Prostitución y ciudadanía

La legalización y regulación de la prestación de servicios sexuales puede ser deseable, toda vez que las mujeres están mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad. El Estado velaría para evitar situaciones de abusos y coacciones

mercado laboral

Si existe un debate difícil, ese es el debate sobre prostitución, en parte por la complejidad del tema, en parte por la marginación y el estigma de las personas que podrían estar más interesadas en el desarrollo del mismo, o también por el desinterés en la existencia de un debate serio de quienes obtienen ingentes beneficios de esta actividad, o, más importante todavía, por la existencia de un poderoso sector de la ciudadanía que podríamos calificar de impecable e implacable. Lo cierto es que en nuestro país todo lo anterior da como resultado una situación de alegalidad e indefensión de un número importante de mujeres. Hay hombres y transexuales también en esta actividad, pero hablar en femenino refleja mucho mejor la realidad. Por supuesto, los indispensables clientes adoptan el papel de ciudadanos irresponsables.

El primer escollo importante en este debate, para muchos insalvable, es el de definir de qué hablamos cuando hablamos de prostitución o, mejor, de qué no hablamos. No hablamos aquí de trata de personas con fines de explotación sexual, ni de esclavitud, ni de ejercicio forzado, ni de tráfico, o de inmigración. Vamos a hablar de prostitución definida como “prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados” (Maqueda). Adoptar una definición como la anterior supone una clara toma de posición.

La posibilidad de un ejercicio voluntario de esta actividad no es admitida pacíficamente. Es cierto que vivimos en una sociedad patriarcal y sexista en la cual las mujeres han ocupado tradicionalmente y todavía ocupan en buena medida posiciones de subordinación con respecto a los varones. Y por tanto no estamos en una sociedad igualitaria. En este contexto, puede ser que cierto tipo de elecciones y de preferencias, en ocasiones, tengan que ver en alguna medida con preferencias adaptativas, es decir, con ese tipo de preferencias que por decirlo de algún modo más coloquial “hacen de la necesidad virtud”. Las personas acaban prefiriendo algo que en un contexto diferente no sería una opción deseable. En este caso, consentir en el ejercicio de una actividad como la prostitución reflejaría los deseos deformados por las condiciones del sexismo cultural y unas determinadas condiciones socioeconómicas. Si llevamos esta posibilidad al extremo, no cabría una presunciónprima facie de que se ha consentido libremente en ninguna relación sexual que podamos identificar con actividades de prostitución.

No se trata meramente de despenalizar, sino de regular con una finalidad de proteger

Sin embargo, hemos de ser conscientes de que si admitimos lo anterior, y puesto que la desigualdad patriarcal permea por completo todas nuestras sociedades y todas nuestras actividades, la conclusión lógica sería que el consentimiento, cualquier consentimiento otorgado por las mujeres, al seguir inmersas en sociedades patriarcales y en situaciones de desigualdad, carecería de valor, pues nunca sería un consentimiento genuino. Si damos este paso, las consecuencias serían devastadoras y completamente indeseables, fundamentalmente para las mujeres, pero también para el resto de la sociedad. Dejaría a las mujeres inermes e incapacitadas para actuar como personas y como ciudadanas.

La prostitución es una actividad mercantil y aunque podríamos calificar a ciertos mercados como mercados nocivos, sin embargo, de tal calificación no se seguiría siempre que un mercado de ese tipo haya de prohibirse, pues en ocasiones esa prohibición intensificaría los problemas que nos han llevado a condenar ese mercado en un primer análisis. En la evaluación de los mercados no hay que olvidar nunca los efectos sobre ricos y pobres, sobre hombres y mujeres, y sobre los más y menos poderosos. Las preguntas pertinentes a la hora de realizar evaluaciones van desde cuestionar en qué medida contribuyen a una mayor igualdad, qué tipo de regulaciones y de límites son deseables y cuál es su relación con una idea de igual ciudadanía. En los análisis acerca de la prostitución, sin dejar de atribuir a esta actividad, tal y como se realiza actualmente, una influencia negativa en la persistencia de la imagen de subordinación de las mujeres y por tanto favorecedora de la desigualdad, aun así, su legalización y su regulación pueden ser deseables, pues las mujeres se encuentran en una posición mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad. Y el poder que pueden lograr las mujeres a partir de una regulación que las tome en consideración y castigue severamente los abusos y las coacciones, contribuiría a que alcancen una situación más simétrica en ese mercado y más igual en la sociedad.

Una prostituta no se vende ella misma, ni renuncia a su dignidad, si tal cosa pudiera hacerse

La consideración de la prostitución como un trabajo podría ser una manera de formalizar una actividad ejercida por unas mujeres, que posiblemente no sean las que pueden optar por un abanico de elecciones más amplio, y que al dedicarse a esa actividad van a quedarse desprotegidas y privadas de derechos y por tanto completamente vulnerables. La laboralización de esa actividad es lo que permitiría clarificar de una vez por todas que una prostituta no se vende ella misma, ni renuncia a su dignidad, si tal cosa pudiera hacerse, simplemente vende un servicio. Sin olvidar que el reconocimiento de su actividad como trabajo permitiría a estas mujeres acceder a la ciudadanía con plenitud de derechos, en igualdad de condiciones que los demás trabajadores, acceso que de otro modo se les niega con las implicaciones de marginación y discriminación que conlleva tal negativa. No se trata meramente de despenalizar, sino de regular con una finalidad de proteger, y esto implicaría un tipo de legislación especialmente cuidadoso con la especificidad de la actividad que se aborda. Regular esta actividad tiene que suponer, además, el firme compromiso por parte del Estado de no permitir ninguna situación de coacción y de vigilar y castigar con rigor cualquier violación en este sentido.

Para terminar, nos encontramos actualmente en una situación de regulación de la prostitución por defecto. No hay apenas regulaciones, excepto tímidos intentos municipales, pues las Administraciones no están dispuestas a asumir el coste que supone una regulación frente a la ciudadanía impecable e implacable. Así, el resultado es que ciertos grupos de presión fuertemente organizados van imponiendo sus intereses y logrando una completa impunidad e ingentes ganancias, y en la confusión, a veces interesada, en torno al tema de la prostitución, las mujeres que ejercen esta actividad siguen sometidas a los poderes mafiosos y completamente desprotegidas. Ante la incomodidad del tema, y lo bronco que puede llegar a ser este debate, tenemos que pensar con Rafael del Águila, que “hemos de resistir la tentación de convertirnos en satisfechos ciudadanos (y ciudadanas) implacables o impecables, para arrostrar la más modesta tarea de ser ciudadanos reflexivos a secas. Y no hay ley, regla o derecho que nos exima de esa responsabilidad y de los riesgos que comporta”.

Elena Beltrán es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Suscriben el presente texto Alfonso Ruiz Miguel, Antonio Arroyo Gil, Antonio Rovira, Blanca Mendoza, Blanca Rodríguez Chávez, Borja Suarez, Elena García Guitián, Enrique Peñaranda, Esther Gómez Calle, Fernando Martínez, Fernando Molina, Gregorio Tudela, Ignacio Tirado, José Luis López, José Ramón Montero, Juan Antonio Lascuraín, Juan Carlos Bayón, Julián Sauquillo, Laura Beck, Luis Rodriguez Abascal, Manuel Cancio, Manuel Sánchez Reinón, María Moreno, Mario Maraver, Marisa Aparicio, Marta Lorente, Mercedes Pérez Manzano, Pablo de Lora, Pilar Benavente, Pilar Pérez Álvarez, Soledad Torrecuadrada, Susanne Gratius y Yolanda Valdeolivas, profesores de la Facultad de Derecho de la UAM y miembros del Colectivo DeLiberación.

Agreden en Madrid a una pareja de homosexuales tras preguntarles si eran “maricones”

El colectivo Arcópoli pide que haya más seguridad para las personas LGTB en la capital.

MADRID.- El colectivo Arcópoli ha denunciado este lunes una agresión homófoba que tuvo lugar la madrugada del pasado sábado en el centro de Madrid, cuando dos chicos de 25 años fueron increpados y uno de ellos golpeado al grito de “maricones”, según un comunicado de esta asociación.

Los agresores, que también tenían la intención de robar a estos dos jóvenes, fueron disuadidos por un viandante que acudió ante la llamada de auxilio de los agredidos.

Cuando los dos chicos volvían a casa abrazados después de tomar algo por Chueca (el barrio gay de Madrid), en la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía, se les acercaron dos personas que, tras preguntarles si eran “maricones”, propinaron un puñetazo a uno de ellos.

El mismo sábado, en cuanto el colectivo Arcópoli tuvo constancia de la agresión, atendió a una de las víctimas y le animó a poner una denuncia, que, según ha explicado, ha interpuesto hoy en el complejo policial de Moratalaz.

Arcópoli ha insistido en la necesidad de un plan de choque con las administraciones local y autonómica para frenar “el incremento en la inseguridad” de personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en el centro de Madrid.

“La mayoría se producen en las inmediaciones de Chueca, cuando las parejas del mismo sexo siguen visibilizándose de forma espontánea, pero sin estar ya en el barrio”, ha señalado.

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto se produjo otra agresión de este tipo también en la capital, concretamente en Alcalá de Henares. Entonces un grupo de neonazis agredieron e insultaron a varios jóvenes homosexuales dentro de uno de los locales de la ciudad al grito de “maricones”. En este caso no hubo denuncia, pues los neonazis fueron expulsados del bar y los jóvenes LGTB, lejos de acobardarse, continuaron bailando.

SUECIA ESTÁ MÁS LEJOS QUE NUNCA

ITZIAR ZIGA ACTIVISTA FEMINISTA

Que una organización no gubernamental con la relevancia y la autoridad moral en la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional haya decidido abogar por la despenalización del trabajo sexual, supone una victoria histórica. Y no porque los gobiernos vayan a dejar de hostigar policialmente a las prostitutas o a los clientes de una noche para otra. De sobra lo sabemos: si las peticiones de AI fueran atendidas, en el mundo ya no existiría tortura. Pero en el encarnizado tira y afloja de las últimas décadas, regulación versus abolición, hacía falta un tanto tan formidable como éste a favor de las putas. Sobre todo desde que Suecia decidiera en 1999 prohibir todo trabajo sexual ideando una fórmula novedosa: condenar a los clientes y tratar categóricamente a las putas como víctimas de violencia de género, en cuya redención el Estado estará dispuesto a invertir todo el dinero que haga falta. Es decir, que el gobierno pague a las prostitutas para que dejen de serlo en nombre de la igualdad. El gobierno que se lo pueda permitir, claro está. Más aún en estos tiempos de recortes sociales y precarización de multitudes.

Da igual, extender el modelo sueco prohibicionista a todo el mundo ha sido la obsesión de una élite de mujeres organizada como lobby y autoerigida para decidir qué trabajo es conveniente y cuál indigno para el resto de las mujeres, desde sus privilegios de raza y clase. Eso sí, en nombre del feminismo. Para ellas, ha dado igual que cien prostitutas okuparan una iglesia en Lyon el 2 de junio de 1975 para denunciar la represión policial que sufrían y que en pocos días, la protesta se extendiera a todo el Estado francés, emprendiendo el movimiento de las trabajadoras del sexo en Europa. Entre ellas estaba la pionera Grisélidis Réal, quien descansa desde 2009 en el Cementerio de los Reyes de Ginebra. Tampoco han querido escuchar nunca a Pia Covre y Carla Corso, fundadoras en 1983 de la Comisión por los Derechos Civiles de las Prostitutas italianas. Y que hoy siguen acercándose por la noche a las chicas que se prostituyen en las peores condiciones por su condición de migrantes indocumentadas en las carreteras del Este, para darles protección y trasferencia de saberes. Siempre son las prostitutas más concienciadas políticamente quienes cuidan de las putas más vulnerables. Y también una orden de monjas prodigiosas llamadas oblatas.

 

 

Al lobby abolicionista siempre le dio igual de qué vivirían las prostitutas si lograban implantar el modelo sueco, cada día más lejano. Nunca he escuchado a una abolicionista criticar la Ley de Extranjería ni relacionar prostitución con capitalismo. En realidad, nunca les he escuchado escuchar a mujeres que no piensan como ellas, menos aún a una puta o a una amiga de las putas. Creo que no hay nada más patriarcal que robar la voz a una mujer con la excusa de que es víctima. Por eso celebro tanto la decisión de Amnistía Internacional de apoyar las luchas de las putas: a partir de ahora no va a ser tan fácil enmudecerlas. O al menos intentarlo. Porque nunca lograron callarlas, ni valiéndose del estigma más misógino que existe y que nos daña a todas las mujeres. Las trabajadoras del sexo han librado una batalla heroica en todo el mundo. Y hoy son más fuertes que nunca.

«A mí otras mujeres no me van a decir qué es digno y qué no lo es»

MONTSE NEIRA  PROSTITUTA E INVESTIGADORA SOCIAL

Después de trabajar de dependienta, de mujer de limpieza y de camarera, Montse Neira (Barcelona, 1960) decidió probar suerte con la prostitución, con la cual pudo costearse sus estudios de Ciencias Políticas. Cuenta su experiencia en el libro «Una mala mujer» y es una de las voces más notables a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.

MONTSE NEIRA PROSTITUTA E INVESTIGADORA SOCIAL

¿Qué supone la decisión de Amnistía Internacional?

El paso es muy importante, porque es una entidad con mucho peso, pero no supone que los Estados vayan a actuar de acuerdo con esa premisa, por lo que queda mucho trabajo todavía. Pero sí que nos da a las personas que ejercemos la prostitución una herramienta para poder denunciar, lo cual no es poco, ya que somos uno de los colectivos más estigmatizados. No existimos. Además, el estigma lo que conlleva es que nos sintamos culpables, sintamos miedo, vergüenza… es lo que realmente nos hace vulnerables.

¿Cuál es la importancia de no perseguir al cliente?

Es que si se criminaliza a los clientes, ¡nos quitan el pan! Con la premisa de que sea un pacto consentido entre adultos, no se puede perseguir a una persona porque quiera pagar por sexo.

Los defensores de la prohibición ya han puesto el grito en el cielo…

Que se metan en sus asuntos y nos dejen tranquilas. Ahora ya nos acusan a las activistas proderechos de tener detrás a la industria del sexo. No se puede entender si no es por esos prejuicios y esas moralidades que les persiguen. Pero mira, a mí la dignidad como persona no me la da o me la quita nadie desde una posición de privilegio; con mi vagina, mi boca y mis manos hago lo que quiero. Y otros trabajos, que pueden ser muy dignos y aceptados, a mí no me dan de comer ni cubren mis necesidades básicas.

¿Qué le ha aportado a usted el trabajo sexual?

Yo empecé porque quería dejar de ser pobre y dejar de trabajar con cosas que me enfermaban. Me arriesgué y me salió bien, y además me di cuenta de que estaba bien, ganaba dinero, tenía una vida digna, cubría mis necesidades básicas y me podía permitir algún capricho y todo. Y con mis clientes estaba bien y con las demás relaciones sexuales también. ¿Acaso estaba haciendo algo mal, como algunas me querían hacer creer? Es entonces cuando me empoderé, me quité la vergüenza y empecé a dar la cara. A mí otras mujeres no me van a decir qué es digno y qué no es digno.

La resolución de AI incluye a los burdeles. ¿Qué le parece?

Es un asunto más complicado, porque yo he trabajado en burdeles y ahí sí que hay mucha explotación. Yo siempre digo que, si se legalizan tiene que ser para que la persona que ejerce la prostitución en un local sea la que decida las prácticas sexuales que quiere hacer y los clientes con los que quiere trabajar. Esa es la premisa que tenemos las independientes y la verdad es que en los burdeles no siempre se cumple.

NUEVO HITO EN LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LAS PROSTITUTAS

DESPENALIZACIÓN DEL COMERCIO SEXUAL CONSENTIDO

La decisión de Amnistía Internacional de asumir la demanda de despenalizar la prostitución consentida ha generado algunas exaltadas reacciones que han llegado hasta Hollywood. Aunque el debate sigue, la defensa de los derechos de las prostitutas se abre paso.

A prostitute holds a placard reading "clients penalised- prostitutes killed" as others wear masks during a demonstration of sex workers on December 4, 2013 in Paris, after French lawmakers approved today a controversial bill that will make the clients of prostitutes liable for fines starting at 1,500 euros ($2,000). AFP PHOTO / JOEL SAGET

La reciente revelación de que un local de alterne sufragó durante años la celebración de la fiesta del Pilar del cuartel de la Guardia Civil en Tutera, cuyo capitán al mando es amigo del propietario del prostíbulo (según “Interviú”), además de reflejar crudamente el país en el que nos ha tocado vivir, muestra la prostitución como realidad social indiscutible. Ha existido, existe y, siempre que siga habiendo dos personas dispuestas a intercambiar sexo por dinero y viceversa, seguirá probablemente existiendo.

El tema, antiguo, largo y espinoso, genera arduos debates entre las tesis abolicionistas, que abogan por la prohibición, y las demandas de derechos para las trabajadoras sexuales. Un debate que, por primera vez, la organización Amnistía Internacional ha encarado y desarrollado en toda su complejidad a lo largo de los últimos meses, proceso tras el cual aprobó este mes de agosto en Dublín una novedosa resolución según la cual Amnistía Internacional desarrollará «una política que apoye la plena despenalización de todos los aspectos del comercio sexual consentido».

Adoptada en un encuentro en el que participaron 400 delegados de 70 secciones nacionales, la resolución fue calificada de «histórica» por el secretario general de AI, Salil Shetty. Aunque explicó que no fue una decisión «fácil de adoptar», la defendió asegurando que «la criminalización del trabajo sexual consentido entre adultos puede resultar en un aumento de violaciones de las trabajadoras sexuales».

Pero que Amnistía Internacional dejase claro por activa y por pasiva que seguirán reclamando con firmeza la persecución de «la prostitución infantil, el tráfico de personas y de toda prostitución forzada» no fue suficiente para la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés), que durante el proceso de debate publicó una carta abierta en la que denunciaba que AI «se pone más del lado de los explotadores que de los explotados». «No hay ninguna lógica detrás de la premisa de que para proteger a los explotados tengas que despenalizar a los explotadores. No tiene sentido», señaló tras la aprobación de la resolución la directora ejecutiva de CATW, Taina Bien-Aime, en defensa de cuyas tesis se han manifestado varias actrices de Hollywood como Meryl Streep o Kate Winslet, aportando su glamour a las tesis abolicionistas.

«¿Y qué quieren, que para ganarme la vida les friegue las escaleras a esas pijas ricas? Pues no, prefiero ser puta, la verdad», contesta contundente Paula Ezkerra, miembro del colectivo Putas Indignadas del barrio del Raval de Barcelona.

Despenalización de los burdeles

En proceso de convertirse en cooperativa, el colectivo Putas Indignadas reclama el derecho a ejercer la prostitución en la vía pública, algo prohibido en Barcelona por las ordenanzas municipales. Ezkerra explica que en la calle se sienten más seguras, ya que tienen la libertad de elegir al cliente de forma autónoma y organizarse entre ellas. Algo que no siempre ocurre en los prostíbulos, tal y como señalan la propia Ezkerra o Montse Neira, entrevistada en la página contigua. Sin ir más lejos, el club Eros de Tutera, que ha servido para arrancar este texto, está investigado por trata y explotación.

Uno de los puntos más controvertidos de la resolución de AI es, precisamente, que se compromete a hacer campaña para que tampoco se persiga «a los proxetenetas y administradores de burdeles que no fuercen a las mujeres», lo que ha despertado las críticas de aquellos que, defendiendo la no persecución de prostitutas y clientes, se oponen a la existencia de burdeles. El debate sigue abierto y, en cualquier caso, Shetty ya dejó claro que la resolución no es más que la base «para adoptar una política para la protección de los derechos humanos de los trabajadores sexuales que ayudará a dar forma al trabajo futuro de Amnistía Internacional».

Una guía de la fundación de mujeres del PP dice que ser promiscua aumenta el riesgo de sufrir maltrato

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Una de las páginas del manual Las jóvenes como nuevas víctimas

La fundación del PP Mujeres en Igualdad considera que “la promiscuidad y el comienzo temprano de relaciones [sexuales]” son “factores de riesgo” que aumentan las posibilidades de que una chica joven sea víctima de violencia de género. Que “se muevan en entornos toxicómanos” o que tengan un “nivel bajo de escolarización y dificultades económicas” son otras de las variables que apuntan.

Además añaden que la vulnerabilidad de las jóvenes ante las agresiones machistas aumenta si son mujeres débiles emocionalmente –”baja autoestima, escasa asertividad, distanciamiento emocional, síntomas de ansiedad, dependencia emocional excesiva, trastornos de la conducta alimentaria, depresión crónica”– y si se mueven en un entorno conflictivo: “Pertenencia a pandillas violentas o grupos cerrados y clandestinos, exposición reiterada a la violencia en comunidad”.

“Un emparejamiento temprano” y “una maternidad prematura (15-20 años)” son otras de las causas a las que hacen referencia.

Mujeres en Igualdad, fundación del PP según la web del partido, recoge estas afirmaciones en un manual con el que pretenden “sensibilizar a las y los jóvenes contra el maltrato y dar las claves para detectarlo”. La guía titulada Las jóvenes como nuevas víctimas se publicó en 2011, sigue estando disponible en la página web de la organización, y fue elaborada gracias a una subvención de 11.005 euros otorgada por el Instituto de la Mujer (cuando estaba en el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero) y el Fondo Social Europeo.

En la guía no hacen referencia a las fuentes en las que se han basado para elaborar esta argumentación. Según ha explicado una portavoz de la organización a eldiario.es, han extraído la información de dos estudios, uno realizado en la Universidad del País Vasco y otro en la de  Maryland (Estados Unidos). Además, señalan que van a revisar esta información e intentarán renovarla ya que, según indican, su organización no defiende que la promiscuidad sea un factor de riesgo en la violencia de género.

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Una página del manual

Expertos en prevención de violencia de género apuntan que las conductas de las mujeres, como la promiscuidad a la que hace referencia el manual, nunca son causantes de agresiones. “La culpa de los malos tratos es de la sociedad machista y del maltratador, nunca de la víctima”, explica María del Carmen Cuadrado , experta en género y juventud. “La violencia no depende de ellas, sino de ellos. Con esta argumentación se está imponiendo un criterio moral. Se busca desviar la atención al cuestionar las agresiones que sufren las mujeres teniendo en cuenta su comportamiento”, responde Miguel Lorente , exdelegado del Gobierno para la violencia de género con el gobierno socialista que la financió.

Lorente explica que el organismo que él dirigía no tenía control sobre las partidas económicas que gestionaba el Instituto de la Mujer. Considera que si esta guía no se ajusta a lo que se planteó al solicitar la subvención “es exigible que se pida el reembolso de la cantidad económica recibida”.

Estos profesionales coinciden al señalar que no existe un perfil de posible víctima de agresiones machistas. El único factor de riesgo es ser mujer. “En el año 88 se insistía mucho en el perfil de la persona maltratada. Se planteaba que era una mujer con baja autoestima, dependiente, depresiva. Al final se llegó a la conclusión de que estas características eran las consecuencias de la violencia de género, no las causas”, continúa Lorente.

En esta guía señalan que las variables educativas y económicas son factores de riesgo, indican que aumenta la vulnerabilidad en mujeres con “nivel bajo de escolarización y dificultades económicas”. Sin embargo Cuadrado explica que existen malos tratos en todas las clases sociales, “aunque dependiendo del nivel económico cambia el tipo de agresión”. “Mientras que en un perfil socioeconómico más bajo el tipo de maltratador es una personas autoritaria, ejerce una violencia física más violenta y más directa. Al subir en la escala socioeconómica es un agresor más encubierto, más psicológico, más perverso”, aclara.

La mejor prevención, la educación

La asociación que ha promovido este manual, Mujeres en Igualdad, se define como una “organización estrechamente vinculada a la lucha contra la violencia de género”. “El objetivo principal es promover la participación de la mujer en la sociedad, con especial incidencia en temas de carácter educativo, cultural, medio ambiental, asistencial y, en general, en aquellos campos en los que debe tener una participación más activa y relevante”, añaden en la web del PP. La mayor parte de la junta directiva está compuesta por diputadas y eurodiputadas del partido . La Secretaria General es María del Carmen Fúnez de Gregorio , senadora popular.

Según explican en el manual, el objetivo de este documento es prevenir la violencia de género en jóvenes. Los expertos consultados por eldiario.es consideran que la formación en clase, en los colegios e institutos, es la forma más correcta de evitar las agresiones machistas. “La educación debe de ser continuada, no vale con dar solo una serie de recomendaciones. La violencia está construida en una forma de entender que se es hombre siendo controlador y que se es mujer aceptando a esos varones. Así que hay que cambiar esa identidad masculina y femenina. Por un lado, construyendo nuevas referencias identitarias para que no se llegue a la normalización de la violencia. Por otro, deconstruyendo muchos de esos elementos que están interiorizados como parte de la normalidad”, finaliza Lorente.

Oviedo cambia las normas para que ningún concejal pueda eludir casar a gais

Los funcionarios no avisarán con antelación de las bodas de personas del mismo sexo

Oviedo cambia las normas para que ningún concejal pueda eludir casar a gais

Oviedo cambia las normas para que ningún concejal pueda eludir casar a gais / EFE

La alcaldesa en funciones, Ana Taboada (Somos Oviedo), ha dado orden a los funcionarios de que no avisen con antelación de las bodas de personas del mismo sexo para evitar que algún concejal pueda eludir casar a parejas gais y evitar, de ese modo, “ciertos hábitos del anterior mandato” cuando era el Partido Popular quien gobernaba en la capital asturiana.

Hasta ahora, los funcionarios encargados de este servicio, avisaban previamente a los concejales de las bodas de personas del mismo sexo y de cuántas debían celebrar a la semana, lo que dejaba la puerta abierta a que algún edil pudiera eludir casar a homosexuales. Taboada señala que se avisaba “sólo de las bodas homosexuales” y afirma que ahora quiere “homogeneizarlo todo” y evitar que “ningún concejal sea reticente a casar a gais”, por lo que ha dado orden de no avisar con antelación.

El Partido Popular dice que “no nos consta” que se haya producido algún intento de escaqueo. El concejal, Gerardo Antuña, explica que, en el mandato anterior, había un turno rotatorio durante los fines de semana para las bodas y que, si algún edil no podía, “lo asumía el siguiente de la lista” pero que “esto no es el siglo XIX” y que “no distinguimos, la boda civil da lo mismo que sea entre personas del mismo sexo que no, es un debate muy superado”.

Histórico: demanda de pareja gay colombiana llega a la Corte IDH

Ángel Alberto Duque, portador del VIH, demandó al Estado colombiano por haberle negado durante más de diez años la pensión de sobreviviente tras la muerte de su pareja.

Ángel Alberto Duque (izq.), un ciudadano portador del virus de inmunodeficiencia humana –VIH-, reclama la pensión de sobreviviente que dejó su compañero, Jhon Oscar Jiménez (der.)

Ángel Alberto Duque (izq.), un ciudadano portador del virus de inmunodeficiencia humana –VIH-, reclama la pensión de sobreviviente que dejó su compañero, Jhon Oscar Jiménez (der.) Foto: Cortesía Comisión Colombiana de Juristas

Aunque en el año 2008, en una trascendental decisión, la Corte Constitucional les reconoció a las parejas del mismo sexo derechos patrimoniales, entre ellos el derecho de recibir el reconocimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes, los casos en los que a los homosexuales se les ha negado esa posibilidad se presentaron de forma recurrente.

Uno de ellos es el de Ángel Alberto Duque, un ciudadano portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), causal del sida, que desde el año 2001 libra una batalla jurídica por que se le reconozca el derecho a recibir la pensión de  su compañero, Jhon Óscar Jiménez, quien falleció después de 10 años de haber vivido juntos.

Desde el 15 de septiembre del 2001, cuando murió su compañero, Duque acudió al fondo de pensiones Colfondos para que le reconociera su derecho. Esa entidad le negó la solicitud y la decisión fue ratificada por varios jueces de la república, a pesar de la sentencia.

Ante la sistemática negativa, en el año 2015, Ángel Duque acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demandó al Estado colombiano y exigió que se le reconociera su derecho a la pensión en calidad de sobreviviente.

El diciembre del año pasado, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con el argumento de que a Ángel Duque, portador del VIH, fue víctima de discriminación por su orientación sexual, ya que las autoridades excluyeron “arbitrariamente formas diversas de familia como las formadas por parejas del mismo sexo”.

La CIDH, en su informe de fondo, señaló que los posteriores procesos judiciales iniciados por Duque “perpetuaron con sus decisiones los prejuicios y la estigmatización de parejas del mismo sexo, al reafirmar una percepción estereotipada del concepto de familia vinculada exclusivamente con la conservación de la especie y la procreación de los hijos”.

El caso de Ángel Duque es el segundo en América Latina y el primero colombiano sobre derechos de las parejas del mismo sexo que llega a la CorteIDH. Las pretensiones de Duque son que el Estado colombiano acoja la recomendación de la CIDH para que le repare por las violaciones de derechos humanos causadas por la negativa de concederle la pensión de su compañero. Pide que le den acceso ininterrumpido a servicios de salud y tratamiento para el VIH, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos similares. También exige que se capacite a las personas encargadas de resolver temas pensionales para que no haya discriminación en ocasión de la orientación sexual.

La CorteIDH anunció el período de sesiones extraordinarias que adelantará la próxima semana, las cuales adelantará en Honduras. Tendrán la discusión de dos casos, uno de ellos es precisamente el caso denominado Ángel Duque versus Colombia.

El Estado colombiano deberá responder por la exclusión de Duque de la pensión de sobrevivencia tras la muerte de su compañero y la discriminación de la que asegura haber sido víctima a causa de su orientación sexual. La cita para Colombia y Duque será el próximo martes 25 de agosto.

Denuncian una agresión homófoba a manos de un grupo de neonazis en un bar de Madrid

El incidente se produjo en un local de Alcalá de Henares en la capital. Varios jóvenes LGTBI recibieron insultos y golpes, y el grupo de neonazis fue expulsado del lugar. La Asociación DiversAH condena este ataque “fascista” y exige que la Administración actúe

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MADRID.- La Asociación DiversAH ha denunciado este lunes una nueva agresión homófoba a varios jóvenes LGTBI en un bar de Alcalá de Henares a manos presuntamente de un grupo de neonazis, según ha informado el colectivo en un comunicado.

El incidente violento se produjo la madrugada del pasado sábado por parte de un grupo de neonazis a un varios jóvenes en un bar de la localidad de Alcalá.

Al entrar en el bar, un grupo de jóvenes LGTBI fueron recibidos con insultos homófobos al grito de “maricones”, según denuncia el colectivo. “Lejos de acobardarse los jóvenes continuaron bailando con total normalidad ante lo cual recibieron golpes por parte del grupo de neonazis”, ha señalado.

Posteriormente, el grupo fue expulsado del bar pero se mantuvo en los alrededores con el objeto de seguir agrediendo a estos jóvenes.
DiversAH ha condenado esta agresión de carácter “fascista” y ha exigido la actuación de la Administración y del conjunto de los movimientos sociales para frenar la escalada violenta por parte de estos grupos y concienciar a la población sobre la “diversidad sexogenérica”.

Muere travesti que se burló de Jesucristo crucificado

Noticia publicada en Tac3news

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El travesti que desfiló como Jesucristo cuando se legalizó la homosexualidad, fue encontrado muerto con los brazos abiertos de la misma forma que desfiló.

Hace menos de un mes se legalizó el matrimonio entre personas del mismo genero en todos los estados de Estados Unidos. Esto causó conmoción dentro de la comunidad LGBT y fuera de ella también.

El travesti que se vistió de Jesucristo durante la parada LGBT de Nueva York se hizo bastante famoso por su controversial decisión de querer llamar la atención burlándose de un ícono religioso.

El cuerpo del travesti fue encontrado en un bosque cerca de Manhattan, tirado en un pastizal, vestido casi igual que estaba disfrazado en la parada. Lo más irónico es que también se encontró el cadáver como si estuviese crucificado.