan en euskera. También el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aseguró que no proporcionó financiación alguna a la producción.

ÓRDENES IGNORADAS

– Enero de 2006. El Gobierno decreta la extinción de las Cámaras de la Propiedad Urbana vascas y fija sus condiciones, con un cambio parcial en ellas en 2007. Ambos decretos llevan las firmas preceptivas del lehendakari, Juan José Ibarretxe, la consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, y el consejero de Vivienda, Javier Madrazo.

– Octubre de 2007. Acaba el inventariao de bienes y en mayo de 2008 lo aprueba Idoia Zenarruzabeitia. Ordena a su vez al director de Patrimonio y Contratación, dependiente de Hacienda, y a los delegados de Javier Madrazo en las Cámaras que procedan a “la inscripción, titulación o ingreso de los bienes y derechos” de estas en favor de la Administración vasca