El obispado de Alcalá también hace terapias homófobas con menores: “Si hubiera seguido allí, me habría suicidado”

El obispado de Alcalá celebra pseudoterapias para revertir la homosexualidad y no pone barreras siquiera para menores de edad. eldiario.es ha podido confirmar la asistencia de varios menores, con el conocimiento de sus padres, en Alcalá y Murcia, en la época en la que Reig Pla era obispo allí. Según alertan en el Consejo General de Psicología de España se trata de sesiones anticientíficas, peligrosas y que dejan secuelas.

Es el caso de Samuel -nombre falso porque prefiere no dar el suyo-, que empezó a asistir a los cursos cuando era menor de edad. Tenía 13 años el día que tuvo su primera sesión, a la que acudió por la presión de su entorno. “Me convencieron para ir. Me dijeron que mi orientación suponía un problema para mí y para mi familia”. En aquella sesión le dijeron que era un error lo que estaba haciendo y que tenía que ponerle remedio. “Como mi familia es para mí tan importante decidí ir a la terapia para curarme”, explica a eldiario.es.

Su asistencia a esta terapia se prolongó durante más de tres años y aquello le generó un trauma del que todavía tiene secuelas hoy, con apenas 20 años. “Yo estaba mal, me hundía más, me sentía como una mierda”. Pronto empezó a pensar que querían lavarle el cerebro. “Notaba que me estaban quitando la forma de pensar y de sentir”, recuerda. Samuel ha tenido que ir a terapia psicológica para poder superar la depresión en la que cayó tras sus encuentros en el obispado. “Si hubiera seguido allí me hubiera suicidado”. Decidió salir porque no aguantaba más, porque la presión le estaba afectando demasiado, según relata.

En el caso de los menores, las posibles responsabilidades aumentan, ya que están protegidos por la Ley Orgánica de Protección del Menor. Establece que los padres, tutores y poderes públicos, deben respetar los derechos de los menores de posibles ataques de terceros. El artículo de la norma expone que “tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo” y que los padres o tutores velarán porque la información que reciban los menores “sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales”. Si estas terapias provocan algún tipo de secuela psicológica, tanto los tutores como quienes han impartido las sesiones podrían ser considerados responsables del daño provocado, según expertos consultados. También cualquier institución que lo hubiera amparado.

Además de las sesiones de psicoterapia, parte del tratamiento de Samuel tenía un fuerte componente religioso. “Cuando terminábamos íbamos a una capilla, leíamos la Biblia y la terapeuta nos hacía rezar. Nos hacía arrodillarnos delante de un sagrario y nos imponía las manos en los hombros y en la cabeza, a mí y a la persona mayor de edad que me acompañaba”. Íñigo (también prefiere un nombre falso) cree que tuvo suerte, porque muy pronto se dio cuenta de que no quería seguir “No quise aceptar lo que me decían, me contaban que estaba buscando una relación de abuso. Tengo un amigo que empezó a ir a esta terapia y ha acabado por distanciarse de todos nosotros”, se lamenta.

Álvaro (en este caso es su nombre verdadero) estuvo acudiendo a terapia en 2008, también cuando era menor de edad. Sus sesiones tuvieron lugar en el Centro de Orientación Familiar de Murcia. En ese momento, Reig Pla era el Obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia y, por tanto, el centro también era responsabilidad suya. “Me dijeron que tenía que curarme sí o sí”, cuenta por teléfono a eldiario.es. “Fueron mis padres los que me llevaron. Un cura amigo suyo les comentó que podían tratarme para cambiar mi orientación”. La terapeuta, según cuenta Álvaro era itinerante, y no recuerda su nombre ni si era la misma B. V. de Alcalá, que estuvo con Reig Pla en Murcia. Álvaro se siente feliz por haber logrado salir de las terapias. “La relación con mis padres es ahora muy buena. Se llevan muy bien con mi marido, le tratan como a un hijo”, sentencia.

Íñigo fue a terapia en Alcalá hace dos años y explica que asistió casi por casualidad. “Yo no fui por mi orientación sexual, quería ver a un psicólogo y no podía permitírmelo”. Así entró en los cursos del obispado. Según cuenta, pensaron que sus formas eran amaneradas y trataron de convencerle de que tenía que dejar de ser gay. “En ese momento yo estaba confuso, no sabía si era o no homosexual”. Su terapeuta, B. V., es la misma persona que atendió al periodista de eldiario.es. Íñigo acudía a las sesiones cada dos semanas para tratar de reparar su masculinidad, según esta teoría. “Me dijeron que era inseguro, que no tenía confianza en mí mismo y que mi dinámica familiar no era sana”. Le ofrecieron asistir a una terapia de grupo, pero se negó. “No quería ir a terapia por miedo a que otra gente pensase que era gay”. Sus secuelas, aunque no psicológicas, también han condicionado su vida. “Siempre que empiezo a conocer a un chico me pregunto si la relación es sana o si la otra persona quiere aprovecharse de mí. Además, soy incapaz de decir la palabra gay”, relata a eldiario.es

“Me preguntaron qué clase de porno veía”

Samuel tampoco quiso ir a las terapias de grupo, porque le daba vergüenza compartir su experiencia. “Me dijeron que me vendría bien ver a personas que ya estaban sanadas para comprobar que no me iba a pasar nada malo y que me podía curar”. Le plantearon ir a terapias de pareja, con más gente gay y con chicas lesbianas, pero se negó porque no quería que la terapeuta le hiciera en público las mismas preguntas que le hacía en privado. “Si veía porno, si me masturbaba, qué clase de porno veía o el tipo de chicos que me gustaban”. Fue un religioso quien le instó a acudir a la terapia, también por considerar que su actitud era afeminada. “Un cura me dijo que había cosas en mí que no eran normales. Mi forma de hablar, de andar, mi forma de ser… Me dijo que yo era gay y que lo tenía que solucionar”. Le explicaron que las terapias las impartía una amiga del obispo y que servían para encontrar tu masculinidad. Esta supuesta terapeuta también era B. V.

A ambos les dijeron que tenían que reparar su masculinidad herida. Las heridas, como detalla la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, son la causa de la homosexualidad según estos materiales. “Al final lo que están diciendo es que los homosexuales no son hombres completos. Si eres inseguro, estás buscando esa seguridad acostándote con otros chicos”, explica Íñigo. Los dos también recibieron multitud de documentos  que explicaban que la vida gay era un camino equivocado alejado de la masculinidad. “Tú eres un varón con masculinidad, esta es tu real y verdadera identidad, pues esta es la forma en la que tu ser se manifiesta en el mundo, y aunque ésta no haya madurado lo suficiente, sin embargo siempre es tiempo de madurarla, y mucho más a tu edad.

La gruesa línea que une al obispo de Alcalá con Santiago Abascal y la asociación homófoba HazteOír

Santiago Abascal, el obispo de Alcalá e Ignacio Arsuaga (dcha) en la gala de premios HazteOir 2012 CONTANDO ESTRELAS

El 4 de diciembre de 2012, la asociación ultracatólica HazteOír (conocida por sus postulados homófobos y los autobuses tránsfobos) concedía al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, su premio anual por su “defensa de la dignidad humana” y como una de las voces “más libres y contundentes sobre la verdad de la familia”. Un galardón que llegaba pocos meses después de la polémica homilía de Viernes Santo, retransmitida por La2, en la que el prelado arremetía contra los homosexuales que “encuentran el infierno”.

Poco después, Reig recibía el galardón de manos del presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga, en una gala a la que acudieron, entre otros, el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, y el hoy presidente de Vox, Santiago Abascal. La relación entre el sector de la Iglesia donde se adscribe Reig, la plataforma HazteOír, presidida por Ignacio Arsuaga, y la extrema derecha política viene de lejos.

En concreto, de 2007, cuando la Iglesia de Madrid, liderada por el cardenal Rouco Varela, anunció una convocatoria por la “dignidad de las familias” que, con el tiempo, acabó convirténdose en un mítin anual contra las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero.

El cardenal Rouco nombró responsable de las jornadas al obispo de Alcalá, y éste hizo un llamamiento a todas las asociaciones de familia y movimientos de la Iglesia católica, que respondieron en masa, especialmente los ultracatólicos kikos, los Legionarios de Cristo y, en menor medida, el Opus Dei.

Durante ocho años, y hasta la llegada de Carlos Osoro (hombre del papa Francisco) al arzobispado de Madrid, las manifestaciones por la familia cristiana fueron un clásico de fin de año en Madrid, siempre bajo el auspicio de Reig Pla y con el beneplácito de Kiko Argüello. El iniciador del Camino Neocatecumenal se encargó de llenar, cada año, las plazas de Colón y Lima, con el apoyo de otros grupos pro familia, como el Instituto de Política Familiar (dirigido por Eduardo Hertfelder, a quien distintas investigaciones colocan como uno de los líderes de El Yunque); el Foro de la Familia; o HazteOír y sus organizaciones aledañas (Derecho A vivir o Abogados Cristianos, la plataforma que ha denunciado recientemente una obra de teatro)

Tras el éxito de las primeras convocatorias, Reig y Rouco dieron un paso más, y con la colaboración de Arsuaga y varios políticos del PP -entre ellos, Santiago Abascal, que aún no había abandonado la formación- urdieron la convocatoria de una gran manifestación contra la aprobación del matrimonio igualitario. Por primera vez en la historia de la democracia, más de media docena de obispos (capitaneados por Rouco) acudían a una manifestación, que tuvo continuidad varios meses después con otra concentración en contra de Educación para la Ciudadanía. Como confesaban varios ministros de la época, durante la primera legislatura de Zapatero “la Iglesia fue la verdadera oposición al Gobierno”.

Acumulación de poder

Avivados por el éxito de las convocatorias, la capacidad de maniobra de HazteOír se fue incrementando, hasta el punto de provocar una quiebra en el movimiento pro familia católico. Instituciones como el Foro de la Familia llegó a quejarse del excesivo protagonismo de la organización de Arsuaga, y algunos obispos comenzaron a recibir un informe que cuestionaba los valores cristianos de HazteOír, así como su vinculación con la sociedad secreta ultracatólica El Yunque.

En 2011, un documento interno de la Conferencia Episcopal instaba a los obispos a pedir a los responsables de HazteOír que se desvincularan de su pertenencia a una sociedad secreta, y diócesis como Toledo o Getafe (posteriormente, también Madrid) impidieron que la asociación de Arsuaga utilizara sedes parroquiales o diocesanas para sus intervenciones. Uno de los obispos que defendió, con uñas y dientes, a HazteOír, fue Reig Pla. Después, fue premiado por la asociación en una gala en la que también homenajeado Santiago Abascal, en 2012, por “su elocuente y tenaz compromiso con la libertad de los españoles frente al terrorismo y el separatismo” y su labor al frente de Denaes y “por su difusión de los valores de un patriotismo desacomplejado”.

Desde entonces, y hasta ahora, los vínculos entre los grupos ultracatólicos y algunos obispos se han ido afianzando, y la aparición de Vox hizo que estos sectores vieran en la formación de Santiago Abascal -bendecido y apoyado por HazteOír– el tan ansiado partido católico que defendiera las esencias del catolicismo que venían auspiciando desde hacía décadas. Un catolicismo contra la “ideología de género”, por la “familia tradicional” y la “educación diferenciada”, un partido que guardara las esencias de la unidad de España, que los obispos calificaron en su día como “un bien moral”.

Un partido que, sin embargo, no tenía cantera. Ahí es donde entran algunos grupos ultracatólicos, especialmente el Camino Neocatecumenal -aunque también existe una importante presencia de miembros del Opus Dei-, en Vox. Como ejemplo, el juez Serrano, número 1 de Vox en Andalucía y miembro del Camino Neocatecumenal. O Lourdes Méndez, miembro del Opus Dei, que durante décadas perteneció al PP (fue su portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso), y que hoy forma parte de la formación de Abascal. O como el exgeneral Rossety, número 1 de Vox por Cádiz y que todavía hoy es delegado diocesano de Fundaciones de la diócesis de Cádiz-Ceuta, dirigida por Rafael Zornoza (uno de los grandes apoyos de Reig Pla en el Episcopado).

Una pareja de lesbianas planta cara a Vox en Valladolid y convierte su beso en un símbolo contra la homofobia

No es la primera vez que Vox se ha pronunciado sobre el colectivo LGTBI. Ni es la primera, ni va a ser la última. Los derechos del colectivo han sido una de las grandes dianas del partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal. De hecho, las ideas de la formación sobre el aborto, la homosexualidad, la violencia de género y la inmigración han acaparado los grandes titulares de los principales medios de comunicación cada vez que uno de los miembros de la formación ha abierto la boca para manifestar su opinión.

Lo que jamás se imaginaban es que en plena campaña electoral, en uno de los ya clásicos mítines en Valladolid bajo el amparo de una carpa informativa, una pareja de lesbianas iba a dar rienda suelta a su amor. Y que, además, iban a inmortalizarlo.

La instantánea pertenece a la usuaria @vickygonzalo, que se colocó delante del puesto informativo, le plantó un beso “como dios manda” a su pareja y lo compartió en Twitter. Una imagen que ya ha sido calificada por los seguidores de la red social como “la foto de la semana“. Lo que no sabemos -o creemos- es si Vox piensa lo mismo.

Y es que, al tiempo que estas dos mujeres convierten su beso en un símbolo contra la homofobia, el partido propone la promulgación de una ley “de protección de la familia natural”. Es más, Fernando Paz, ex número uno en las listas de Vox al Congreso en la provincia de Albacete -antes de que presentara su renuncia a la candidatura hace apenas dos semanas-, fue uno de los fieles defensores de esta idea. Fue Paz quién aseguró que “una pareja gay con un niño o una madre soltera que adopta un hijo no es una familia natural”. Y fue al mismo Paz al que tampoco le tembló la voz cuando afirmó que, de tener un hijo gay lo ayudaría, pues “hay terapias para reconducir su psicología“.

Hasta el mismísimo líder de la formación ha asegurado que “el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer”. Incluso Twitter le sirvió de herramienta para dar su más polémica visión a través de un hilo en el que se podían leer declaraciones como “gays en la cama, españoles de bien en la calle”. Porque, según Abascal, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero en su casa. Por lo tanto, la propuesta es clara: se puede ser gay… pero en la intimidad. Nada de serlo en la calle y que lo vea la gente.

Una idea que, sin embargo, no comparten las más de 15.000 personas que han apoyado el gesto con su like y que, con sus comentarios, han roto una lanza en pro de la igualdad sexual, que no es más que la opción de que cada quién decida ser lo que le dé la gana.

El obispado de Alcalá celebra cursos ilegales y clandestinos para ‘curar’ la homosexualidad

El obispado de Alcalá de Henares imparte terapias ilegales y clandestinas para ‘curar’ la homosexualidad. Haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación, este periodista ha asistido a la primera sesión de una de estas pseudoterapias, que tuvo lugar el 21 de marzo en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que pertenece a la diócesis de Alcalá y que está dentro del mismo complejo religioso. Este tipo de sesiones están prohibidas en la Comunidad de Madrid y quienes las imparten pueden enfrentarse a multas de más de 45.000 euros, según el artículo 70.4.c de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad. El obispado confirma por escrito a eldiario.es que el centro es suyo y que se hacen las terapias, aunque niega que sean “terapias reparativas” y explica que se trata de formación “educativo-sexual (educación en el amor)”.

No solo se trabaja en persona, también desde una dirección de correo corporativa del obispado se realizan envíos con materiales (imagen arriba). Uno de esos materiales es el libro titulado ‘Terapias Reparativas’, del psiquiatra estadounidense Joseph Nicolosi, cuya lectura recomienda la supuesta profesional, que colabora con Reig Pla desde hace años. En 2006, cuando él era obispo de Cartagena, B. V. fue nombrada también directora del Centro de Orientación Familiar de dicha diócesis, desde donde trabajaba.

“Una herida que puede curarse”

Según los documentos enviados antes de la sesión, la homosexualidad se produce por no haber despertado o cultivado suficientemente la masculinidad debido a un trauma que puede ir desde una mala relación con tus padres a abusos sexuales. “A lo largo del proceso de maduración personal ha habido relaciones, hechos, ausencias, sufrimientos, traumas… Que han producido heridas en nuestro ser. Habrá complejos, carencias y experiencias que te han hecho estar buscando y comparándote con otros chicos”, dice B. V. nada más iniciar la sesión. Esa herida, aseguran sus tesis homófobas, puede repararse mediante psicoterapia y asesoramiento pastoral. “LGTBfobia cognitiva”, bautiza a la sesión sin ningún criterio científico.

Según las fichas de trabajo a las que ha tenido acceso eldiario.es, el proceso para dejar la homosexualidad es lento y debe compaginarse con psicoterapia, lecturas y tareas que completar en casa. La primera recomendación durante la reunión es dejar de consumir pornografía y masturbarse menos, para deshacerse del refuerzo positivo que supone haber recibido estímulos visuales. “Tú ya tienes un hábito muy arraigado. Para tener una relación con una chica tienes que controlarte”, explica B. V. La cita para la segunda sesión fue concertada el 23 de abril e iba a tener lugar en el mismo Palacio Arzobispal. “Atendemos también en el obispado. Tenemos un despacho allí”, confirma la pseudoterapeuta a eldiario.es. Una cita que ya no se producirá.

Rechazo de la aceptación

Uno de los documentos que se envía desde este centro del obispado considera la homosexualidad como indeseable: “La mentira gay y la desinformación sobre este tema está llevando a muchos adolescentes y jóvenes a pensar que han de aceptarse y por lo tanto, se les está condenando a una vida de sufrimiento, de mentira, de degradación y de muerte. En lugar de ayudarles a descubrir y madurar su verdadera identidad, la masculinidad, se les condena a vivir una falsa identidad”. Se habla de falsa identidad porque quienes llevan a cabo estos tratamientos consideran que la homosexualidad ni siquiera existe.

El trauma que sufrieron las personas con tendencias homosexuales ha provocado lo que en el obispado de Alcalá llaman AMS y PMS: atracción y proyección hacia las personas del mismo sexo. “La AMS es el grito, la alarma, la fiebre que te avisa de que algo en ti necesita madurar, ser cultivado. Si la Mentira/Manipulación Gay no hubiera inundado todos los rincones de nuestro mundo y por el contrario fuéramos capaces de responder con prontitud y verdad a esta llamada del corazón de los adolescentes, sería muy sencillo y rápido madurar la personalidad y la masculinidad y superar la atracción hacia el mismo sexo”, reza uno de los documentos entregados a los jóvenes.

Este mismo vocabulario homofóbico aparece en la web oficial del Obispado de Alcalá de Henares. Desde donde hace varios años se define la homosexualidad como una inclinación que se puede cambiar mediante “una terapia apropiada”. En la página del Obispado existe incluso un directorio desde el que acceder a todo tipo de material homofóbico. Entre las webs recomendadas aparece esposiblelaesperanza.com, la misma asociación que pone en contacto a este periodista con la terapeuta.

No es nuevo que las instituciones religiosas que dirige José Antonio Reig Pla mantengan tesis que rechazan y denigran a los homosexuales. En 2012 demandó que los padres que tuviesen hijos con conductas homosexuales, buscasen “la ayuda de personas expertas y calificadas para proporcionarles todo el apoyo posible”. En 2008, cuando era obispo de Cartagena, trató de poner en marcha patrullas informativas para promover la virginidad, rechazar el aborto y el matrimonio homosexual.

Fuentes de la Conferencia Episcopal rechazan hacer comentarios ya que “este no es un órgano jerárquico de las diócesis, sino un órgano que les da servicio”.

Si has sido víctima de una de estas terapias y quieres contar tu caso, puedes escribirnos a nuestro mail pistas@eldiario.es

Fuentes oficiales del obispado de Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus polémicas homófobas, puntualizan que se trata de “acogida y acompañamiento de personas que acuden a nosotros”. Sin embargo, eldiario.es ha comprobado en primera persona que tanto el contenido de los materiales enviados por correo como la primera sesión de pseudoterapia (impartida por una persona sin formación) están enfocados a que la persona deje de ser homosexual, algo que los expertos del Consejo General de la Psicología de España consideran anticientífico y peligroso, “porque suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio”. La ley madrileña lo califica directamente de ilegal, ya que prohíbe “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género”, independientemente de si las personas acuden voluntariamente o no, y las considera una infracción muy grave que puede conllevar la retirada de subvenciones públicas.

La supuesta terapeuta, B. V., dice ser doctora en biología y, como confirma el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid a eldiario.es, no está colegiada y por tanto no tiene habilitación para hacer terapia de ningún tipo. En el obispado tiene un cargo en la sección madrileña del Pontificio Instituto Juan Pablo II, un centro de estudios que en España dirige el obispo de Alcalá de Henares y que imparte el “Máster para las Ciencias del Matrimonio y la Familia”, según el obispado.

Aunque la diócesis niega que sean terapias de reversión, la propia pseudoterapeuta lo admite en una grabación en una de estas sesiones ilegales y asegura que conoce bien el riesgo y la ley que lo prohíbe: “Explicarte por qué sientes lo que sientes y cómo dejar de sentirlo se considera homofobia. Yo sé que esto puede tener consecuencias. Esto es un acto LGTBfóbico cognitivo. Podrían llegar incluso a cerrarnos el centro”, dice al periodista, que se hace pasar por un chico confundido con su sexualidad. “Estoy teniendo contigo un acto homofóbico. O sea, yo te estoy intentando ayudar. Yo sé que esto puede tener consecuencias, hasta tal punto que yo podría ir a la cárcel”. También le pide que no se lo cuente a nadie, ni siquiera a sus amigos, y le avisa de que si lo hace habrá problemas para todos los que acuden y además le intentarán convencer para que no vuelva a una sesión.

“Tenemos que seguir luchando por los derechos adquiridos del colectivo LGTBI”

Udane HerFer, Eider Pérez, Cristina Rueda y Amparo Villa, durante la jornada celebrada en Bizkaia Aretoa.Foto: Oskar M. Bernal

BILBAO– “Hace dos años estábamos en las calles protestando por un autobús naranja y ahora resulta que personas que defienden lo mismo podrían llegan al poder”, aseguró ayer Udane HerFer, una de las autoras de la investigación llevada a cabo por la asociación Aldarte en relación a las estrategias para hacer frente a los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. El polémico mensaje tránsfobo de HazteOír, que incluso llegó a Bilbao, solo fue un avance de la paradoja a la que se expone el colectivo, que tras décadas de reivindicación para combatir la discriminación teme un posible retroceso: “Tenemos que seguir luchando por los derechos adquiridos del colectivo LGTBI porque no son permanentes. Igual que los hemos logrado nos los pueden quitar”, añadió HerFer.

A su lado, Eider Pérez, Cristina Rueda y Amparo Villar, integrantes del equipo que ha llevado a cabo la investigación, asentían. “Había cosas que la gente pensaba pero no las decía. Eso estaba llevando a extinguir ciertas ideas que ahora los políticos, sin pensar en la responsabilidad que tienen, las ponen encima de la mesa. Tienen mucha prensa, se les recibe en todas partes y se está pactando con ellos”, reveló, por su parte, Pérez. “Si los políticos encienden el discurso de odio y proporcionan impunidad, echando leña al fuego… esto va a arder”, pronosticó Rueda, quien ve con temor la “efervescencia de la violencia”. Sin embargo, ante esta situación, HerFer abogó por centrarse en el posicionamiento que se toma desde el colectivo, y no solo el LGTBI, sino también desde otras comunidades, como las que luchan contra el racismo, por ejemplo.

Las investigadoras expusieron estas reflexiones en el marco de la jornadaRetos para afrontar los delitos de odio por diversidad sexual y de géneroorganizado ayer por Aldarte en Bizkaia Aretoa, donde se constató que las vulneraciones que sufre el colectivo son más cotidianas de lo que parece. ¿Pero qué dicen los números al respecto? “Según el Ministerio de Interior, a nivel del porcentaje de la población, Euskadi está en el tercer puesto entre las comunidades donde más delitos de odio se dan. Por provincias, Bizkaia es la cuarta y Gipuzkoa, la séptima. Siendo territorios pequeños, que haya ese nivel de denuncia constata que es una problemática importante”, expuso Cristina Rueda. Sin embargo, consideró que el hecho de que haya más denuncias -que también se recogen en la red Eraberean o en las propias asociaciones- prueba, asimismo, que “hay más sensibilización y herramientas que en otros sitios”.

En ese sentido, Pérez mencionó que es importante que la sociedad sepa identificar lo que es un delito de odio, para “que no se normalice y se saque del plano de lo natural”. A pesar de ello, las investigadoras son conscientes de que denunciar no siempre es fácil. “Implica visibilizarse y muchas veces no se hace por eso mismo”, reveló HerFer, a lo que Rueda agregó: “Requiere de un empoderamiento. El colectivo LGTBI tiene esa violencia muy interiorizada. Cuando la abogada de la asociación pregunta ¿Es la primera vez que has sufrido una agresión?,es común que la respuesta empiece por un no”. En cualquier caso, Villar defendió que “el foco de los delitos y las violencias no tendría que estar en los números, sino en visibilizar lo que está pasando”.

Aunque haya habido casos a nivel mundial que han sido sobrecogedores por su brutalidad, reconocen que en Euskadi no ha habido sucesos que hayan trascendido tanto. Mencionan el asesinato Vicente Badillo, un travesti de Errenteria, ocurrido hace cuarenta años. “Hizo que todo el mundo saliera a la calle”, evocó HerFer. Villar también rememoró el caso de Mikel, que fue agredido por las fuerzas de seguridad durante un congreso del PP: “Era una persona pública, fueron a por él”. En relación a esto, Cristina Rueda señaló que “uno de los problemas del colectivo es que tiene muy poca memoria histórica. Si las agresiones son habituales, ¿por qué trascienden unas y no otras?”.

VULNERACIONESComo comunidad heterogénea que es, las vulneraciones que sufren son muy diferentes. “Cuanto más te alejes de la norma -hombre blanco, adulto joven, heterosexual-, más fácil es que padezcas violencia”, declaró Udane HerFer. “En Latinoamérica se podría decir que las mujeres trans son las que más violencia sufren. Mientras tanto, los hombres trans son los más invisibilizados”, explicó Rueda, quien remarcó que incluso “dentro del propio colectivo hay violencia derivada de cuestiones como el racismo o el machismo”. En ese sentido, además de generar espacios seguros con redes afines, Eider Pérez mencionó la importancia de combatir “el capitalismo y el heteropatriarcado, diferentes constructos que cruzan estas violencias”.

Y, además, no hay ningún ámbito social en el que no estén presentes. “El miedo atraviesa todos los contextos pero los espacios de mayor vulnerabilidad suelen ser la escuela, el trabajo y la familia”, afirmó HerFer, quien recordó el caso de una persona que participó en el estudio: “Comentaba que hasta que no consiguió su plaza de funcionario, no se atrevió a nombrar el hecho de que era gay. Tenía miedo de que le pudieran echar”. De esa forma, expuso que los delitos de odio no se limitan a “los casos más extremos presentes en el imaginario” y no solo se desarrollan estrategias de supervivencia “por un peligro de muerte sino por no ser aceptado”.

¿Cómo abordar esta problemática? ¿La vía judicial es la única forma? “Esa es una de las preguntas que quedan abiertas en la investigación. Es una vía necesaria para no encontrarnos con los niveles de impunidad de otros países, pero la transformación social tiene que venir de otro lado”, aseguró Eider Pérez durante la jornada en la que también se pudieron escuchar las experiencias de varios países latinoamericanos. “Los contextos que más abogan por la ley son aquellos que menos leyes tienen”, añadió HerFer. Como ejemplo, Cristina Rueda citó el Día Internacional del Orgullo: “Aquí, cuando se ha avanzado a nivel de protección hasta un punto, salir a la calle a celebrarlo no se entiende tanto, o se critica, porque podemos vivir como personas del colectivo LGTBI a diario. Sin embargo, en un contexto donde no puedes movilizarte, como en Nicaragua o Guatemala, tener un día para reivindicarte es importante”.

De castigos a reconversiones: así fue la barbarie franquista contra las personas LGTBI

Con el fin de la Guerra Civil española hace 80 años, el colectivo LGTBI sufrió la persecución de la dictadura que primero los trató como delincuentes, después como enfermos y los consideraba una amenaza.

El dictador Francisco Franco, en una de sus asistencias bajo palio a una celebración de la Iglesia católica. EFE

La dictadura nos persiguió porque éramos algo que hubiera debilitado al régimen. Nos alejábamos del modelo social que la cruzada franquista propugnaba. Para ese movimiento hercúleo de hombres forjados en la potencia ‘éramos lo peor’, como decía Pedro Zerolo”. La activista Boti García Rodrigo explica con estas palabras las torturas y la cacería legal que sufrieron las personas LGTBI con la llegada de la dictadura de Francisco Franco, que se instauró en todo el país el 1 de abril de 1939, tras el final de la Guerra Civil hace ya 80 años.

No obstante, la represión había comenzado antes, tal y como remarca Ramón Martínez, historiador especializado en la realidad LGTBI: “El asesinato de Lorca fue un primer aviso importante para mucha gente de lo que se avecinaba con el gobierno ilegítimo”. El poeta granadino fue “fusilado y abandonado” en una cuneta el 18 de agosto de 1936 “por rojo y maricón”, según relataron su delator, Ramón Ruiz Alonso, y su ejecutor, Juan Luis Trescastro. Sus testimonios los ha recogido el periodista Marcos Paradinas en su libro El fin de la homofobia.

“Desde el comienzo, la homosexualidad se consideró una afrenta al régimen franquista. Es aterrador ver cómo las cuatro décadas de dictadura sirvieron para perfeccionar una sanguinaria maquinaria estatal con la que erradicar las heterodoxias”, recalca el historiador. Aun así, durante los primeros 15 años de la dictadura, Franco “estaba bastante ocupado con la aniquilación de los rivales políticos”, señala Pardinas, y no fue hasta pasada “esa purga” que decidió ir a por las personas LGTBI con la modificación en 1954 de la Ley republicana de Vagos y Maleantes.

No obstante, usar estas siglas en el marco de la dictadura no es del todo correcto ya que supone ser infiel a la forma en la que el régimen entendía la diversidad y porque por aquel entonces aún no se había organizado el movimiento LGTBI que conocemos hoy en día. “El denominador común del franquismo es que todos eran maricones. No supo distinguir entre orientación sexual e identidad de género. Las mujeres trans eran consideradas travestis u homosexuales”, incide Raúl Solís, autor del libro La doble transición donde recoge la vida de ocho mujeres trans durante estos años de totalitarismo. “Trans, homosexuales y bisexuales iban al mismo saco conceptual de los ‘desviados’”, apunta Martínez.

Como expuso Fernando Olmeda en su libro El látigo y la pluma, con la dictadura se implementó en la sociedad española una idea muy concreta de masculinidad y de lo que debía ser un hombre. Martínez coincide con el periodista y especifica que al varón se le aplicaba “la versión más férrea de los roles de género. Cualquiera que lo incumpliera no solo era un traidor a su sexo, sino también un traidor a la patria, que necesitaba ‘hombres de verdad’ para fecundar mujeres que dieran a luz a españoles de bien. Hay textos que incluso se plantean si los hombres no heterosexuales son recuperables o no para la causa de la propagación de la raza”. Solís lo sentencia así: “En un sistema patriarcal lo que se privilegia es la copia del patriarca. Las personas LGTBI cuestionaban la columna vertebral del nacionalcatolicismo. Por eso nos perseguían”.

Una condena disfrazada de precaución

La Segunda República había descriminalizado la homosexualidad en el Código Penal de 1932, pero tampoco se puede afirmar que fuera “una buena aliada”: “Solo Gregorio Marañón empatizaba un poco porque consideraba la homosexualidad un problema médico, no un delito. Hoy nos parece algo inaceptable, pero fue posiblemente el mayor avance hasta la fecha. Un jurista como Jiménez de Asúa, que fue presidente de la República en el exilio, protestó firmemente cuando la dictadura de Primo de Rivera persiguió penalmente la homosexualidad y estuvo detrás de la despenalización al llegar la República”.

Si bien es cierto que el régimen franquista tardó tres lustros en legislar contra las personas LGTBI, el Tribunal Superior se pronunció al respecto el 15 de octubre de 1951. En una sentencia que recoge el escritor Arturo Arnalte en su obra Redada de violetas, el órgano judicial dictó que “la homosexualidad es ‘vicio repugnante en lo social, aberración en lo sexual, perversión en lo psicológico y déficit en lo endocrino’”. Tres años más tarde, el 15 de julio de 1954, Franco retocó el texto de la Ley de Vagos y Maleantes para “convertirlo en una norma que perseguía la diversidad y que reconocía a las personas homosexuales como posibles delincuentes”, manifiesta Martínez.

“La idea que subyacía es que alguien por el simple hecho de no ser heterosexual está más cerca de cometer un delito y que, por ello, debe ser detenido”, narra el historiador. Por su parte, Pardinas remarca en El fin de la homofobia que las medidas no se establecían como “penas”, sino como “medidas de seguridad”. “La aberración era triple: se persigue la identidad y no el acto sexual, se establece una persecución ‘preventiva’ y se prescinde la necesidad de prueba alguna para hostigar a los sospechosos”, resalta.

Por culpa de esta Ley “existieron auténticos campos de concentración para homosexuales en nuestro país durante al menos dos décadas. La colonia agrícola de Tefía, en Fuerteventura, es un ejemplo de aquel horror”, cuenta Martínez. Según un informe de Amnistía Internacional de 2015, allí sometían a los presos a “condiciones inhumanas, trabajo hasta el agotamiento, palizas y hambre”. El testimonio más revelador fue el de Octavio García Hernández, que falleció el año pasado.

Un tardofranquismo corrector

Las mujeres lesbianas y bisexuales no llegaron a sufrir esta persecución tan dura porque “legalmente no se las perseguía”, puntualiza Martínez. Boti Garcia Rodrigo lo recuerda así: “Para la dictadura no existíamos. No podían imaginar que hubiera mujeres que prescindieran del varón para hacer su vida. Ellos sufrieron torturas y humillaciones pero nosotras terminábamos en el convento, en matrimonios forzados o en el psiquiatra. No sé si es mejor que te peguen o que ni te vean ni te hagan persona. Estábamos condenadas a la invisibilidad más absoluta, a la no existencia”, explica la que fuera presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Sin embargo, las medidas contra las identidades LGTBI se endurecieron con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que Martínez ha descrito en su libro Lo nuestro sí que es mundial como “la barbarie antihomosexual más descarnada”. El objetivo de esta ley era reeducar y reinsertar a los hombres homosexuales con prácticas de reconversión que iban desde los electroshocks y las terapias de psicoanálisis hasta las lobotomías. Con este texto, y según señala Pardinas, “ya no son delincuentes a los que castigar, sino enfermos a los que curar”.

Martínez aclara que aunque en teoría buscaban devolver a los homosexuales (y también a las personas trans) al camino de la sexualidad correcta, el objetivo era otro: “Querían erradicarnos. Nos decían que iban a reeducarnos porque decir que pretendían exterminarnos recordaba a otra cosa, que era precisamente la que intentaban hacer”. Además, se construyó una prisión en Badajoz para los homosexuales pasivos, otra en Huelva para los activos y se destinaron a muchos otros junto con mujeres trans a las cárceles de Carabanchel y de la Modelo (Barcelona).

El ejemplo de la represión más cruel reside en Lorca, pero también fueron víctimas de esta opresión otros nombres como Antonio Ruiz, expreso valenciano que lideró la lucha de la eliminación de las fichas policiales; el cantante de copla Miguel de Molina, que sufrió una paliza casi mortal; la poeta Gloria Fuertes a la que se la encasilló como una escritora para niños; y el dramaturgo Agustín Gómez Arcos que terminó en el exilio.

A pesar de esta barbarie, gais, lesbianas, bi y trans siguieron reuniéndose en la clandestinidad, se armaron para levantar el movimiento LGTBI español y pelear por sus derechos. “Estoy muy orgullosa de mi colectivo porque hemos buscado nuestra libertad como seres humanos. Somos unos resistentes”, concluye García Rodrigo.

Ahora, cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, interpuso una querella contra varios jueces de la dictadura por sus sentencias homófobas. La Justicia, sin embargo, ha rechazado investigar estos casos ya que se ajustaban al orden legal cuando fueron dictadas. 

El Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona la Ley LGTBI de Mónica Oltra

El Ejecutivo central plantea una comisión bilateral, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

Mónica Oltra, en el centro, el día que se aprobó la ley LGTBI en las Cortes. EFE

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto en cuestión una de las leyes bandera de la Conselleria de Mónica Oltra. Se trata en concreto de la ley de igualdad de personas LGTBI, sobre la que se ha planteado la apertura de una comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y la Generalitat, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley si ambas administraciones no resuelven sus discrepancias.

El DOGV da cuenta este jueves del inicio de las negociaciones para resolver las dudas del Gobierno central sobre dos artículos en cuestión: el 26, referido a las medidas en el ámbito del empleo y de la responsabilidad social para la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, y el 60, en el que se detallan las infracciones administrativas aplicables.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas han manifestado a este diario su estupefacción por el paso dado por el Gobierno central contra una ley aprobada en las Cortes sin ningún voto en contra (el PP se abstuvo) y, por tanto, con el beneplácito y apoyo del PSPV. “Lamentamos que no se note la diferencia del cambio de Gobierno en cuanto a recurrir leyes del Botànic”, criticaron las mismas fuentes, en referencia a la cascada de recursos con que amenazó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno central duda de la legalidad de cuestiones como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, de condiciones y oportunidades de las personas LGTBI. No porque se considere que entra en contradicción con la legislación estatal, sino porque va más allá de las competencias autonómicas en esta materia.

El mismo argumento es de aplicación al artículo 60 que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley LGTBI tipifica como sanción grave. El Gobierno central considera que el procedimiento sancionador corresponde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

COMPROMÍS LO VE INCOMPRENSIBLE

El portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, ha mostrado la “estupefacción” de su formación tras conocer que el Gobierno central cuestiona la ley valenciana. A su juicio, es “incomprensible” que se ponga en entredicho una norma que “se aprobó en Les Corts sin ningún voto en contra”.

Según ha señalado Ferri, les sorprende que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez “haga lo mismo que hacía el de Mariano Rajoy, amenazando con llevar a los tribunales las leyes sociales valencianas”. “Es una ley que solo busca acabar con la discriminación y garantizar la igualdadentre todas las personas sean como sean, y amen a quien amen”, ha subrayado.

Ferri ha destacado que estos cuatro años el Botànic ha situado a la Comunidad “al frente de las políticas de igualdad, lo que contrasta con la inacción de los diferentes gobiernos de Madrid que no han aprobado ni la Ley trans ni la ley LGTBI a nivel estatal“.

Por ello, ha reclamado: “Lo que pedimos es que si no tienen la capacidad o las ganas para llevar adelante estas leyes, como mínimo que no pongan palos en las ruedas a las leyes que hemos aprobado aquí”.

Morir por ser gay: el mapamundi de la homofobia

Once países aún castigan las relaciones homosexuales con la muerte. En uno de cada tres son ilegales

FUENTE: ILGA

Hay un mapa del mundo que se divide básicamente en dos colores. Uno impregna 70 países, donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. Otro tiñe las 123 naciones donde mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado. La mayor asociación de defensa del colectivo LGTBI del mundo dibuja este croquis periódicamente que muestra cómo decrecen los lugares donde se persigue a las personas por su orientación sexual y emergen nuevas amenazas, como la llegada al poder de líderes homófobos.

En el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), difundido este miércoles, se han borrado del atlas de la infamia India, Trinidad y Tobago y Angola desde la última revisión, de 2017. Se han sumado al matrimonio igualitario Australia, Malta, Alemania y Austria, siendo ya 26 los países en el podio de la equiparación de derechos. La organización destaca también como símbolo de una mayor protección que nueve naciones hayan incluido en su constitución la mención explícita de que la orientación sexual no debe ser motivo de discriminación. Entre ellos Portugal, Ecuador, Bolivia o Sudáfrica, una isla de igualdad en el panorama africano.

El extenso trabajo de ILGA, de más de 500 páginas, revisa la legislación en todos los países miembros de la ONU. La 17ª edición se ha presentado durante la reunión anual de la federación, en Aotearoa (Nueva Zelanda). Su autor es el abogado argentino Lucas Ramón Mendos.

El peligro de morir por mantener relaciones homosexuales no ha disminuido respecto al último informe. Seis países lo castigan con la pena capital: Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, 12 Estados que conforman Nigeria y parte de Somalia. Además, un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán y Afganistán. El informe resalta que aunque Irak ha desaparecido de la lista “por la eliminación del Estado Islámico, queda como un país que criminaliza de factodebido a que persigue a los homosexuales utilizando leyes de escándalo público, prostitución y otras”.

En otros 26 la condena máxima por estos actos varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua. En 31 se castiga con hasta ocho años. En resumen, en uno de cada tres países (35%) es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGTBI. En 68 naciones, señala el estudio, “hay leyes que explícitamente prohíben los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo y dos más los criminalizan de facto. Además, jurisdicciones que no pertenecen a Estados miembros de la ONU también castigan estas conductas, como Gaza, las Islas Cook y ciertas provincias de Indonesia”.

La muerte y la prisión son los casos extremos de una violencia que, desde la cumbre del poder, se inflige con las leyes. Al menos 32 países, recalca el informe, han impulsado medidas para limitar la libertad de expresión (incluidas leyes de propaganda que prohíben la promoción de la homosexualidad o las relaciones sexuales “no tradicionales”). En 41 naciones se imponen trabas a las organizaciones LGTBI para ser legalizadas o trabajar, “lo que incrementa el peligro al que se exponen los activistas”.

La situación de Chechenia se califica de “crítica” y refleja las torturas y persecuciones infligidas por las autoridades a gais y lesbianas. El pasado enero los activistas denunciaron que dos personas habían muerto y 40 más permanecían detenidas en otra purga. También las regresiones y amenazas forman parte del panorama que dibuja el informe. Horas antes de la presentación, el general Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, declaraba en Washington tras encontrarse con su nuevo aliado en tantas cosas, Donald Trump: “Respetamos a la familia tradicional, somos temerosos de Dios, en contra de la ideología de género, de lo políticamente correcto y de las fake news”.

Aunque más lento que lo deseado, señalan los miembros de ILGA, también se producen progresos. Quizá lo más evidente sea, como se destaca en la edición de este año, que India, un país de gran envergadura e influencia, haya acabado con una ley victoriana que prohibía las relaciones homosexuales, castigadas con una pena máxima de cadena perpetua. Tal medida ha supuesto que baje dramáticamente el número de personas sometidas a leyes homófobas, hasta el 27% de la población mundial.  Desde septiembre de 2018, 1.300 millones de ciudadanos indios no están en ese grupo.

Veintiséis países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y 27 han regulado las uniones civiles, 72 naciones tienen leyes que protegen a los homosexuales y lesbianas de ser discriminados en el trabajo. 39 poseen normas que castigan la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra una persona por razón de orientación sexual y 28 permiten adoptar a gais y lesbianas.

Hazte Oír recurre la retirada de su condición de utilidad pública por considerarla “persecución ideológica”

La asociación HazteOír ha anunciado que va a recurrir la revocación de su condición de utilidad pública debida a su campaña transfóbica en un autobús, al considerar que se trata de “una persecución ideológica y política en toda regla”, y ha asegurado que sacarán otro autobús con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha rechazado este miércoles el fallo del Ministerio del Interior, en el que se alega que su polémica campaña suponía una falta de respeto y un menosprecio a otras opciones que no comparten sus ideas.

Para Arsuaga, el único argumento de la resolución “injusta y antijurídica” es que sacaron a la calle “un autobús cuyos mensajes solo afirmaban lo que dice la biología, y está recogido en todos los libros de texto de las escuelas, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva“.

Ha mostrado su extrañeza porque el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, haya firmado la resolución y ha opinado que se debe a que el Gobierno quiere mostrar que es “un adalid de las ideas progresistas” mientras ni saca los Presupuestos adelante ni aprueba ninguna ley.

“¿Por qué la Felgtbi, los golpistas de Ómnium y la Fundación de Bildu pueden faltar al respeto a mis ideas y de muchos españoles y siguen manteniendo su estatus de utilidad pública?” y reciben dinero de público “en cantidades considerables, cosa que HazteOír no ha hecho nunca”, se ha preguntado Arsuaga.

Ha recalcado que están preparando ya su próxima campaña con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando pondrán en marcha un autobús, en este caso contra el “feminismo radical” y que intentarán que PPCiudadanos y Vox se comprometan de cara a las elecciones de mayo a derogar las leyes de género.

HazteOir anuncia ahora un nuevo autobús “contra el feminismo radical”

DE CARA A LA HUELGA DEL 8 DE MARZO

El autobús de HazteOir con mensajes transfóbicos, retenido en un aparcamiento de Madrid. (EFE)

MADRID. La asociación HazteOir.org ha anunciado que recurrirá la revocación de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior en las próximas dos semanas, pedirán una medida cautelar de urgencia para que se paralice la resolución que consideran “injusta y antijurídica” y, en torno al 8 de marzo, día de la huelga feminista, pondrán en circulación un autobús “contra el feminismo radical y la ideología de género” con un mensaje “impactante”.

“La revocación de utilidad pública es un capítulo más en una serie de agresiones promovidas por el poder para acallar a los ciudadanos que no comulgan con sus dogmas. Estamos ante una persecución ideológica y política en toda regla. España es un país democrático donde no puede cuestionarse la libertad de expresión al estilo de los regímenes bolivarianos como el venezolano”, ha denunciado el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, este miércoles 6 de febrero en rueda de prensa.

Así se ha pronunciado después de que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, revocara la utilidad pública a la asociación, al considerar que “faltan al respeto” con campañas como la del autobús a “otras opciones distintas” a las defendidas por la entidad.

Por su parte, el presidente de la asociación ha defendido el mensaje de aquella campaña: ‘Los niños tienen pene;las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio’;y ha indicado que es “lo que dicen los libros de biología”.

Por ello, ha adelantado que la asociación recurrirá en dos semanas a los tribunales y solicitará en el recurso que se adopte una medida cautelar con carácter de urgencia para que se paralice la aplicación de la resolución.

La revocación de utilidad pública afectará en la práctica a los socios de HazteOir.org que ya no podrán desgravarse por los donativos que hacen a la asociación, según ha explicado Arsuaga. No obstante, ha precisado que no les afecta en cuanto a subvenciones porque “jamás” han recibido una, sino que se financian “exclusivamente” con las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes;ni en lo que se refiere a la exención del IBI porque, según ha dicho, no tienen ningún inmueble en propiedad.

En respuesta a esta resolución, HazteOir.org también pondrá a circular por Madrid y otras ciudades españolas, en torno al 8 de marzo, un nuevo autobús “para denunciar el feminismo radical, el supremacismo feminista y la ideología de género”. Arsuaga no ha querido revelar el lema que aparecerá en el vehículo aunque ha asegurado que será “impactante”.

Este autobús forma parte de una campaña más amplia que vienen desarrollando desde hace unas semanas y que se prolongará hasta finales de mayo, cuando se celebran las elecciones europeas, municipales y autonómicas. El objetivo de la misma es convencer a Ciudadanos, PP y Vox, con los que dicen estar “en contacto”, para pedirles que deroguen “las leyes de género”, en concreto, “la ley de violencia de género” pues creen que “no consigue parar la violencia contra las mujeres” y “discrimina al hombre”.