La prostitución en Barcelona: hacia un escenario de derechos
Las putas también son mujeres, también se organizan, también tienen una voz y por supuesto también tienen derechos, por mucho que a muchos y muchas les incomode”, asegura la concejala de Feminismos del Ayuntamiento de Barcelona
El viernes asistí atónita al inicio de una campaña política contra el Ayuntamiento de Barcelona, una campaña de recogida de firmas de cargos públicos de Catalunya que plantea el rechazo a las políticas de protección de derechos de las trabajadoras del sexo que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Barcelona. Este lanzamiento de campaña, en rueda de prensa, ha sido apoyada presencialmente por la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa y por las alcaldesas Núria Parlon y Lluïsa Moret, de Santa Coloma y Sant Boi de Llobregat respectivamente.
Esta rueda de prensa no ha sido un acto de defensa de las mujeres. Ha sido un acto partidista y cargado de ligereza. El abordaje de esta problemática no puede hacerse sólo desde el escenario de la comodidad; desde el parapeto de la respetabilidad que disfruta el cargo público es sencillo tratar situaciones complejas como si no lo fueran. El problema es el efecto que producen estas iniciativas. Exactamente lo contrario a lo que dicen defender. La brecha entre los problemas reales de la ciudadanía y las instituciones ha quedado patente el viernes, y lo peor es que, lejos de defender los derechos de las mujeres, ha generado aún más subalternidad y sustrae la dignidad de todo un colectivo, como ellas mismas afirmaban en un comunicado de la Asamblea Pro Derechos Trabajo Sexual de Cataluña.
Nos preocupa el uso estratégico de los derechos de las mujeres por parte de algunos partidos políticos que se han caracterizado precisamente por negar la voz de muchas de estas por el solo hecho de dedicarse profesionalmente al trabajo sexual. Las putas también son mujeres, también se organizan, también tienen una voz y por supuesto, también tienen derechos, por mucho que a muchos y muchas les incomode. Barcelona cuenta con un movimiento de putas feministas potente que ha sido invisibilizado, infantilizado y despreciado históricamente. Para nosotros, sin embargo, son actores imprescindibles a la hora de diseñar estrategias de empoderamiento de las mujeres, y sobre todo, son aliadas firmes en la lucha contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual. El argumento persistente de que cualquier estrategia que implique el reconocimiento de los y las trabajadoras sexuales es una forma de normalización de la trata es inaceptable. Barcelona, y todos los gobiernos, deben tener políticas firmes contra la trata y el tráfico pero nunca a costa de los derechos de las mujeres.
De la mano de estas políticas contra la trata hay que apostar pues por los derechos de las que ejercen voluntariamente. En Barcelona hemos aprobado una propuesta para garantizar espacios de trabajo dignos, con condiciones sanitarias y de seguridad y con conexión con los servicios municipales. También estamos facilitando procesos de escucha activa donde las propias trabajadoras sexuales recojan sus necesidades y demandas y las expongan a las instituciones. Asimismo estamos financiando nuevos proyectos para garantizar a todas aquellas que quieran salir de la prostitución itinerarios de empleo no estigmatizadores, y que realmente permitan un cambio cuando así lo decidan.
Estas actuaciones, de forma añadida, deben ir de la mano de políticas que luchen contra la feminización de la pobreza, y desde el gobierno de Barcelona estamos diseñando una estrategia específica con este objetivo. Estas políticas sin embargo, más de fondo, suelen quedar en un segundo plano en el debate sobre la prostitución y en especial en el discurso de quien criminaliza a las mujeres que, sin demasiadas alternativas laborales, deciden prostituirse.
Quiero pedir en este sentido más consistencia y exactitud en los discursos. El nivel municipal no tiene competencias para regular la prostitución otorgando derechos laborales, ni para abolirla. Ahora bien, lo que sí tenemos es la obligación y la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que la ejercen, de respetar las decisiones de las mujeres, de ofrecer alternativas, y de luchar en coordinación con el resto de administraciones y de actores judiciales y sociales contra la trata con fines de explotación sexual.
En este sentido, creemos que debemos sumar entre todas las fuerzas políticas para poner en marcha medidas estructurales y de cambio que al final reviertan en la defensa de los derechos de las mujeres.