La falta de sanciones contra la homofobia enfrenta entidades y Generalitat

Desde que se aprobó la ley contra la LGTBIfobia sólo una denuncia ha terminado en sanción.

La Ley 11/2014 para erradicar la LGTBIfobia se aprobó en octubre de 2014 con los votos de todos los grupos del Parlament de Catalunya excepto los del PP y los diputados de Unió en los puntos claves. Una de las características de esta normativa pionera en el Estado es que incorporaba un régimen sancionador, dotado de herramientas que debían servir para penalizar las discriminaciones que sufre el colectivo. Pero a día de hoy, dos años y medio después de la aprobación de la ley, sólo se ha producido una única sanción administrativa que se ha saldado con una multa de 300 euros. Las entidades se quejan de que la Generalitat no desarrolla el régimen sancionador, mientras que la administración, por su parte, expone las dificultades de ponerlo en práctica.

Desde octubre de 2014, el Observatorio contra la Homofobia ha hecho llegar a la
Generalitat más de 100 casos de posibles denuncias por agresiones y discriminación hacia el colectivo de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. El Síndic de Greuges, por su parte, hasta el día 31 de diciembre de 2016, había recibido un total de 33 quejas por parte de diferentes entidades y particulares. De todas las que se han transferido a la administración, sea por vía del Observatorio, de otras entidades o de personas físicas que se han personado en la administración, la Dirección General de Igualdad ha iniciado una investigación en 63 casos, que se trataban de denuncias administrativas. También ha recibido de penales y laborales que las ha derivado al departamento u organismo pertinente. Únicamente una única denuncia ha terminado enuna sanción.

Al respecto, la directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, aclara por un lado, que no todas las comunicaciones que les transmiten las entidades pueden ser consideradas como denuncia, por lo que existe este baile de cifras.

“Una denuncia es un documento en el que una persona identificada da conocimiento a la administración de unos hechos con la petición de que abra una investigación para ver si esto es sancionable o no. En general se utiliza el verbo denunciar cómo se podría usar el verbo comunicar o poner en conocimiento”, matiza Mata.

Sobre la escasez de sanciones, concreta que a menudo “las dificultades para aportar alguna prueba documental o testimonial es lo que hace que no puedan acabar en sanción”, porque sin pruebas “es la palabra de uno contra el otro”. “Nuestro sistema judicial es muy garantista, y cuando pasa esto tiende a no hacer sanciones, porque dejaría la presunta parte agresora con indefensión jurídica”.

Denuncia contra Hazte Oír

Uno de los casos que se ha comunicado a la administración y con respecto al cual la entidad Famílies LGTBI se ha personado como denunciante es contra la Plataforma Hazte Oír. La semana pasada volvió a ser noticia después de que hiciera circular un autobús con el lema “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen” como parte de una campaña contra la transexualidad. Pero no es la primera vez que las entidades denuncian a esta asociación utracatólica.

A principio de curso ya comunicaron a la administración que la plataforma había enviado a escuelas de todo el Estado, y a 1.772 centros de Catalunya, un librito titulado ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual y que tenía en la portada un dibujo de dos menores haciendo el saludo fascista en una bandera del arco del iris. A criterio de Katy Pallàs, presidenta de Famílies LGTBI, “el contenido era escalofriante, un panfleto homófobo que atentaba contra los derechos del colectivo”.

Famílies LGTBI presentó entonces una queja formal a la Dirección General de Igualdad, a la Oficina para la no discriminación, a Fiscalía y al Síndic de Greuges. “Desde la Dirección General de Igualdad nos enviaron una carta diciendo que la Generalitat trabajaba de acuerdo con la ley contra la LGTBIfobia para prevenir cualquier discriminación”, continúa Pallàs, “pero en cuanto al ámbito educativo, considero que se ha hecho más bien poco al respecto “.

También el concejal de Políticas LGTBI, de Ripollet, Fran Sánchez, explica que en el
municipio hubo quejas por parte de las AMPAS por este libro y que por eso decidieron remitir el caso a la Generalitat, pero considera que la administración debería haber sancionado la plataforma. “Es una actuación totalmente sancionable”, asegura el concejal, “y si no se ha hecho ha sido por falta de voluntad política”.

Pero por su parte, desde la Dirección General de Igualdad, recuerdan que cuando
recibieron las quejas abrieron un expediente para hacer el seguimiento del caso, “pero los juristas nos dijeron que el infractor era de Madrid y el día 3 de febrero tuvimos que enviarlo allí, que tienen una área LGTBI y una ley contra la LGTBIfobia”, expone la directora general de Igualdad, Mireia Mata. “Es un tema competencial”, concluye.

Desde que se aprobó la ley, la Generalitat ha destinado más de dos millones de euros a implementarla y es por eso que Mata considera “injusto el argumento de que la ley se ha guardado en un cajón o que alguien pueda decir que la administración no hace nada al respecto por falta de voluntad política”.

Bullying homófobo a un niño de nueve años

Otro de los casos que han llegado a la Generalitat es el de un niño de nueve años que había sufrido bullying homófobo por parte de sus compañeros de escuela, que sospechaban que el niño tenía una orientación sexual diferente que ellos. En una carta publicada por El Periódico, el niño explicaba que le molestaba que los otros alumnos se burlaran, que escribieran “cosas feas de mí” y sobre todo “que os riáis de mí”.

Su madre ha accedido a hablar con Públic y recuerda que “llegó un punto que mi hijo estaba con ataques de nervios y de ansiedad, que se escondía en el armario porque no quería ir a clase”. También explica que comunicó a la escuela el malestar del niño en varias ocasiones, de forma verbal y escrita, pero se queja de que no recibió ninguna respuesta. Finalmente tuvo que cambiar al niño de centro “por su propia salud mental”.

La familia, que considera que la gestión de la escuela “fue nefasta”, puso una queja a través del Defensor del Pueblo “y el Síndic ha hecho una resolución a favor nuestro reclamando una serie de medidas que deben tomarse en el centro y que tiene que tomar el Departamento de Enseñanza”, explica,” pero de momento no tenemos constancia de que haya hecho nada”. “Yo busco una sanción ejemplar a la escuela, porque pienso que han actuado muy mal”.

Desde la Generalitat aseguran que el Departamento está trabajando, pero que a pesar de que la familia quiera un castigo ejemplar “porque lo ha pasado muy mal, esto no es lo que corresponde hacer”.

Desde la aprobación de la ley y hasta el pasado julio, cuando se actualizaron los
protocolos a la sanidad pública, una de las denuncias más recurrentes que recibía el Observatorio era la de mujeres sin pareja o parejas de mujeres que habían visto
vulnerado su derecho al acceso a las técnicas de reproducción asistida. Una de las quejas que se remitió a la Generalitat fue la de la Guiomar, que se dirigió a la entidad para denunciar que el Hospital de Sant Pau había denegado su acceso y el de su mujer a estos tratamientos por ser una pareja homosexual.

Se vieron forzadas a seguir el procedimiento por la vía privada “porque no teníamos otra opción y además, nos quedamos destrozadas psicológicamente”. Ahora quieren exigir que se les reembolsen el dinero, ya que “se nos negó un derecho que estaba recogido por la ley”. Además, también quieren denunciar otros obstáculos que han tenido que lidiar por ser una pareja de mujeres lesbianas. “Para registrar nuestra hija en el Registro Civil nos obligaron a ir a las dos y a llevar la firma del consentimiento informado de la Clínica de Reproducción Asistida, si no, no podíamos registrarla”, recuerda Guiomar, “y aparte, en todos los documentos que hemos tenido que llenar ponía siempre ‘nombre de la madre y del padre’ … Tuvimos que tacharlos en todos “.

Reglamento pendiente

A pesar de que las entidades lamenten que en todo este tiempo sólo se haya producido una sanción, porque creen que esto podría convertirse en ejemplificador y prevenir futuros casos de agresiones, Mireia Mata considera que la herramienta sancionadora “es importante pero más accesoria”, sobre todo porque desde su punto de vista “es iluso” pensar que la homofobia se erradicará a golpe de sanción.

Es por ello que la Generalitat pone el acento en “actuar multidisciplinariamente”. “El primero es a través de la educación y formación en la diversidad sexual”. Pero este es justamente uno de los puntos más calientes de la ley. Al respecto, parte de la comunidad LGTBI se ha quejado de que la ley no se ha desplegado al 100% en los centros escolares, pero Mata destaca los pasos que se han llevado a cabo en este sentido, “como el tema de los protocolos de actuación contra el bullying por LGTBIfòbia, que era algo que hasta el curso 2016-2017 no había existido y ahora se ha incorporado a los centros, la formación de inspectores de enseñanza o las charlas de Mossos en los centros de secundaria sobre el tema”.

La no existencia de un reglamento, que debía estar finalizado en el primer año desde la aprobación de la ley, también dificulta, a criterio de las entidades, que se impongan más sanciones. Al respecto, la Generalitat asegura que lo tiene redactado y “muy a punto”, y si bien coincide en que esto hará más ágil el proceso administrativo, también advierte que “lo primero que hay que hacer es concienciar a la gente para que tenga suficiente sangre fría como para recoger testigos o llamar a los Mossos cuando se siente agredida”, porque sin pruebas, “con el reglamento estaremos igual”.