“Ha de ser una prioridad de las instituciones de los Estados promover y garantizar la plena libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión de todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Asimismo, debe respetarse la estricta separación de los Estados respecto de las confesiones religiosas y los particularismos”, afirma el primer artículo de la carta. Los dos siguientes reclaman que los Estados cuiden su independencia respecto a las iglesias y las religiones, rechazando cualquier prohibición o imposición por cuestiones dogmáticas. “Las estructuras cívicas, jurídicas, políticas, culturales y sociales deben organizarse respetando todas las libertades individuales y colectivas asociadas al interés general y al disfrute de los bienes públicos, sin que intereses particulares de carácter dogmático, ya sean religiosos o no, puedan extenderse al conjunto de la ciudadanía.”, se dice en primer término.

También se exige a los Estados que no cedan a presiones de ningún tipo en la puesta en práctica de los adelantos logrados por las investigaciones científicas y tecnológicas “ateniéndose únicamente al marco de las leyes civiles votadas por las instancias democráticamente elegidas y legalmente responsables, siempre que no sean producto de interferencias religiosas o particularismos ideológicos”.

“Las opiniones (o prohibiciones) de tipo religioso no serán tenidas en cuenta por la legislación europea en tanto supongan elementos de discriminación o privilegio alguno en contra de los principios del laicismo. Los Estados también garantizarán la libertad de conciencia para que nadie sea sometido a tratamientos médicos contra su voluntad ni a prácticas innecesarias o degradantes, respetando siempre la voluntad de las persona en su derecho a morir dignamente, legalizando jurídicamente el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido”, se añade.

Numerosos políticos acudieron a la presentación de esta carta por la laicidad, con la ausencia destacada del PSOE y el PP, señalados, sin embargo, durante la lectura del articulado referido a los privilegios de algunas confesiones en muchos Estados europeos. Lo hizo muy severamente Martín Pallín con alusiones concretas a la “evidente confesionalidad católica que se vive en España”. Dice al respecto la carta por la laicidad: “Las instituciones europeas asegurarán su independencia absoluta en relación a las confesiones religiosas, a los cleros y a sus influencias confesionales. Los Estados eliminarán o evitarán todo tipo de Acuerdos o Concordatos con las confesiones religiosas para evitar limitaciones a la libertad de conciencia o interferencias en las leyes cívicas comunes al conjunto de la ciudadanía. Las confesiones no serán financiadas por los Estados. Asimismo, deberá armonizarse el tratamiento fiscal a las entidades religiosas, eliminando todas las exenciones y bonificaciones fiscales de las que se beneficien”.

Entre la decena de artículos de la carta, el cuarto alude a los derechos de las mujeres, muy pertinente y actual, también, al caso de España. Dice: “Se garantizarán, sin ambigüedad, los derechos de las mujeres y la igualdad para participar en la vida política y social. Ninguna limitación debida a especificaciones confesionales, étnicas o de pertenencia a una comunidad o corporación concreta será tenida en cuenta por las leyes europeas o de sus Estados. La libertad de conciencia de las mujeres para ejercer la maternidad o la interrupción del embarazo, en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, se ha de poder ejercer en todos los países europeos de forma libre y dentro del ámbito público. Quedará prohibida cualquier tipo de violencia contra las mujeres y será motivo de desarrollar una campaña en contra a nivel mundial por parte de los países europeos”.