El Supremo investiga la gestión de EB por un «agujero patrimonial» de 14 millones

Dirigentes de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia denuncian que las irregularidades del proceso de disolución del organismo superan «con creces» las anomalías desveladas hasta ahora. En concreto, subrayan que el proceso de liquidación que ejecutó el Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco -que se desarrolló durante tres años- coincidió con una «brutal descapitalización» de la entidad, que pasó de disponer de un «patrimonio propio de unos 13,8 millones de euros» en 2006 -momento en el que fue intervenida por la consejería que dirigía Javier Madrazo junto a las cámaras guipuzcoana y alavesa- a contar con unas pérdidas que rondaban el medio millón de euros. Es decir, un «desfase contable» que ronda los 14 millones de euros. Los antiguos gestores del organismo han llevado el caso a los tribunales y están a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

La Cámara vizcaína contaba en 2005, a efectos contables, con un patrimonio superior a los 7 millones de euros, según un informe pericial al que ha tenido acceso este periódico. Dentro del apartado de activos figuraban cuentas financieras de unos 6 millones de euros y los edificios que formaban parte de los bienes de la sociedad. Entre estos últimos, figura la histórica sede del organismo, de casi 2.500 metros cuadrados. Situado en pleno centro de Bilbao, la Cámara valoró el inmueble en términos de contabilidad en unos 500.000 euros, pero su valor de mercado puede rondar los 10 millones de euros.

En marzo de 2007, una nueva auditoria elevó el patrimonio conjunto de la sociedad hasta los 8 millones, que se convertían en 17 millones en función de los valores de mercado. El conflicto se desató a la hora de delimitar los bienes propios de la Cámara -que «deberían corresponder al conjunto de los vizcaínos» aunque fuesen gestionados por el Gobierno Vasco una vez liquidada la institución- y los activos que debían pasar automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda general vasca.

El anterior Ejecutivo autonómico estableció que la entidad arrastraba pérdidas en sus fondos propios de 500.000 euros y, en este sentido, decretó que todos los activos -valorados en 15 millones- debían ser transmitidos directamente al Ejecutivo, ya que entendía que habían sido generados a cargo de las cuotas obligatorias que abonaron los ciudadanos. Absolutamente «perplejos» por aquella decisión, los exdirigentes de la Cámara decidieron recurrir a los tribunales. Consideran que 13,8 de esos 17 millones forman parte de los fondos propios generados por el organismo durante su centenaria historia.

A la hora de denunciar la «descapitalización de la entidad», los antiguos gestores protestaron por una serie de gastos realizados entre 2006 y 2007 -cuando el exdelegado de Vivienda Txema Gonzalo estaba al frente de la liquidación- que «no se deberían haber imputado» a las arcas de la Cámara. Entre los mismos citaron pérdidas de 1,5 millones de euros que se produjeron por nuevas contrataciones de personal como la de Jon Alonso, que fue fichado por Gonzalo para ocuparse de la «gestión administrativa» de una entidad teóricamente extinta y en cuya cuenta han aparecido más de 100.000 euros.

También denuncian pagos «injustificados», como los complementos salariales realizados al fondo de pensiones Biharko cuando «ya habían sido abonados antes de la intervención». Y censuran que el informe encargado por Vivienda incluye la sede de la asociación dentro de las propiedades adquiridas con cargo a las aportaciones obligatorias, cuando «fue donado en 1903 por los López de Letona». «Es absolutamente injusto que el resultado de una actuación pública repercuta en el patrimonio de la Cámara», concluyen.