El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha firmado este lunes el proyecto de ley que endurece las penas contra la homosexualidad en su país y que amplía la represión contra gais y lesbianas. A partir de su entrada en vigor, los “actos homosexuales” se castigan con 14 años de cárcel si se demuestra que ha habido una sola relación y hasta con cadena perpetua en el caso de “homosexualidad agravada”, es decir, para quienes mantengan una relación a lo largo del tiempo de manera consentida o si en ella participa un menor, un discapacitado o una persona con sida. Además, a partir de ahora también se considera delito no denunciar a un gay, hacer promoción pública de la homosexualidad o las relaciones sexuales entre mujeres, que no se prohibían en la ley vigente. La activista por los derechos del colectivo LGTB Kasha Jacqueline ha asegurado este lunes: “Ya soy oficialmente criminal por ser lesbiana, según mi presidente”.

La ley antigais de Uganda, así se la conoce, lleva cinco años de debate y tramitación desde que en 2009 la presentara al Parlamento el diputado del partido gubernamental David Bahati y se ha convertido en todo un símbolo de la lucha de los colectivos LGTB y de Derechos Humanos contra la homofobia en África. Durante todo este tiempo incluso ha sido “suavizada” a consecuencia de la presión de organizaciones internacionales y Gobiernos extranjeros, pues incluía la pena de muerte para determinados supuestos, lo que se cambió finalmente por cadena perpetua. Pero dichas presiones no lograron hacer cambiar de idea al final al presidente ugandés que, pese a sus reticencias iniciales, ha acabado por firmar la ley desoyendo, por ejemplo, las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que llegó a asegurar que la nueva norma “podría complicar” las relaciones entre ambos países.

“Los africanos no intentamos imponer nuestros puntos de vista a los demás, si pudieran dejarnos en paz…”, dijo Museveni este lunes durante el acto de firma de un proyecto de ley que se apoya en un informe de científicos ugandeses que concluye que no existe una base genética para la homosexualidad. En vistas de este informe, el presidente Museveni, que previamente había dicho que los gais eran “anormales” y que por eso no estaba de acuerdo en castigarlos de manera severa, asegura haber cambiado de opinión y estar ahora convencido de que la homosexualidad “es una elección llevada a cabo por individuos que pueden intentar influir en otras personas”.

La aprobación de la ley ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre los activistas del colectivo LGTB en Uganda, ya perseguidos social y legalmente, pero que a partir de ahora sufrirán una mayor represión. Kasha Jacqueline Nabagesera, fundadora de Freedom and Roam Uganda y varias veces premiada por su labor en Europa y Estados Unidos, explicó ayer a este periódico que “es muy insultante que adultos conscientes puedan ser considerados criminales solo por amarse”. “Nuestros derechos humanos han sido pisoteados, hemos sido reducidos a ciudadanos de segunda clase. Estamos asustados y preocupados, pero no vamos a dejar de luchar”, añadió.

Miembros del colectivo homosexual ugandés han manifestado en los últimos días su temor a ser denunciados por sus vecinos y conocidos una vez se apruebe esta ley. De manera muy especial los activistas que en los últimos años se han significado en su lucha contra esta nueva normativa se sienten ahora más amenazados que nunca. Kasha Jacqueline Nabagesera no piensa, sin embargo, abandonar el país, lo dijo en Twitter: “Tengo que quedarme con la gente que no tiene esa oportunidad, ahora tenemos que estar más unidos”. “Ahora soy oficialmente una criminal por ser lesbiana, algo sobre lo que no tengo control, según ha dicho Museveni”.

El premio Nobel de la Paz sudafricano Desmond Tutu había asegurado hacía tan solo unas horas que esta ley recuerda la persecución de los nazis contra determinadas minorías o la legislación del régimen del apartheid que “legislaba contra el amor”. Uno de los activistas más conocidos contra esta ley que ahora ve la luz fue David Kato, asesinado en Kampala el 26 de enero de 2011 a martillazos después de que el periódico local Rolling Stone publicara su foto y la de otras 99 personas en un artículo en el que se incitaba a matar a los homosexuales.

Grandes firmas estadounidenses como el gigante tecnológico Apple, la compañía aérea American Airlines y la prestigiosa cadena hotelera Marriott, pidieron hoy a la gobernadora de Arizona que vete una ley que permite a los empresarios acogerse a sus creencias religiosas para negar servicios a los homosexuales.

Las cartas y llamadas de estas tres grandes compañías, que alertaron de las consecuencias negativas de la ley en la economía del estado, son parte de las más de 10.000 comunicaciones que recibió la oficina de la gobernadora republicana Jan Brewer durante el lunes, informó una portavoz de su equipo.

El parlamento estatal de Arizona aprobó la semana pasada esta controvertida ley que, en la práctica, ampara legalmente a los dueños de negocios para que puedan aducir razones de fe si, como ya ha ocurrido en otros estados, sus clientes homosexuales les demandan por haberse negado a atenderles.

Apple, que está a punto de abrir una gran fábrica en Mesa (Arizona) y Marriott, con hoteles en todo el país, advirtieron a la gobernadora del daño que puede hacer a la economía del estado, que lucha por recuperarse tras la recesión, una ley que restringe el acceso de los homosexuales a los servicios.

“La medida tendría un profundo impacto negativo en la industria hotelera de Arizona y en la situación económica general del estado durante los años venideros”, afirmó Marriott en un comunicado.

Por su parte, American Airlines, recordó los duros años de la recesión económica en Arizona y subrayó: “Nuestra economía crece mejor cuando las puertas del comercio están abiertas para todos. Esta ley envía un mensaje equivocado”.

El derecho a objetar y no participar en celebraciones matrimoniales de parejas del mismo sexo sólo lo tienen por el momento en Estados Unidos las autoridades y organizaciones religiosas, pero la medida que está en la agenda de los parlamentos estatales de Arizona, Tennessee y Oregón quiere extenderlo al sector privado.

Esta norma, que ha vuelto a enfrentar a los sectores más conservadores con los defensores de los derechos de los homosexuales, está ahora en manos de Brewer, conocida por sus duras políticas contra los inmigrantes, que tiene hasta el fin de semana para tomar una decisión.

Que la firme o no es todavía una incógnita, puesto que a pesar de su conservadurismo el año pasado vetó una iniciativa similar con el argumento de que no era más que una distracción de las verdaderas prioridades que debía abordar el parlamento del estado, como el presupuesto anual.

La norma no sólo ha despertado el rechazo de los sectores progresistas y de los defensores de los derechos humanos, sino que ha molestado también a numerosos ciudadanos de Arizona, cansados de que su estado esté siempre en el centro de las polémicas más espinosas y temerosos de que se repita una situación similar al boicot que ya sufrieron los empresarios a raíz de la dura y controvertida ley de inmigración que aprobó su parlamento.

Las parejas homosexuales de Estados Unidos pueden casarse en 17 estados y el Distrito de Columbia (donde está la capital, Washington) y en 24 hay demandas pendientes para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

A pesar del progreso en este sentido, sobre todo a partir de una sentencia histórica del Tribunal Supremo el año pasado, en los estados más conservadores se continúan proponiendo o siguen vigentes leyes que limitan los derechos de los homosexuales.

En Alabama, Arizona, Luisiana, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Utah existen normas que prohíben presentar la homosexualidad “como un estilo de vida alternativo y positivo” o enseñar a los jóvenes que “existen métodos seguros para practicar sexo homosexual”.