EL MUNDO:La muerte de una transexual mina la amistad entre EEUU y Filipinas
Un marine mató a Jennifer Laude al comprobar que no nació chica sino chico
Tras un mes de maniobras, horas antes de regresar a EEUU, el marine soldado Joseph Scott Pemberton consideró que tenía derecho a divertirse. Salió a tomar copas en Olongapo, conoció a una chica filipina, Jennifer Laude, se la llevó a un motel y allí descubrió que Jenny había nacido como Jeffrey. La golpeó y estranguló hasta matarla. Según la autopsia, Laude presentaba contusiones en pecho, brazos, piernas y cuero cabelludo; cortes en cabeza, cuello y lengua y marcas en ojos y mejillas. Según el forense filipino Tyrone Tecson, fue “un crimen de odio” resultado de un “servicio sexual que resultó mal” cuando el soldado “descubrió que su pareja sexual era gay [sic]”. El cadáver fue hallado con la cabeza en el retrete.
El asesinato, acontecido el día 11, no ha conmocionado tanto a la sociedad filipina como el hecho de que Pemberton no haya comparecido ante las autoridades locales sino que permanezca en el USS Peleliu, el navío de guerra en el que llegó al país: el único barco que aún no ha zarpado de regreso. Según sus mandos, ya ha sido interrogado por estadounidense y “lamenta mucho lo sucedido”. Y, en virtud de los Acuerdos de las Fuerzas Visitantes y del Acuerdo Mejorado de Cooperación Militar, suscrito en abril, Pemberton podría no tener que volver a pisar tierra filipina, dado que los tratados implican que el personal norteamericano que cometa crímenes en Filipinas quede bajo custodia estadounidense.
El crimen de Jennifer ha resucitado el resquemor de la sociedad hacia la presencia norteamericana en Filipinas y ha endurecido el tono de la oposición. En las manifestaciones frente a la Embajada de Washington en Manila, colectivos sociales queman banderas estadounidenses y corean consignas como “Fuera tropas USA” o “No queremos bases USA en Filipinas”.
Corky Maranan, responsable del colectivo LGBT Kapederasyon [una de las organizaciones convocantes], denota determinación e indignación en su conversación con EL MUNDO desde Manila. “No sabemos dónde está siendo recluido, puede que esté confinado en su habitación y no en una celda. Es posible que no esté siendo tratado como un criminal. Sólo pedimos que quede bajo custodia filipina. Creemos que, dado que ha confesado, EEUU debe entregarlo en lugar de mantenerle en un barco norteamericano”.
La oposición está sirviéndose del caso para atacar al Gobierno. El representante del Partido Kabataan Terry Ridon acusa al presidente Benigno Aquino III de “esconderse cobardemente tras sus portavoces y carecer del valor para denunciar un crimen tan brutal” y pide su dimisión por “no garantizar la soberanía de Filipinas”. “Aquino debe temer ofender a Washington, es la única razón plausible por la que no ha comparecido aún. Es una acción deplorable y antipatriótica, un insulto a los filipinos y a la familia en duelo”.
“Creen que son intocables y que el tratado suscrito con Filipinas les concede impunidad, y eso es lo injusto”, prosigue la responsable de Kapederasyon. “¿Cómo puede nuestro Gobierno firmar un acuerdo que deja a su población en una posición tan vulnerable? El acuerdo mejorado que Aquino ha firmado ¿nos protege o nos deja expuestos a la voluntad norteamericana?”, se interroga Maranan.
El caso empañan una relación militar que data desde 1999, cuando se suscribió el controvertido Acuerdo de Fuerzas Visitantes, que permite a las fuerzas norteamericanas llevar a cabo ejercicios militares de gran envergadura en territorio filipino. Según el jefe del Estado Mayor filipino, Gregorio Pio Catapang, el incidente destruye la imagen positiva de los ejercicios militares pero “no afectará nuestra relación” con Washington.
La presión ha llevado a Manila a enviar una citación judicial con el nombre de Pemberton y de cuatro marines que fueron testigos de su encuentro con Jennifer. En la mente de todos persiste el precedente de la violación de una joven filipina, en 2005, a manos del cabo norteamericano Daniel Smith en un coche: uno de sus compañeros grabó el crimen con su móvil. “Fue juzgado después del crimen y condenado en Filipinas. Sólo estuvo dos semanas: acosaron a la víctima, la corrompieron, le facilitaron un visado norteamericano y presionaron hasta que ella cambió su declaración y fue liberado: su caso fue anulado”, recuerda Maranan. “No queremos que esto vuelva a ocurrir. Ese hombre ha cometido un crimen en territorio filipino, su víctima es filipina, así que queremos que el Gobierno filipino presione a EEUU y el criminal pague en nuestro país“.