EL PAIS: Obama amplía los beneficios laborales para las parejas homosexuales
El presidente encarga modificar la ley que permitirá a parejas del mismo sexo pedir bajas médicas
La Administración Obama dio este viernes un paso más para ampliar los beneficios a los que tienen acceso las parejas homosexuales en Estados Unidos. La legislación que reconoce el derecho a las bajas laborales por enfermedad de un familiar será ampliada para que ampare a los cónyuges homosexuales. El presidente cumple así con su promesa de modificar las regulaciones afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo del año pasado, cuando la máxima instancia judicial del país respaldó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La revisión de la ley de Baja Médica y Familiar, permitirá que todas las parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio podrán beneficiarse de ella, independientemente de si están casados en un Estado que reconozca estas uniones o no. La normativa está limitada a empleados públicos y el Gobierno no ha especificado a cuántas personas afectará en este momento.
“La premisa básica de esta ley es que nadie debería tener que elegir entre su éxito profesional y cuidar de su familia”, defendió el secretario de Trabajo, Tom Perez. “Bajo esta revisión, la ley se aplicará por igual a todas las familias, permitiendo a los miembros de matrimonios homosexuales que ejerzan sus derechos y cumplan con sus responsabilidades familiares”.
Desde la histórica decisión del Supremo, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia, se comprometieron a revisar las más de 1000 leyes federales condicionadas por la ley de Defensa del Matrimonio, que desde 1996 lo definía como la unión entre un hombre y una mujer. Aquella ley fue declarada inconstitucional por el Supremo en junio de 2013, y un año después la Administración Obama está lista para modificar, una por una, las normativas que limiten los derechos de los homosexuales.
El matrimonio homosexual está legalizado en 19 Estados y en la capital, el Distrito de Columbia. La sentencia del Supremo en el caso Windsor del año pasado llegó después de un importante cambio de corriente en la opinión pública estadounidense a favor de los derechos de los homosexuales. Los dos factores, junto con el respaldo de la Administración Obama -que argumentó contra la DOMA y contra la Proposición 8 de California ante el Supremo- han contribuido a que en los últimos meses fueran anuladas, una a una, normativas similares a nivel estatal.
La modificación de esta ley laborales un ejemplo del complejo entramado legal que debe superar cualquiera de estas normativas antes de que puedan tener efecto en la vida de los ciudadanos afectados. La labor conjunta entre el Departamento de Trabajo y el de Justicia tendrá consecuencias también para el de Defensa, Inmigración o incluso el sistema de impuestos.
A partir de ahora, las parejas homosexuales casadas que pertenezcan al Ejército tendrán los mismos derechos que las heterosexuales. En el caso de los empleados públicos, podrán compartir pólizas médicas, seguros de vida y pensiones. Las leyes de inmigración deberán extender los mismos beneficios a las parejas homosexuales y éstas también podrán declarar sus impuestos de manera conjunta.
Sin embargo, la decisión de Justicia no afectará a algunas provisiones del Departamento de Veteranos o del sistema de impuestos, por lo que se espera que la Casa Blanca presente una petición al Congreso para que extienda el reconocimiento de estos derechos a través de una nueva legislación. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró en un comunicado este viernes que los homosexuales “no deberían tener que esperar a los tribunales” para contar con los mismos derechos y que la decisión de Obama acercan al país “a ese día en el que todas las familias estadounidenses sean iguales ante la ley”.
La decisión de la Casa Blanca llega apenas unos días después de que la Administración revelara que está preparando una orden ejecutiva para prohibir la discriminación contra los homosexuales en el ámbito laboral. Hasta ahora, la legislación establece protecciones por razones de sexo, raza y religión, pero no en el caso de la orientación sexual.