El autobús de HazteOír llega a Bilbao entre gritos y silbidos

Centenares de personas se manifiestan contra el vehículo ultracatólico, que hace campaña contra la nueva ley de derechos LGTBI

El autobús de HazteOír, estacionado en la plaza Euskadi de Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

El autobús de HazteOír ha llegado esta mañana a la plaza Euskadi y ha sido recibido con silbidos, gritos y lemas de rechazo por varios centenares de personas. El vehículo ultracatólico circula desde el martes por todo el país con el objetivo de «luchar» contra la ley de derechos LGTBI -que el Congreso ya ha admitido a trámite-, tal y como reflejan en el lema rotulado sobre el bus: «Podemos y su Ley Mordaza LGTBI: ¡Van a por tus hijos!»

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Tomás del Hierro, ha aclarado que el vehículo había pedido permiso a la Ertzaintza para estacionar de doce a una del mediodía. «Podía hacerlo porque una sentencia en Madrid ya ha dictaminado que sus mensajes no son delito de odio. El autobús se ha convocado de la misma manera que la manifestación que lo rechaza».

Al grito de «¡qué viene!» centenares de personas se han concentrado en la plaza, entre los que se encontraban varios representantes municipales como la concejala de Udalberri Amaia Arenal o el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta. Durante la media hora que ha estado estacionado el autobús, no ha habido ni un solo momento en el que se hayan dejado de escuchar los silbidos y gritos de protesta. «Yo soy hetero y respeto los derechos de todo el mundo. Es lamentable que se les permita entrar con estos mensajes. Que nos dejen vivir en paz», reivindicaba Igone, una manifestante de 66 años. Aunque la mayoría de los asistentes era público joven. «Se quejan de que la ley es adoctrinadora, pero ellos son los que generan ideología. Los que les conceden el permiso de estar aquí los están apoyando indirectamente», criticaban otro joven de veinte años.

Después de que el autobús de HazteOír se haya marchado, se han vivido momentos de tensión cuando un agente de la Ertzaintza ha reducido a uno de los manifestantes. Según la versión oficial de la policía autonómica, el individuo en cuestión trató de golpear a uno de sus agentes, «por lo que se ha identificado y abierto un expediente por hechos contra la ley de Seguridad Ciudadana, que acabará en una multa». Los asistentes han criticado y vituperado duramente la actuación policial hasta que el multado se ha ido por su propio pie y los manifestantes se han disuelto.

Colectivos LGTBI y simpatizantes protestan por presencia del autobús de HazteOir en Bilbao

Los concentrados ante el autobús de HazteOir EFE

Asociaciones LGTBI, acompañados de diversas organizaciones y de simpatizantes, se han concentrado en Bilbao ante la presencia del autobús HazteOir, que recorre diferentes ciudades en el marco de su campaña contra la ley que promueve Podemos en contra de la discriminación de este colectivo.

Cerca de 200 personas, entre las que se encontraban representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas, así como de EH Bildu, esperaban al autobús, que tenía anunciada su llegada al mediodía a la plaza Moyua.

El vehículo, sin embargo, ha cambiado de recorrido y ha llegado a la plaza Euskadi donde dotaciones de la Policía Municipal y de la Ertzaintza han acordonado una zona para que descendieran los pasajeros del autobús.

Los manifestantes se han trasladado hasta allí y desde detrás del cordón han recibido al vehículo entre gritos de protesta, pitidos y lemas a favor de decidir sobre su propio cuerpo e identidad sexual.

El portavoz de HazteOir, Miguel Vidal, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que la ley LGTBI, que ha iniciado el proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados, “adoctrina a los niños e introduce elementos en el sistema educativo sin la intervención de sus padres”.

También ha criticado que dicha ley, en su opinión, “quita la patria potestad a los padres al permitir que a partir de los 16 años puedan someterse a una operación de cambio de sexo sin autorización de sus progenitores”.

Por parte de Gehitu (asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco), Izaro Antxia, ha indicado que “hoy, al menos, las personas que quieren decirnos cómo tenemos que ser, han visto nuestro rechazo, porque una sociedad democrática no puede tolerar esas actitudes”.

Los manifestantes han permanecido en la plaza hasta que se ha marchado el autobús, de color naranja y con un texto escrito en el exterior, que rezaba: “Podemos y su Ley Mordaza: van a por tus hijos. Los niños tienen pene,las niñas tienen vulva, que no te engañen”.

Al pasar cerca de los concentrados, algunos de ellos han lanzado huevos contra el vehículo.

El crimen homófobo que inspiró ‘It’

En los horrores de Stephen King hay mucho más que payasos: el asesinato de un joven gay en Bangor, su ciudad, fue una de las influencias decisivas para su historia

“Pinta tu aldea y serás universal”, escribió León Tolstoi. Y, aunque Stephen King no tenga mucho en común con el escritor ruso, sí lo ha leído a fondo y le ha sacado mucho partido a esa máxima. Sin ir más lejos, It no deja de ser una descripción a fondo de Bangor, la ciudad de Maine en la que el bestsellerista más popular de EE UU reside desde hace décadas. A través de los chavales del Club de los Perdedores (y también de sus versiones adultas, esas que llegarán próximamente al cine), King aprovechó su novelón para describir con detalle dicha localidad (33.000 habitantes en su casco urbano: lo que se dice una metrópolis), tanto sus cines y bibliotecas como sus barriadas obreras, sus descampados o un sistema de alcantarillas con fama de ser el peor de la toda Nueva Inglaterra. Y en el cual, si hacemos caso al autor, habita un horror cósmico e inmencionable.

Así pues, si hubiese que resumir It (la novela), podríamos decir que va sobre una ciudad que se come a la gente. Y, para aniquilar a sus habitantes, Derry (el nombre con el que King rebautizó a Bangor en su libraco) adopta formas muy diversas. Sobre las fuentes de inspiración para estas apariciones asesinas se ha escrito mucho, y más aún ahora que la adaptación de Andrés Muschietti va camino de ser el filme de terror más taquillero de la historia. Por ejemplo, es público y notorio que el payaso Pennywise (Bill Skarsgård en la película) está basado en John Wayne Gacy, el asesino en serie que asesinó a 33 chavales entre 1973 y 1978, y que actuaba como clown en fiestas benéficas. Pero hay otra historia de la que no se habla tanto, y que influyó muchísimo en It. 

¿De qué se trata? Pues del asesinato de Charlie Howard, un chico de 23 años que murió en 1984, cuando King llevaba ya tres años dándole forma a su obra magna. Y murió de una forma bastante horrible, además: tras propinarle una paliza, un grupo de adolescentes lo lanzó al río Kenduskeag, pese a sus súplicas. El motivo de dicho ensañamiento fue sencillo: Charlie Howard era homosexual. Sus asesinos lo habían visto salir del único bar gay del pueblo acompañado de su novio y decidieron darle una macabra lección. Durante los años anteriores, Howard había sufrido un acoso constante: no sólo vivía su identidad sin tapujos (algo que, en algunos pueblos y ciudades pequeñas, sigue siendo casi heroico en el día de hoy), sino que también participaba en un grupo parroquial de apoyo a personas LGTB. A resultas de esas actividades, había sido agredido, insultado y represaliado con ‘bromas’ tales como la muerte de su gato.

Protestas y contraprotestas tras el asesinato de Charlie Howard (1984).

Al ser menores de edad, los tres asesinos de Charlie Howard fueron condenados a penas de cárcel casi testimoniales: 22 meses entre rejas, la más larga. Las protestas de la comunidad LGTB corrieron en paralelo a otras, de signo opuesto, organizadas por grupos de extrema derecha. Por otra parte, los periodistas que investigaron sobre el crimen descubrieron que las agresiones homofóbicas en Derry… perdón, en Bangor, eran algo cotidiano. Sólo que, como sigue ocurriendo actualmente en muchos lugares, el miedo a salir del armario y la actitud hostil de la policía llevaban a los agredidos a no denunciarlas. Para un escritor de izquierdas y gayfriendly como Stephen King, aquella historia era material de primera. Y no digamos si estaba escribiendo un novelón en el que pretendía exponer el lado oscuro de su pueblo.

Así pues, Charlie Howard (con el nombre de Adrian Mellon) acabó apareciendo en It, así como sus asesinos. En la novela, el crimen es descrito casi tal cual, con un pequeño añadido de carácter sobrenatural que preferimos no desvelar. En su momento, el caso había llamado la atención del público estadounidense, pero fue el interés de King el que lo convirtió en una causa célebre, elevando a Howard al estatus de mártir LGTB en Nueva Inglaterra.

¿Aparecerá esta historia en la segunda parte de It? Seguramente, sí, porque no hablamos de un incidente aislado, sino de un hecho muy importante en la vida adulta de los protagonistas. Por otra parte, dado el clima político de EE UU en la actualidad, seguro que Andrés Muschietti y los guionistas Chase Palmer Gary Dauberman no desaprovechan la ocasión de mostrar los delitos de odio como una fracción más del mal que acecha en Derry. Porque, si en El resplandor los verdaderos monstruos eran el alcoholismo, la soledad y el miedo a ser un mal padre, el vórtice del horror en It está en la falta de expectativas vitales, la miseria y el secretismo que afectan a quienes viven en una ciudad pequeña, pobre y de provincias. Ante tales espantos, los engendros con rostro de payaso son lo de menos.

Euskadi diagnostica un caso de sida cada dos días

Una persona se somete a un test para detectar si tiene VIH. (efe)

BILBAO – Aunque el curso de la epidemia de sida haya dado un giro de 180 grados, y la propia ONUSIDA se haya marcado como reto que desaparezca en 2030, Euskadi no consigue erradicar la enfermedad y todavía el año pasado se registraron 158 nuevos casos, lo que supone un diagnóstico de VIH cada dos días. Con el agravante de que más de la mitad de ellos, en concreto un 52%, fueron diagnósticos tardíos. Por ello, el consejero de Salud, Jon Darpón recordó ayer que hay 50 farmacias repartidas por los tres territorios a las que se puede acudir de una forma “anónima, discreta y fácil” para realizarse el test rápido y detectar lo antes posible si una persona está infectada o no. El pasado año se llevaron a cabo 2.775 test rápidos de VIH y 27 resultaron positivos.

Euskadi es una de las pocas comunidades que mantiene activo un plan contra el sida, por lo que Darpón incidió en que “no puede bajarse la guardia mientras existan nuevos contagios”.

De tratar a pacientes que luchaban por sobrevivir se ha pasado a tratar a personas con VIH que envejecen con mejor salud, pero acabar con el estigma es la asignatura pendiente. El sexo entre hombres se mantiene como la principal vía de contagio de VIH en Euskadi, con un 44,3% de los casos. Los nuevos diagnósticos representan una proporción de 7,3 por cada 100.000 habitantes, unas cifras similares a las de años anteriores, resultando la mayoría de afectados, hasta en un 80%, varones.

Son algunos de los datos recogidos en la memoria del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual presentado por Jon Darpón, el coordinador del plan, Antonio Arraiz, y la presidenta de Euskalsida, la federación de asociaciones que trabajan en el ámbito de esta enfermedad, Marta Pastor, y Joseba Rekalde, de la asociación Harribeltza.

En la comparecencia, Darpón subrayó la calidad de vida de las personas con sida, “con una esperanza de vida muy cercana al resto de la población, todo ello propiciado por los espectaculares avances en el tratamiento antirretroviral”, pero destacó que el VIH “no es una enfermedad erradicada” porque “cada año se producen nuevas infecciones en el mundo, en Europa y en Euskadi”. Aunque la media de edad se sitúa en torno a los 39 años, el 64% de los nuevos contagiados supera los 40 y el 12% tiene más de 49, lo que evidencia, a juicio del titular de Salud, que existen “más variables que la falta de información” a la hora de explicar los nuevos casos.

Mientras la vía parenteral a través de inyección de drogas continúa el descenso iniciado en los años noventa y representa solo el 6,3%, la transmisión en hombres que tienen sexo con hombres mantiene la tendencia ascendente que se espera “siga creciendo”, declaró Darpón.

Dirigido a este colectivo, el Servicio Vasco de Salud puso en marcha hace cinco años la consulta on line que permite plantear de forma anónima prácticas de riesgo o síntomas y recibir consejos o derivación a centros asistenciales para ser tratados con retrovirales. En los últimos cinco años 526 hombres han entrado en esta aplicación y la han utilizado.

6.384 EUROS POR PACIENTE Desde 1984 se han diagnosticado 5.930 casos de sida y continúa la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales. Respecto al gasto en este tipo de terapias, el año pasado fueron atendidos 5.661 pacientes lo que supuso un desembolso para Osakidetza de 36,1 millones de euros, (6.384 euros por paciente), un 3% más que en 2015.

Entre las iniciativas puestas en marcha para estas personas, Osakidetza implantó el pasado año el programa Paciente Activo de la Escuela de Salud. En ese marco, y con la colaboración de ONGs que trabajan en este ámbito, “se está capacitando a formadores que van a permitir llegar a pacientes a los que enseñar cómo mejorar su autocuidado para conseguir que esas personas dispongan de una mayor autonomía en la gestión de su enfermedad y que sepan hacer frente a los nuevos problemas de salud a las que les conduce una edad más avanzada y una enfermedad que, afortunadamente, se ha hecho crónica”, según fuentes de Salud.

Por su parte, la presidenta de Euskalsida, Marta Pastor, situó la lucha contra el estigma de la enfermedad como otro de los retos pendientes. En este sentido señaló que trasladará al Parlamento Vasco la necesidad de que la legislación estatal cambie la calificación del sida como enfermedad “infecto contagiosa” por “infecto transmisible” para que de esta manera las personas con VIH puedan optar a oposiciones como bomberos o policía.

CONTAGIO

PROGRAMA PREVENTIVO

CASOS DESDE 1984

5.930

Bizkaia 51,3%

Gipuzkoa 38,5%

Araba 10,2%

GRITO INEQUÍVOCO DE LIBERTAD

La proposición de ley sobre los derechos de las personas LGTBI supone un avance en el quehacer cotidiano de estos colectivos y una mayor protección legal

AITZOLE ARANETA, MIEMBRO DEL CCE DE PODEMOS; DAVID BRAVO; PABLO IGLESIAS, SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS; Y SOFÍA CASTAÑÓN, SECRETARIA DE FEMINISMOS INTERSECCIONAL Y LGTBI

 

Unidas Podemos defendió ayer en el Pleno del Congreso la ley de derechos de las personas LGTBI propuesta por los colectivos expertos en la materia. Los escalofriantes datos no hacen sino confirmar la pertinencia de esta ley, valiente y pionera a nivel internacional: son 236 las agresiones registradas en una única comunidad, Madrid, en un único año, 2016, los que demuestran que el ser percibido como LGTBI es aún, en 2017, motivo de burla, estigma, discriminación y agresión. Que, aún hoy, las mujeres lesbianas reciben una atención desigual en la sanidad pública. Que hasta un 90% de las mujeres trans está en paro, que las personas trans en su conjunto son negadas y patologizadas por parte de la sociedad o en su contacto con los servicios de salud, que tener pluma puede ser peligroso si tienes intención de salir a la calle, o que ser LGTBI es el motivo citado como más frecuente en los llamados «crímenes de odio»; son motivos más que suficientes para registrar esta propuesta de ley. Ojalá no hubiera necesidad de esos diecinueve capítulos que la componen y que van acompañados de un repaso histórico y geopolítico de la lucha LGTBI en su preámbulo, junto con las disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias y finales correspondientes.

Como estamos orgullosas de la proposición de ley que esta semana defendemos en Pleno, mentamos al elefante dentro de la habitación justo para decir que ya no hay elefante tal. Hablamos de la ley de derechos de las personas LGTBI y del polémico artículo que abría la puerta a la sanción administrativa en casos de expresiones ofensivas o vejatorias, que hace unos meses acaparó la atención y que hoy nuestro grupo parlamentario enmienda sin detrimento del espíritu y valentía de la ley propuesta por los colectivos.

Radica la polémica en dos cuestiones: primero, en la posibilidad de que un órgano administrativo –y no un juez– pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley. Segundo, que un órgano administrativo –y no un juez– pueda imponer multas por expresiones que considere no amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Sobre la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones» en virtud de orden judicial. Teniendo en cuenta que esa cuestión se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado revuelo. Algo comprensible, teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es ofensa. El riesgo de que sea este órgano quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer multas según sus propios criterios es evidente. Se trata de una herramienta que rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta el punto de ser intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco está en duda que no existe el derecho al mero insulto, menos aún cuando éste tiene su base en la orientación sexual, la identidad sexual/de género, la expresión de género o las características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer a los jueces competencias en materia de libertad de expresión –que deben ser exclusivamente suyas– porque, esta vez, es fácil caer en el error de creer que el fin sí justifica los medios.

Es un error porque entonces se abrirían órganos administrativos para la protección de otros colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será incoherente adoptar otra postura. Es un error porque mañana las compañeras de la procesión del coño insumiso estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Es un error porque, en democracia, no se debe ser juez y parte.

Una vez manifestada la convicción de Unidas Podemos de retirar las sanciones administrativas en relación a la expresión de este proyecto de ley, no cabe sino alegrarse por el avance que puede suponer esta iniciativa en el cotidiano de muchas personas, en cosas tan sencillas como el ir con más tranquilidad por la calle o tener una mayor protección legal si lo que te toca es ser la parte excluida de ese conjunto de reglas no escritas que aún rigen nuestro mundo. No cabe sino alegrarse de que todo el tejido asociativo LGTBI abrace ya ese grito de despatologización conjunto que hace diez años exigían los colectivos más alternativos y menos oficialistas del activismo LGTBI y trans. Porque el grito unívoco de libertad que expresa este proyecto de ley es ya una batalla ganada, antes incluso de iniciar su tramitación parlamentaria.

El Congreso aprueba tramitar la ley de igualdad LGTBI con la abstención del PP

El texto suprime el examen médico para que los transexuales cambien de nombre y permite a los mayores de 16 años cambiar de sexo sin permiso paterno

 

ALFONSO TORICES Madrid

La toma en consideración de la norma, elaborada por la federación nacional de estos colectivos y presentada en la cámara por Podemos, fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero la unanimidad fue imposible, pues el PP, que en junio dijo que daría su sí a la tramitación parlamentaria, hoy se abstuvo.

Los populares, pese a evitar el voto negativo, mostraron su «rotunda oposición» al texto presentado, también duramente descalificado por organizaciones educativas y ciudadanas conservadoras. El PP calificó el documento de «torpe», «chapucero», «peligroso» y «delirante» y anunció una enmienda a la totalidad con texto alternativo, «con otra ley antidiscriminación LGTBI».

El partido del Gobierno enumeró una larga lista de desacuerdos, pero lo que calificó de «inadmisible» es que el proyecto autorice a los transexuales mayores de 16 años a operarse para el cambio de sexo sin precisar permiso paterno y a los jóvenes en la misma situación a hormonarse desde la pubertad también sin necesitar autorización de los padres.

Podemos y PSOE aferon al PP que anunciase su sí para poder participar por primera vez en la manifestación del Orgullo LGTBI, en junio pasado, pero que hoy rompiese la unanimidad en el Congreso. Socialistas y Ciudadanos, no obstante, ya avisaron de que no están de acuerdo con algunos puntos del texto, en unos casos por razones técnicas y en otros por cuestiones de fondo, y que tratarán de modificarlos en la fase de enmiendas parciales.

Uno de los puntos más polémicos del texto es la creación de una agencia estatal independiente que, además de evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos de la ley por las administraciones, también impondrá sanciones, de hasta 45.000 euros, a las personas u organismos que infrinjan las disposiciones de la ley o vejen o discriminen a los miembros de estos colectivos.

El texto, a lo largo de 58 páginas, adopta medidas en pos de la igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos: familia, sanidad, educación, cultura, ocio, justicia y seguridad, laboral o administrativo.

Cambios en la escuela

La proposición de ley pregona la autodeterminación a la hora de la elección de género, por lo que permite que cualquier transexual pueda cambiar su sexo y nombre en el registro sin el examen psiquiático y el tratamiento que ahora se les exige y también autoriza a las parejas de lesbianas a inscribirse como madres del hijo de una de ellas aunque no estén casadas.

El documento garantiza el derecho de todas las mujeres a someterse a las técnicas de reprodución asistida en centros públicos con independencia de su orientación sexual -algunas comunidades excluyen a lesbianas y solteras-y asegura una atención sanitaria sin discriminaciones ni trabas a los transexuales y a los transgénero.

El texto también prevé cambiar los libros de texto de Primaria y de Secundaria para que recojan con normalidad la diversidad sexual, de género y familiar y autoriza a los transexuales y transgénero a utilizar en los colegios y centros públicos los aseos correspondientes al género con el que se identifican.

Se recoge una formación específica a policías, jueces, maestros y sanitarios para lograr un cambio cultural respetuoso con la diversidad sexual y para potenciar la persecución de los delitos de odio y se prohíben de forma expresa las terapias para revertir la homosexualidad, con sanciones muy graves en caso de incumplimiento.

Una comisión interministerial coordinaría la ejecución de políticas públicas respetuosas con la ley y se crearía un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

 

Más información

Podemos impulsa que los menores puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres

Pese al apoyo de la mayoría de grupos, se abren ahora a debate medidas polémicas, como que los menores puedan hormonarse desde “la pubertad”

Concentración de Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados contra la Ley LGTBI. BERNARDO DIAZ

El Congreso ha aprobado por amplia mayoría iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad LGTBI presentada por Unidos Podemos, que pretende atajar la discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en todos los ámbitos sociales; entre ellos, el educativo, el sanitario o el laboral.

El texto cuenta con la oposición de grupos como Hazte Oír, cuyos miembros han escenificado su rechazo en las puertas de la Cámara Baja, y suscita algunas dudas en el PSOE o Ciudadanos, que, aunque expresaron su respaldo al proyecto de ley, anunciaron ayer la necesidad de incluir importantes modificaciones en los próximos meses para «mejorar» la parte «jurídica» ante algunos artículos que podrían caer en la «vulneración de derechos fundamentales», como el de la libertad de expresión, o en la «discriminación» de otros sectores de la población.

Más crítico fue el PP, que, aunque aceptó la necesidad de una ley de este tipo, anunció una enmienda a la totalidad para presentar un proyecto alternativo porque el actual texto es «torpe», «chapucero» y produce un «menoscabo a los derechos de otras personas». Además de permitir -como criticó duramente su portavoz Marta González– que los menores de edad puedan operarse para cambiarse de sexo sin el consentimiento de sus padres.

El PP expresó su «rotunda oposición» a ésta y otras medidas controvertidas contempladas en el proyecto de ley, aunque ayer optó por abstenerse para dar ese debate durante la tramitación en comisión.

Por su parte, Unidos Podemos mostró su entusiasmo por una ley hecha por los colectivos LGTBI que calificó de «pionera» y que dijo que se convertirá en un ejemplo para el resto de países, comparando su calado al de otras leyes como la del matrimonio homosexual.

Éstas son las medidas más destacadas del actual proyecto de ley:

Cambio de sexo de menores

Es el punto más controvertido. Los menores de edad podrán operarse para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres a partir de los 16 años. Se rebaja en dos años esa posibilidad que hasta ahora se fijaba en los 18. Para la cirugía transexual de los 16 a los 18 hacía falta la autorización de un juez.

Además, el mismo artículo afirma que, «a partir de la pubertad» -un concepto vago y genérico que no determina una edad concreta-, los menores de edad podrán acceder «a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado».

Fuentes del PSOE explican que aún no tienen posición en este artículo y que deben estudiarlo, mientras que desde Cs anunciaron que presentarán una enmienda para «aclarar, mejorar o corregir» estas medidas, igual que otros aspectos.

Educación de género

El artículo 40 dice que «deberá» recogerse «en todas las asignaturas y cursos la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar», una cuestión que también impone expresamente en la Educación Infantil.

Vestuarios y baños escolares

En los centros educativos, los alumnos podrán utilizar las instalaciones, como los baños o los vestuarios, conforme a su «género sentido». Ya se aplica en la Comunidad Valenciana.

El nombre elegido

En función del «género sentido», los alumnos pueden reclamar que el centro se refiera a ellos con otro nombre, elegido por el menor, y que se refleje en los listados o las calificaciones académicas, como ocurre con la ley de la Comunidad de Madrid.

Sin examen psicológico

La transexualidad dejaría de considerarse una enfermedad o un trastorno y se establece la libre autodeterminación del género. Con ello, este colectivo ya no necesitará un examen psicológico que diga que sufre disforia de género (trastorno de identidad) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo.

Reproducción asistida para lesbianas

Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

Equiparación a violencia machista

La violencia en parejas del mismo sexo se equipara a la violencia machista y, por tanto, se reconoce a las víctimas los mismos derechos y las mismas prestaciones sociales.

Beneficios laborales

Los transexuales serán considerados en su conjunto como un colectivo en «riesgo de exclusión social», no caso por caso. Eso le dará acceso a beneficios laborales. Habrá incentivos para su contratación y bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos.

Medios de comunicación

Se pretende obligar a los medios -principalmente las televisiones- para que incluyan en su programación, «para todas las franjas de edad», la promoción del colectivo LGTBI.

Una agencia que controla todo

Otra de las cuestiones más polémicas es la creación de una agencia estatal contra la discriminación con competencia para «incoar, instruir y resolver» el régimen sancionador, por encima de los jueces o los policías. El artículo 90, que regula todo lo relacionado con las infracciones, establece un duro régimen de medidas cautelares. Los críticos sostienen que la ley «suprime la presunción de inocencia».

La proposición de Ley LGTBI y la libertad de expresión

Es necesario frenar la opresión que sufre el colectivo LGTBI, pero es inaceptable que sea un órgano administrativo y no un juez el que pueda imponer multas por expresiones que considere ofensivas contra él

Marcha del Día del Orgullo. EFE

 

Advertía Boaventura de Sousa Santos de “l os intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial”, lo que se consigue con la “transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo”. Hemos visto en los últimos años cómo los poderes legislativo y ejecutivo han caído ya demasiadas veces en esta tentación, sustrayendo al poder judicial lo que antes era de su competencia exclusiva.

Ocurrió así con la llamada Ley Sinde, aparecida en un momento en el que los jueces tenían la mala costumbre de no dar la razón a las grandes corporaciones que ostentaban derechos de propiedad intelectual. El movimiento era tan burdo que no hubo nadie que no viera que el gol se estaba metiendo con la mano: en mitad de un partido que se perdía por goleada, se cambió al árbitro y ahí justo empezó la remontada.

Aprovechando el precedente abierto gracias a esta propuesta del PSOE, el PP se vio legitimado para continuar la senda: la Ley Mordaza creaba un cuerpo específico de infracciones administrativas en un contexto en el que los jueces tendían a hacer una interpretación expansiva del derecho fundamental de reunión y manifestación. En este mundo donde un gol ilegal lo ha metido la mano de Dios si lo marca nuestro equipo, no sorprendió a casi nadie que muchos de los que aplaudieron la Ley Sinde criticaran ferozmente la Ley Mordaza. La desmemoria y la falta de coherencia ideológica permite hacerlo pese a que la segunda no puede entenderse sin el éxito de la primera.

Es evidente para cualquiera con unos cimientos democráticos básicos que las dos leyes, las promueva quien las promueva, eran intrínsecamente peligrosas y abrían una brecha por la que ya podía colarse todo. 

Lamentablemente se cayó inicialmente en esta tentación con la Proposición de Ley por los Derechos LGTBI presentada por Unidos Podemos, que ha levantado críticas por dos aspectos esenciales de su articulado:

1.- La posibilidad de que un órgano administrativo y no un juez pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley.

2.- Que un órgano administrativo y no un juez pueda imponer multas por expresiones que considere que no están amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Respecto de la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional y sorprende que haya pasado algún filtro antes de proponerse. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones” en virtud de orden judicial.

Teniendo en cuenta que la primera cuestión criticada se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado mayor revuelo. No es para menos teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es una ofensa. El riesgo de que sea este órgano creado al efecto quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer una multa según sus propios criterios, es evidente. Se trata de un arma que  rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta tal punto que es intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco lo está que no existe el derecho al mero insulto, y menos aún cuando tiene su base en la orientación sexual, identidad sexual/de género, expresión de género o características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer competencias exclusivas a los jueces en materia de libertad de expresión porque esta vez entendemos que el fin sí que justifica el medio. 

Y es un error porque mañana se abrirán 30 órganos administrativos para la protección de otros 30 colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será difícil oponerse cuando ahora no se ha hecho. Es un error porque mañana las compañeras de la “Procesión del Coño Insumiso” estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Estoy seguro de que esos colectivos verán también muy obvio que en esos casos lo que hay es un insulto y nada de libertad de expresión y que para determinar algo tan evidente un juez es un lujo innecesario. 

Para justificar estos artículos de esta proposición de Ley no podemos ampararnos en que ya se aplican otros semejantes en varias Comunidades Autónomas. Ese argumento, que convierte mágicamente un error en acierto si ya se cometió antes, es exactamente el mismo que se usará cuando se continúe esta senda tan peligrosa. Lo que se dirá es: “no está tan mal que se constituya el órgano de la AVT para analizar si los chistes de Zapata son solo humor o encierran en realidad una auténtica ofensa, ya se hace con los colectivos LGTBI y no creemos que las víctimas del terrorismo tengan menos derecho”. Esto que hago es una predicción, pero en la misma medida en la que también lo es prever que lo inmediatamente posterior a escupir al cielo será limpiarte la cara.

Es evidente la necesidad de frenar la opresión que sufre un colectivo como el LGTBI, pero esta forma escogida, y me refiero solo a la parte de la propuesta de ley que está en debate, no es adecuada. Y no lo es porque este arma que se plantea usar como atajo para facilitar el camino, mañana apuntará a ese mismo colectivo. Apuntará a todos. Y para cuando eso ocurra se habrá perdido toda legitimidad para oponernos.

Los artículos controvertidos permanecen todavía en el texto que se ha presentado a discusión en el Pleno del Congreso, aunque Unidos Podemos ya ha anunciado que terminará retirándolos durante el trámite parlamentario, en una suerte de “autoenmienda”. En ese caso se demuestra que las críticas eran tan acertadas como para obligar a una marcha atrás y también que Unidos Podemos tiene más cintura que a la que nos tienen acostumbrados los demás partidos, lo que supone un alivio que solo se puede celebrar. 

No obstante este episodio nos debe llevar a la reflexión de lo fácil que resulta debilitar un derecho fundamental cuando estamos ante una situación que apreciamos como grave, sea esa gravedad real -como sin duda lo es la opresión del colectivo LGTBI- o ficticia. Nos tiene que hacer considerar también el déficit de cultura democrática que padecemos si sectores sociales que se consideran progresistas vieron injustas las críticas a la creación de estos órganos administrativos con poder de recortar la libertad de expresión solo porque esta mordaza la consideraban concebida para el bien. Tenemos que entender de una vez que la libertad de expresión es un músculo muy particular: se puede perder en apenas unos días pero se tardan literalmente décadas en lograr devolverle toda su potencia. Si este derecho se debilita -y ya el Gobierno lleva tiempo recorriendo ese camino para conseguirlo- hay que defenderlo de forma radical, aunque eso implique ponerte circunstancialmente en contra de los colores de tu propio partido. Mejor ser calificado hoy de desleal que mañana de cómplice.

El Congreso comienza a debatir la primera ley estatal de derechos LGTBI

Pancarta en la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid este 2017. ÁLVARO MINGUITO

La primera ley estatal LGTBI comienza a dar sus primeros pasos. El Congreso votará este martes la toma en consideración de la norma, que será defendida por Unidos Podemos en el pleno, para comenzar el posterior trámite parlamentario. La mayor parte de partidos, entre ellos PSOE y Ciudadanos, ya anunciaron su apoyo hace unos meses, salvo el PP, que no ha confirmado todavía su postura, pero sobre el que planea la posibilidad de la abstención.

El proyecto de ley, redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), fue presentado a las formaciones hace un año, cuando comenzaron a definir sus posiciones. El objetivo es establecer un marco contra la LGTBIfobia que haga frente a las discriminaciones que todavía sufre el colectivo para asegurar, reza el proyecto de norma, que “en el estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad”.

Barcelona incorpora el ‘chemsex’ por primera vez como un problema de salud pública

El Plan de Drogas del Ayuntamiento abordará el fenómeno tras atender en 2016 unos 200 casos de consumo problemático de sustancias para practicar sexo

El psicólogo de BCN Checkpoint, Antoni Gata, atiende a un paciente en el centro comunitario CARLES RIBAS

Las consecuencias del chemsex —un fenómeno casi exclusivo del colectivo gay y que se caracteriza por consumir varios tipos de drogas para mantener relaciones sexuales durante largos períodos de tiempo— ya son un problema de salud pública. El Ayuntamiento de Barcelona abordará los peligros de esta práctica dentro del Plan de Drogas municipal pues, pese a ser un fenómeno residual entre el colectivo, tiene riesgos importantes: puede extender las infecciones de transmisión sexual (ITS) y generar dependencia a sustancias tóxicas. Barcelona atendió el año pasado 193 casos de consumo problemático de sustancias para tener sexo.

Si bien es cierto que el uso de drogas recreativas en contextos sexuales no es nuevo y no se circunscribe al colectivo gay, el chemsex tiene unas características particulares: por ejemplo, el uso de determinadas sustancias (especialmente mefedrona, metanfetamina y GHB) para aguantar largas sesiones de sexo que pueden durar días.

La combinación de estas drogas permite aguantar las fiestas sexuales pero deja a los participantes en un estado de semiinconsciencia que reduce la percepción de riesgo. Esto significa que pueden aumentar las conductas sexuales de riesgo (sin preservativo) y, en consecuencia, la transmisión de ITS. De hecho, según el centro comunitario BCN Checkpoint, el chemsex puede triplicar el riesgo de infección por VIH en el colectivo gay.

Pero el Ayuntamiento y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) han puesto el foco en la cara menos visible del fenómeno: el consumo problemático y/o la dependencia a algunas sustancias para tener sexo. Los centros comunitarios que atienden a este colectivo ya han empezado a reportar los primeros casos de consumo problemático de sustancias tóxicas vinculadas al sexo e incluso entidades como BCN Checkpoint han abierto consultas psicológicas para abordar estas situaciones. El Plan de Drogas del Ayuntamiento es tajante: “En los últimos años ha habido un aumento del porcentaje de hombres que inician tratamiento por trastornos de consumo de estas sustancias [metanfetaminas, mefedrona, GHB o ketamina] y en 2016 estos suponían el 7% del total de inicios de tratamientos por trastornos por uso de sustancias en hombres”. Desde 2013, este porcentaje se ha duplicado.

En el plan, la ASPB y el Ayuntamiento han puesto en marcha una estrategia para desplegar, a corto plazo, programas de prevención y tratamiento por el uso de sustancias asociadas a contextos sexuales entre el colectivo LGTBI. En este sentido, el Consistorio apuesta por una atención “personalizada” a las personas detectadas con esta problemática y que requieran una intervención breve o un proceso terapéutico de larga duración. “Se trata también de una estrategia de reducción de daños y poner el acento también en casos muy iniciales para evitar que lleguen a tener un consumo problemático”, concretó ayer Maribel Pasarín, directora del Observatorio de Salud Pública de la ASPB.

El Consistorio analizará la dimensión del problema y estudiará la necesidad de crear nuevos circuitos de atención especializada para estas problemáticas.

Detección precoz de la adicción al móvil

El Plan de Drogas municipal también incorporará otra línea de acción para abordar nuevos consumos problemáticos, como el del uso del móvil y las pantallas, especialmente en adolescentes. Las escuelas fueron las que dieron la voz de alarma y los responsables de salud pública decidieron poner en marcha estrategias para detectar de forma precoz los casos incipientes.

Las señales de alarma, aseguran, saltan, por ejemplo, cuando el joven deja de hacer algo para conectarse o está preocupado cuando no está conectado.

 

EL CONSUMO DE HEROÍNA, ESTABLE

Los responsables de Salud Pública han matizado que, pese a la alerta que han suscitado los pisos de compraventa de heroína en el barrio del Raval, el consumo de heroína en la ciudad no ha aumentado. Sigue estable. “Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en el Raval por la gente que hay muy vulnerable y porque esta situación nos dificulta la lucha contra el estigma”, ha reconocido la tercera teniente de alcalde, Laia Ortiz.

Con todo, la comisionada de Salud, Gemma Tarafa, sí ha reconocido que, en concreto, en el barrio del Raval, el número de jeringuillas recogidas en la calle aumentó en junio y julio, pero volvió a bajar a finales de agosto. “Hay que seguir el proceso y ver cómo evoluciona. No se pueden sacar conclusiones”, ha apuntado. Pasarín ha concretado también que “más que un aumento, ha habido un movimiento” de consumidores de zonas metropolitanas, como La Mina, hacia el Raval, coincidiendo con los cambios en el mercado de venta de estas sustancias.