EL PAIS: Un sacerdote recurre al secreto de confesión para evitar declarar en un juicio

El caso de la presunta discriminación contra un profesor homosexual, al que un colegio religioso de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no le renovó el contrato, se debía haber analizado este miércoles en el Juzgado 3 de lo Social de Jerez. Pero la incomparecencia de uno de los testigos ha hecho que la juez aplace la vista hasta finales de mayo. El testigo que no ha acudido es un sacerdote de Sanlúcar, que colabora en las labores pastorales con el colegio demandado, el Calasancio Hijas de la Divina Pastora. El cura ha argumentado que, si declara, podría incumplir el secreto de confesión.

El docente ha demandado al centro, que está en régimen de concierto con la Junta de Andalucía, por vulneración de los derechos fundamentales. Argumenta que cuando se le terminó el contrato de relevo por jubilación parcial de una maestra, no fue contratado como el resto de sus compañeros debido a su orientación sexual. Para sostener esta acusación, sus abogados han presentado grabaciones que hizo el profesor de charlas con personas responsables del centro o vinculadas al colegio.

Entre esas cintas está un fragmento de unos dos minutos y medio de una conversación entre el docente y el cura que se ha negado a acudir este miércoles a la vista pese a ser citado como testigo.

El sacerdote presentó un escrito en el juzgado el 18 de febrero en el que pedía que fuera “eximido de su declaración”. Sostenía que recibió al profesor porque este le pidió que le confesara y que, por lo tanto, todo el contenido de la conversación está “sellado por el secreto de la confesión”. Pero el docente niega que la charla formara parte de ese sacramento.

El sacerdote argumentó en su escrito que podía incurrir en el “delito de divulgación de secreto” y que estaría incumpliendo “gravemente sus deberes como ministro sagrado de la Iglesia”, algo que podría considerarse un “delito de revelación del secreto de confesión, con la pena aneja y automática de excomunión”. Tres días después, la magistrada Gloria Martín-Moreno, encargada del caso, respondió a través de una providencia que sería durante el juicio que debía celebrarse este miércoles cuando se resolvería “sobre la pertinencia, utilidad y en su caso licitud de las pruebas”. Pero el religioso no ha acudido a la vista.

Tras la suspensión del juicio por este motivo, el abogado Ginés Zamora, que defiende los intereses del docente que ha demandado al centro, ha pedido a la magistrada que vuelva a citar al sacerdote, pero con “apercibimiento de delito de desobediencia”. Es decir, que se avise al párroco de que incurriría en un delito si vuelve a rechazar ir al juzgado.

José Martín Ostos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla, considera “sorprendente” este caso. Recuerda que las leyes de enjuiciamiento criminal y civil recogen la posibilidad de que curas y ministros de otras religiones no tengan que declarar. En el caso del sacerdote sanluqueño, la norma de aplicación sería la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 371 se refiere a las personas que tienen “deber de guardar secreto”. Y se incluye a aquellos que “por su estado o profesión” tengan “el deber de guardar secreto respecto de hechos por los que se le interrogue”. Pero, para que puedan acogerse, hace falta que el juez dicte una providencia en la que se le reconozca esta posibilidad, algo que no ha ocurrido con el cura de Sanlúcar.

Lo que más llama la atención de este caso a Martín Ostos es la discrepancia entre el profesor y el sacerdote sobre si aquella charla era o no una confesión. “Él afirma que no era una confesión, entonces, ¿qué predomina? Normalmente, no hay discrepancia entre confesante y confesor. Lo normal es el acuerdo”, añade. Este experto sostiene que deberá ser el magistrado el que resuelva esta complicada situación.

En la cinta presentada como prueba por el docente, el sacerdote insinúa que su no renovación se ha debido las presiones de algunas familias conservadoras con hijos en el centro. En otra grabación realizada por el profesor a finales de 2010, una responsable del colegio también apunta a los problemas que podrían surgir con algunos padres al hacerse pública su homosexualidad.

Pese a estas grabaciones, la Inspección educativa ha enviado un informe al juzgado en el que se señala que no se aprecia discriminación. Según el abogado Ginés Zamora, la Inspección ha considerado que las cintas atentan contra el derecho a la intimidad y por eso no las ha tenido en cuenta en su informe.