Un juicio por «delito común» impregnado de trasfondo político

Cuando la ujier comenzó a llamar a los convocados, los cuatro encausados se acercaron a la puerta junto a su abogado, si bien se retiraron a una esquina de los pasillos en cuanto confirmaron su presencia. Sin embargo, no pudieron evitar el tenso cruce de miradas con el agredido, que les reconoció enseguida. «Son ellos», aseguró un tanto afectado por los recuerdos que, a buen seguro, afluyeron a su mente.

Al acceder a la sala se escuchó alguna que otra frase como «ahí están los fachas», pero la vista empezó sin mayores contratiempos. En las cuestiones previas, la juez de la Sala de lo Penal nº 5 aceptó varios documen- tos propuestos por Miguel Castells, abogado de la acusación particular, pero rechazó otras peticiones por «innecesarias» o «improcedentes».

En general, la magistrada se mostró bastante estricta en cuanto al procedimiento. Tanto es así que, una vez comenzada la vista, no dejó acceder a nadie a la sala y prohibió a los asistentes abandonarla debido a que el letrado de los acusados no aceptó dicha posibilidad. La juez dejó bien claro que no permitiría que cuestiones de procedimiento como ése provocaran la nulidad del juicio.

«Acojonados»

Una vista cuya celebración tardía fue invocada por la defensa para reclamar, en vano, el sobreseimiento de la causa. Cristian Rivera fue el primero en declarar. El ex militar negó que aquel 13 de enero de 2005 hubieran abordado al agredido tras toparse con él, después de dejar un bar «en el que nos trataron hostilmente cuando se dieron cuenta de nuestra condición de militares». Es más; aseguró que fueron «perseguidos por un grupo de personas» y que su pretensión era «largarse cuanto antes porque estábamos acojonados». No obstante, reconocía que había agredido a Martín porque éste «profirió insultos como txakurra o hijo de puta» contra ellos.

Exculpó a sus compañeros manifestando que Alberto Luengo se acercó para retirarle y que los otros dos -Daniel Carrillo y José Antonio Rodríguez Herrero-, acusados de no actuar para evitar la agresión, no intervinieron en la misma. Las versiones de estos tres acusados coincidieron, globalmente, con la de Rivera.

La fiscal, el abogado de la acusación particular y el que representa a la acusación en nombre de Zutik, Enrique Lertxundi, intentaron conocer la razón por la que, tras los hechos, los encausados, que habían tomado un taxi, no retornaron al cuartel «si tan asustados estaban» y se dividieron en dos grupos al apearse del vehículo. Todos ellos respondieron que tienen «la or- den» de no revelar el destino del cuartel y de bajar en calles de las cercanías.

Para quitar intencionalidad al hecho de que se separasen, el abogado de los paracaidistas adujo que «en su práctica militar funcionan por binomios».

Un lío con las calles

Mikel Martín ofreció una versión bien diferente, según la cual fue abordado violentamente mientras le increpaban diciendo que «seguro que eres de los que apoyan a ETA».

La declaración de un testigo protegido fue coincidente, aunque el desconocimiento del letrado de la defensa de la ciudad donostiarra y las preguntas de la fiscal sobre la exacta ubicación de los protagonistas en las calles casi terminaron por hacerle un lío. No tanto, sin embargo, como para dejar claro que fue una agresión «salvaje». Rondando las tres de la tarde, la juez fijó para el 11 de octubre la siguiente sesión del juicio.