Prostitución y ciudadanía
La legalización y regulación de la prestación de servicios sexuales puede ser deseable, toda vez que las mujeres están mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad. El Estado velaría para evitar situaciones de abusos y coacciones
Si existe un debate difícil, ese es el debate sobre prostitución, en parte por la complejidad del tema, en parte por la marginación y el estigma de las personas que podrían estar más interesadas en el desarrollo del mismo, o también por el desinterés en la existencia de un debate serio de quienes obtienen ingentes beneficios de esta actividad, o, más importante todavía, por la existencia de un poderoso sector de la ciudadanía que podríamos calificar de impecable e implacable. Lo cierto es que en nuestro país todo lo anterior da como resultado una situación de alegalidad e indefensión de un número importante de mujeres. Hay hombres y transexuales también en esta actividad, pero hablar en femenino refleja mucho mejor la realidad. Por supuesto, los indispensables clientes adoptan el papel de ciudadanos irresponsables.
El primer escollo importante en este debate, para muchos insalvable, es el de definir de qué hablamos cuando hablamos de prostitución o, mejor, de qué no hablamos. No hablamos aquí de trata de personas con fines de explotación sexual, ni de esclavitud, ni de ejercicio forzado, ni de tráfico, o de inmigración. Vamos a hablar de prostitución definida como “prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados” (Maqueda). Adoptar una definición como la anterior supone una clara toma de posición.
La posibilidad de un ejercicio voluntario de esta actividad no es admitida pacíficamente. Es cierto que vivimos en una sociedad patriarcal y sexista en la cual las mujeres han ocupado tradicionalmente y todavía ocupan en buena medida posiciones de subordinación con respecto a los varones. Y por tanto no estamos en una sociedad igualitaria. En este contexto, puede ser que cierto tipo de elecciones y de preferencias, en ocasiones, tengan que ver en alguna medida con preferencias adaptativas, es decir, con ese tipo de preferencias que por decirlo de algún modo más coloquial “hacen de la necesidad virtud”. Las personas acaban prefiriendo algo que en un contexto diferente no sería una opción deseable. En este caso, consentir en el ejercicio de una actividad como la prostitución reflejaría los deseos deformados por las condiciones del sexismo cultural y unas determinadas condiciones socioeconómicas. Si llevamos esta posibilidad al extremo, no cabría una presunciónprima facie de que se ha consentido libremente en ninguna relación sexual que podamos identificar con actividades de prostitución.
Sin embargo, hemos de ser conscientes de que si admitimos lo anterior, y puesto que la desigualdad patriarcal permea por completo todas nuestras sociedades y todas nuestras actividades, la conclusión lógica sería que el consentimiento, cualquier consentimiento otorgado por las mujeres, al seguir inmersas en sociedades patriarcales y en situaciones de desigualdad, carecería de valor, pues nunca sería un consentimiento genuino. Si damos este paso, las consecuencias serían devastadoras y completamente indeseables, fundamentalmente para las mujeres, pero también para el resto de la sociedad. Dejaría a las mujeres inermes e incapacitadas para actuar como personas y como ciudadanas.
La prostitución es una actividad mercantil y aunque podríamos calificar a ciertos mercados como mercados nocivos, sin embargo, de tal calificación no se seguiría siempre que un mercado de ese tipo haya de prohibirse, pues en ocasiones esa prohibición intensificaría los problemas que nos han llevado a condenar ese mercado en un primer análisis. En la evaluación de los mercados no hay que olvidar nunca los efectos sobre ricos y pobres, sobre hombres y mujeres, y sobre los más y menos poderosos. Las preguntas pertinentes a la hora de realizar evaluaciones van desde cuestionar en qué medida contribuyen a una mayor igualdad, qué tipo de regulaciones y de límites son deseables y cuál es su relación con una idea de igual ciudadanía. En los análisis acerca de la prostitución, sin dejar de atribuir a esta actividad, tal y como se realiza actualmente, una influencia negativa en la persistencia de la imagen de subordinación de las mujeres y por tanto favorecedora de la desigualdad, aun así, su legalización y su regulación pueden ser deseables, pues las mujeres se encuentran en una posición mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad. Y el poder que pueden lograr las mujeres a partir de una regulación que las tome en consideración y castigue severamente los abusos y las coacciones, contribuiría a que alcancen una situación más simétrica en ese mercado y más igual en la sociedad.
La consideración de la prostitución como un trabajo podría ser una manera de formalizar una actividad ejercida por unas mujeres, que posiblemente no sean las que pueden optar por un abanico de elecciones más amplio, y que al dedicarse a esa actividad van a quedarse desprotegidas y privadas de derechos y por tanto completamente vulnerables. La laboralización de esa actividad es lo que permitiría clarificar de una vez por todas que una prostituta no se vende ella misma, ni renuncia a su dignidad, si tal cosa pudiera hacerse, simplemente vende un servicio. Sin olvidar que el reconocimiento de su actividad como trabajo permitiría a estas mujeres acceder a la ciudadanía con plenitud de derechos, en igualdad de condiciones que los demás trabajadores, acceso que de otro modo se les niega con las implicaciones de marginación y discriminación que conlleva tal negativa. No se trata meramente de despenalizar, sino de regular con una finalidad de proteger, y esto implicaría un tipo de legislación especialmente cuidadoso con la especificidad de la actividad que se aborda. Regular esta actividad tiene que suponer, además, el firme compromiso por parte del Estado de no permitir ninguna situación de coacción y de vigilar y castigar con rigor cualquier violación en este sentido.
Para terminar, nos encontramos actualmente en una situación de regulación de la prostitución por defecto. No hay apenas regulaciones, excepto tímidos intentos municipales, pues las Administraciones no están dispuestas a asumir el coste que supone una regulación frente a la ciudadanía impecable e implacable. Así, el resultado es que ciertos grupos de presión fuertemente organizados van imponiendo sus intereses y logrando una completa impunidad e ingentes ganancias, y en la confusión, a veces interesada, en torno al tema de la prostitución, las mujeres que ejercen esta actividad siguen sometidas a los poderes mafiosos y completamente desprotegidas. Ante la incomodidad del tema, y lo bronco que puede llegar a ser este debate, tenemos que pensar con Rafael del Águila, que “hemos de resistir la tentación de convertirnos en satisfechos ciudadanos (y ciudadanas) implacables o impecables, para arrostrar la más modesta tarea de ser ciudadanos reflexivos a secas. Y no hay ley, regla o derecho que nos exima de esa responsabilidad y de los riesgos que comporta”.
Elena Beltrán es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.
Suscriben el presente texto Alfonso Ruiz Miguel, Antonio Arroyo Gil, Antonio Rovira, Blanca Mendoza, Blanca Rodríguez Chávez, Borja Suarez, Elena García Guitián, Enrique Peñaranda, Esther Gómez Calle, Fernando Martínez, Fernando Molina, Gregorio Tudela, Ignacio Tirado, José Luis López, José Ramón Montero, Juan Antonio Lascuraín, Juan Carlos Bayón, Julián Sauquillo, Laura Beck, Luis Rodriguez Abascal, Manuel Cancio, Manuel Sánchez Reinón, María Moreno, Mario Maraver, Marisa Aparicio, Marta Lorente, Mercedes Pérez Manzano, Pablo de Lora, Pilar Benavente, Pilar Pérez Álvarez, Soledad Torrecuadrada, Susanne Gratius y Yolanda Valdeolivas, profesores de la Facultad de Derecho de la UAM y miembros del Colectivo DeLiberación.