El (largo) camino hacia la despatologización de las personas trans

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Artículo publicado en La Marea 43, a la venta en quioscos y aquí.

“Nos tratan como a personas enfermas cuando no lo estamos”. Guillem Montoro es contundente cuando relata su experiencia en el sistema sanitario. “Nos encontramos con profesionales que tienen una visión de la transexualidad como trastorno y utilizan términos que cuestionan el libre desarrollo de nuestra personalidad”, explica. En 1980, la transexualidad fue catalogada como un trastorno mental para la Asociación Americana de Psiquiatras. Aunque en 2013 cambiaron esta definición de su manual, el DSM-5, continúan refiriéndose a ella como “disforia de género”.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue siendo una enfermedad mental. Este hecho, que se plasma en la atención sanitaria que recibe el colectivo y en la legislación actual, es una de las batallas diarias a las que hacen frente quienes no se identifican con el sexo y la identidad de género que les asignaron al nacer. La ley estatal de Identidad de Género aprobada en marzo de 2007 obliga a contar con un diagnóstico de “disforia de género” y al tratamiento correspondiente con el fin de “acomodar sus características físicas a aquellas del sexo reclamado” para poder llevar a cabo el cambio de sexo y nombre en el registro civil, una norma que además excluye a los menores. Para Montoro, esta disposición “patologiza a las personas trans”, una idea que comparte Ares Piñeiro, sexólogo y responsable del grupo de políticas transexuales de la asociación FELGTB: “La medicina sólo acepta como válida la palabra de un psiquiatra y no la nuestra a la hora de expresar nuestra identidad”.

La Conselleria de Salut catalana acaba de anunciar un modelo, sin precedente en Europa, que pone fin a la exigencia de este diagnóstico psiquiátrico y se articulará a través de la atención primaria y comunitaria con la Unidad Trànsit. “La transexualidad es una condición y no una enfermedad, como tampoco lo es la homosexualidad o la bisexualidad”, afirmó el conseller de Salut, Antoni Comín.  El Trànsit aboga por el acompañamiento y la autonomía de quienes acuden. La plataforma TRANSforma la Salut se basaba en ese modelo para la propuesta que presentó a la Generalitat. Sin embargo, en la página web de la Unidad de Identidad de Género del Clínic, aún se puede leer lo siguiente: “La transexualidad o transtorno de identidad de género son palabras sinónimas y se utilizan para describir malestar grave o disforia con el sexo de nacimiento”. Y avisan de que los cambios quirúrgicos son irreversibles.

Como consecuencia de esta consideración, Montoro señala, además, que los tiempos de espera pueden llegar a ser “desmesurados”. “Se trata de un proceso psicológico de un mínimo de seis meses. Después, para tener acceso al endocrino, tienes que esperar 3 o 5 meses más. Estamos hablando de prácticamente un año desde que acudes a la primera cita psicológica hasta que accedes a las hormonas. Esto puede llegar a ser lo más duro para algunos jóvenes”, lamenta. Por ello ha iniciado una campaña de microfinanciacion para lograr la financiación necesaria para realizarse una mastectomía: “Pero también para sensibilizar a la sociedad de nuestra realidad y hacerle ver que no somos bichos raros”. Además, “las listas en la Seguridad Social son eternas y los resultados nefastos, ya que no hay profesionales especializados en masculinizaciones de tórax”.

Menores trans: segregados e invisibles

La situación de menores transexuales no es muy diferente. Para Natalia Aventín, presidenta de laAsociación de Familias Transexuales Chrysallis y madre de Patrick, un niño trans, “en el tema sanitario hay una clara segregación: ante ciertos tratamientos, el ser una persona transexual o no serlo lo determina todo”. De este modo, hace referencia a los bloqueadores hormonales, que retrasan la aparición de caracteres sexuales secundarios y a los que también recurren algunas niñas cisexuales, es decir, no transexuales, “con una pubertad precoz, con el objetivo, por ejemplo, de que puedan llegar a crecer más”, explica. Aunque esta práctica está normalizada, “a la persona trans la cuestionan, la patologizan y la obligan a ir a una unidad especial donde ni siquiera es atendida por pediatras”.

Aventín señala en este procedimiento una vulneración de derechos como el del libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la dignidad humana: “¿Cómo vas a vivir con autonomía si dependes de que alguien te dé un tratamiento o te permita cambiar tu nombre?”.  El otro núcleo importante de las reivindicaciones de las casi 400 familias que forman parte de Chrysallis se centra en las escuelas, donde son frecuentes las denuncias por casos de discriminación y acoso a los menores. Según Aventín, “hay realidades que permanecen invisibles en el temario educativo”, donde se representa un sistema binario “en el que los hombres tienen pene y las mujeres vulva sin contemplar que los genitales no son condicionantes para definir tu identidad”. No obstante, el colectivo ha elaborado una lista de colegios transfriendly, entre los que se encuentran aquellos centros en los que se ha mostrado una actitud positiva en el momento de tránsito de niños y niñas.

Hacia una Ley Integral de Transexualidad

El Parlamento de Navarra registró en 2009 la proposición de ley de Nafarroa Bai para el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Se trataba de la primera de estas características en España. Años más tarde, en 2014, Andalucía se convirtió en pionera al aprobar una ley integral que incluía el derecho a la autodeterminación de género. Además, con la despatologización como uno de los puntos claves de la norma, retiraba la obligación de someterse a procedimientos médicos y exámenes psicológicos. Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), se refiere a esta ley como “un ejercicio de empoderamiento de los colectivos de personas trans”.

De esta forma, se eliminó la Unidad de Trastorno de Identidad de Género (UTIG), que Cambrollé define como “un modelo que segregaba y patologizaba”. Dicha ley ha inspirado a otras comunidades. Madridaprobó una norma similar el pasado marzo y en Valencia esperan la aprobación en las Cortes del anteproyecto presentado por PSOE y Compromís, hoy socios de Gobierno.

Son algunos pasos hacia la despatologización de la transexualidad y la consecución de una norma estatal integral “que acabe con los requisitos médicos y sea inclusiva para los menores”, reclama Cambrollé. “La OMS ha condicionado el modelo de salud a nivel mundial. ¿Es importante que la OMS despatologice? Sí. Pero, ¿es determinante para que en mi Estado no se haga? No”, concluye.

Dos leyes contra la LGTBIfobia en Andalucía

Un punto de la ley que acaba de presentar Podemos en el Parlamento andaluz ha generado el rechazo del PSOE, que ha presentado otra ley similar. El apartado dice: “Ante la negativa de los padres o tutores a autorizar los tratamientos [para el bloqueo hormonal], el personal sanitario atenderá al interés superior del menor a su salud en sentido amplio, entre tanto no reciban orden judicial en contra”.