El PP propone una ley LGTBI que ignora la diversidad en las aulas y no prohíbe las terapias para “convertir” homosexuales

“Todes somos personas, todes tenemos derechos”, pancarta en la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid este 2017. Álvaro Minguito

El Partido Popular  ha esperado a última hora para presentar su propia ley LGTBI. La formación intenta tumbar así la que, a pesar de su abstención y la de UPN,  fue apoyada para tramitarse por el Congreso el pasado mes de septiembre tras ser presentada por Unidos Podemos. La enmienda a la totalidad de la ley que han registrado los populares reduce a mínimos la propuesta y se deja por el camino cuestiones consideradas fundamentales por los colectivos LGTBI.

El texto se reparte en 33 artículos que abordan diferentes ámbitos y que, aunque reconocen “la necesidad” de erradicar la discriminación “por razones de orientación sexual e identidad sexual”, apenas contempla medidas específicas ni está revestido de carácter obligatorio. De hecho, no cuenta con régimen sancionador: “Tal y como está redactada no obliga a nada, ni siquiera a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias”, explica la jurista especializada en derechos LGTBI Charo Alises.

La experta fue una de las redactoras de la ley ahora en trámite, que nació con polémica y que pasó la primera fase en  el Congreso tras ser apoyada por Ciudadanos, Unidos Podemos y el PSOE. A pesar de que se trata de una extensa norma que las formaciones se comprometieron a reformar, abarca todos los ámbitos y cuenta con una amplia referencia a los principios rectores de la ley que la del PP no contempla. Entre ellos, el de prevención de la homofobia, bifobia, transfobia e interfobia. La iniciativa popular solo incluye estas palabras una vez.

En palabras de Jesús Generlo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), colectivo que elaboró la legislación, se trata de “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo por parte del PP desde el recurso al Constitucional del matrimonio igualitario”. La federación califica la enmienda de “una absoluta tomadura de pelo” y asegura que se trata de un texto “improvisado, carente de contenido y elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado”.

Nada sobre menores trans

Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la falta de medidas en el ámbito educativo. El texto dedica a ello tres artículos entre los que incluye la creación de protocolos contra el acoso LGTBIfóbico en las aulas, pero no nombra a las Comunidades Autonómas a pesar de que tienen competencias educativas. Por otro lado, habla de campañas de sensibilización a la comunidad educativa y “promover” formación a los docentes “para que sepan desarrollar los planes de educación basados en el respeto a la diversidad sexual y de género”.

Ninguna medida concreta ni obligatoria al respecto: no se nombra la necesidad de contar con contenidos LGTBI o referentes positivos en el material didáctico, en las asignaturas,  en los libros de texto o en los programas de estudio. Tampoco hay ninguna referencia a las universidades, a la diversidad familiar  ni al respeto a la identidad de los alumnos trans en los centros educativos, que sean llamados por su nombre o que puedan utilizar los vestuarios respecto a su género sentido, a pesar de que muchas autonomías ya reconocen este derecho.

Y es que la ley del PP apenas contempla medidas dirigidas al colectivo trans y ni siquiera nombra a los menores. Únicamente establece el respeto a su identidad sentida en el ámbito de la salud y por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No aborda el tema de la despatologización de la transexualidad ni el derecho a la autodeterminación de género, los dos principios con los que se están alumbrando las legislaciones más avanzadas en el mundo  y las exigencias de organismos internacionales como el Consejo de Europa.

De hecho,  el Congreso ha aprobado recientemente la toma en consideración de un proyecto de ley para eliminar en España el requisito de que los trans deban declararse enfermos para cambiar su nombre y sexo legal. Una iniciativa a la que el Partido Popular votó en contra.

Más requisitos a las lesbianas en el Registro Civil

La enmienda sí establece la creación de un Consejo Estatal para la igualdad de las personas LGTBI, pero despacha las medidas con referencias generales a “se promoverán medidas…” o “se establecerán medidas…”. En el ámbito de la salud solo menciona que “se promoverán” programas dirigidos a las necesidades del colectivo LGTBI y que “corresponde a los poderes públicos” garantizar la formación del personal sanitario y a éste “velar por una atención respetuosa”. Nada se dice de políticas de salud públicas, de derechos sexuales y reproductivos o de protocolos de atención a las personas trans.

“En el ámbito laboral y de la familia no se establece ni una sola medida concreta para garantizar la no discriminación de las personas LGTBI”, explica Charo Alises. Tampoco se incluye la eliminación del requisito de que  las parejas de mujeres estén casadas para inscribir a sus hijos en el Registro Civil ni la no discriminación de las mujeres lesbianas a las técnicas de reproducción asistida. Aunque varias comunidades no lo están haciendo, en 2013 el Gobierno aprobó un decreto que las dejaba fuera –junto a las madres solteras–. 

Además, el PP ha eliminado la prohibición de  las llamadas terapias de conversión para homosexuales, que sí incluye  la ley LGTBI que apoyó el Congreso y que no se permiten en algunas comunidades autónomas. Estos métodos que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona por considerar que ésta es inadecuada son rechazados por la comunidad científica y hay bastante consenso entre colectivos y psicólogos sobre el daño que producen.

Los populares se dejan fuera también el trato hacia las personas LGTBI en los centros penitenciarios, la formación de los profesionales del ámbito de la justicia o medidas concretas sobre la juventud más allá de “promover” el respeto entre los jóvenes o “impulsar” formación en “el valor de la diversidad”. En cuanto a la parte de definiciones, el texto omite la orientación sexual, la identidad y expresión de género, las personas cisexuales, familias LGTBI o personas no binarias.

Tu novia es “tu amiga especial” o la confusión del recepcionista: la homofobia sutil que la ley no combate

Manifestantes del Orgullo Crítico de 2017 en Madrid ÁLVARO MINGUITO

Ir con tu pareja al mostrador del hotel, que la recepcionista ponga cara de extrañeza, mire de nuevo a la pantalla del ordenador y asegure que se debe tratar de “un error” al ver que sois dos chicos. Que tu madre te pregunte siempre por tu “amiga especial” a pesar de que sabe que eres una mujer bisexual y ahora tienes novia. Que los primeros días de trabajo no dejen de preguntarte si tienes novio porque eres una chica. Que tu grupo de amigos se sienta incómodo en una discoteca LGTBI, lo comente y decida irse.

Los avances normativos de los últimos años han dibujado un escenario de cierto consenso social contra la homofobia y a favor de la diversidad afectivo sexual. Sin embargo, permanece un tipo de discriminación sutil, más invisible y menos directa que el insulto o la paliza y también menos reconocible.

“Comportamientos que antes eran tolerables están prohibidos por ley y hay cierto consenso social en rechazarlos. Pasa con todos los colectivos. El prejuicio, que antes se manifestaba de manera violenta y directa, ahora cambia y busca otra forma de articularse. Y es que el prejuicio no se puede prohibir por decreto ley, está muy instalado y no cambia de la noche a la mañana”, explica Fernando Molero, el investigador principal de  un reciente estudio elaborado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) sobre la discriminación sutil y manifiesta.

No significa que las agresiones motivadas por la orientación sexual no se produzcan, pero hay un clima de condena. Los resultados de la investigación –realizada sobre una muestra de casi 500 mujeres lesbianas y hombres gays, no bisexuales– concluyen que la discriminación sutil percibida es mayor que la directa porque “a pesar de la existencia de legislación avanzada y de la aparente tolerancia, hay una amplia evidencia de que en la sociedad española aún hay prejuicios y discriminación”.

El prejuicio encubierto

Al preguntar a varias personas sobre este tipo de discriminación, Ana nombra los chistes en los grupos de amigas y las miradas por la calle al ir de la mano con una mujer o que su madre diga, cuando le preguntan por los maridos de sus hijas, que su hermana vive con su pareja y que ella es “muy independiente”, a pesar de tener también pareja. A Sara su padre le pregunta por “su amiga especial” y el primo de Sergio le dijo que no tenía ningún problema cuando le presentó a su novio, pero que quizás se sentiría incómodo si se besaban delante de él. Son muchas las mujeres lesbianas que relatan  la presunción de heterosexualidad a la que se enfrentan en las consultas ginecológicas.

No solo ocurre, lejos de lo que pudiera parecer, entre personas nacidas en una época en la que la orientación sexual era duramente reprimida e invisible, sino que también se da entre jóvenes. De hecho,  un estudio de 2016 del Gobierno vascoidentificó que los prejuicios sutiles son uno de los tipos de violencia que se dan en las aulas hacia el alumnado homosexual o bisexual. Un tipo de fobia que, asegura el informe, perdura en la población adolescente, aunque no se atreven a manifestarla en público.

En este caso se trata de “una forma encubierta de prejuicio que no siempre se traduce en conductas hostiles o de claro rechazo más presentes años atrás. Hay adolescentes que no muestran conductas fóbicas racionales, pero pueden sentir incomodidad antes lesbianas y gays o mostrar desagrado ante manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo”. Algunos ejemplos reales que recoge el informe son: “A mí no me gusta que los chicos estén con chicos, pero lo acepto. De aquí a unos años quizá me guste”. Una idea que refleja “la aceptación social o normativa y, a su vez, el rechazo o reparo individual”.

Difícil de combatir

Muchas de las personas consultadas para este reportaje coinciden en afirmar que el trabajo es uno de los espacios en los que más perciben este tipo de discriminación sutil. No es poco frecuente el relato de hombres y mujeres que disimulan su pluma para ajustarse a un marcado consenso no explícito entre lo que es aceptable y lo que no. La “plumofobia”, de hecho, es un tipo de discriminación muy relacionada: el típico “gay sí, pero que no se note” o “¿por qué tienes que hacer bandera de tu condición sexual?”.

“En el ámbito laboral o familiar hay una cierta apariencia de tolerancia o aceptación, pero en realidad se admite tu presencia pero no tu existencia. Suele verse claramente en los espacios informales al conversar sobre planes de fin de semana con parejas o de vacaciones. No es poco frecuente que se produzca una omisión de preguntarte a no ser que tengas una actitud muy proactiva, la gente no sabe muy bien cómo incorporarte o cómo comportarse contigo”, ejemplifica la jurista especializada en derechos LGTBI Violeta Assiego.

La investigadora Donatella Di Marco  lleva años estudiando la discriminación por orientación sexual que se da en el empleo para concluir que suele considerarse un espacio no demasiado seguro para salir del armario. Entre otras cosas, por los prejuicios sutiles que se dan y que “pueden ser tan dañinos como la discriminación manifiesta. Además, son más difíciles de identificar para las víctimas y para las organizaciones y, por ende, más difíciles de combatir”, explica Di Marco, que actualmente trabaja en el Instituto Universitario de Lisboa.

“La ley de la homofobia”

El estudio de la UNED también concluye la dificultad para combatir este tipo de homofobia sofisticada porque “percibes rechazo pero no te lo están comunicando directamente. Quizás sientes que algo pasa, que no te miran igual, pero a la vez te están diciendo que te aceptan”, resume Molero, que hace hincapié en que provoca indenfensión, inseguridad e impotencia.

“Ante el rechazo directo la víctima sabe claramente cómo posicionarse, pero ante este no”. Algo en lo que también influye la escasa complicidad social, que mayoritariamente sí se posiciona en contra de la violencia directa.

Kika Fumero es profesora y especialista en diversidad afectivo sexual. Asegura que es más difícil de combatir porque es “un acuerdo social tácito” que emana de que “seguimos siendo percibidos como una realidad ajena, extraña y no cotidiana”. La docente nombra la invisibilidad y el silencio como dos formas de este tipo de discriminación que hacen que se mantenga lo que Ignacio Pichardo, profesor de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, ha llamado “la ley de la homofobia”.

“Cuando voy con mi pareja por la calle prefiero soportar que una persona me grite ‘lesbiana’ que las miradas silenciosas que se giran”, dice Fumero. Miradas que, probablemente, pertenecen a personas que aseguran tolerar la diversidad de orientación sexual.  En palabras de Pichardo: “Las encuestas dicen que la mayoría de personas son respetuosas. Si hay alguien que tiene que dejar de arbitrar un partido de fútbol porque le llaman maricón en el campo no es porque haya 300 personas llamándole maricón. A lo mejor son diez, cinco, ocho personas, pero las otras 280 se callan y con ese silencio están permitiendo que la ley de la homofobia se mantenga”.

Bermudas, primer país del mundo en revertir la legalidad del matrimonio homosexual

La nueva ley reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse

 

Figuras de pastel de bodas homosexuales. / DAVID MCNEW (AFP)

El gobernador de Bermudas, John Rankin, sancionó hoy una ley por la que ya no se permitirá la celebración de matrimonios homosexuales en el archipiélago ni en barcos con bandera del país, por lo que se convierte en la primera nación del mundo en revertir dicha normativa. Rankin firmó la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye al matrimonio gay, permitido desde el 5 de mayo de 2017 por un fallo histórico de la Corte Suprema de Bermudas, territorio británico de ultramar.

La nueva ley, que fue aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse. Sin embargo concede derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo o tomar decisiones médicas en nombre de la pareja.

En opinión del ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown, aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de “una unión libre en la que tendrán los mismos derechos”. La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los derechos de grupos LGBT, que consideran ilegal el hecho de que se permita y después se niegue.

Brown señaló que la mayoría de los ciudadanos de Bermudas están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Esta ley tiene la intención de encontrar un equilibrio entre aquellos que en la isla creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y a la vez reconocer y proteger los derechos de aquellos del mismo sexo”, dijo a medios locales Brown.

Varias compañías de cruceros con barcos de bandera de Bermudas han declarado que esta medida va a “decepcionar” a aquellos que pensaban contraer matrimonio a bordo de sus embarcaciones. En un comunicado conjunto, las empresas P&O Cruises y Cunard señalaron que ahora ofrecerán poder llevar a cabo “ceremonias de compromiso” a bordo.

El Tribunal Supremo de Bermudas falló, en mayo de 2017, a favor del ciudadano bermudeño Winston Godwin y de su prometido, el canadiense Greg DeRoche, quienes querían casarse en el archipiélago. El Registro General rechazó su solicitud, por lo que la petición se llevó hasta la Corte Suprema con el argumento de que la Ley de Derechos Humanos prevalece en Bermudas sobre cualquier otra normativa y esta les dio la razón. La sentencia judicial se aplicó pese a que en junio de 2016 la población de Bermudas rechazó en una consulta el matrimonio gay por un 69% en contra por un 31 % a favor.

Los adolescentes trans no acceden a la atención médica que necesitan

Un equipo de Estados Unidos analizó información de una encuesta a 80.929 estudiantes secundarios de Minnesota, incluidos 2.168 que se habían identificado como trans o no conformes con el género

Protesta por el día mundial a favor de la Despatologización Trans

Los adolescentes trans serían más propensos a no hacerse los controles médicos preventivos ni acceder a los tratamientos para sus problemas de salud, según sugiere un estudio.

Un equipo de Estados Unidos analizó información de una encuesta a 80.929 estudiantes secundarios de Minnesota, incluidos 2.168 que se habían identificado como trans o no conformes con el género.

Los participantes respondieron sobre su identidad de género y el género asignado al nacer, las enfermedades crónicas físicas o mentales, la cantidad de días que no asistieron a la escuela por enfermedad o consultaron a la enfermera escolar y los últimos controles clínicos y odontológicos de rutina.

Los adolescentes trans eran casi dos veces más propensos que el resto a decir que su salud era “mala, regular o buena”, en lugar de “muy buena o excelente”.

“Cuando los jóvenes se presentan distinto a lo que esperaría la sociedad de su sexo al nacer, a menudo reciben mensajes sociales de que se están comportando ‘mal’ o que están ‘equivocados’“, dijo el autor principal, Nic Rider.

“El estrés y la invalidez que eso produce afecta la salud de estos jóvenes“, agregó el investigador especializado en sexualidad humana de la Facultad de Medicina de la University of Minnesota, en Mineápolis.

Apenas el 38 por ciento de los adolescentes trans dijo que su estado de salud general era “muy bueno o excelente”, comparado con el 67 por ciento de los jóvenes cisgénero (la identidad de género coincide con el sexo al nacer).

El 25 por ciento de los jóvenes trans tenía una enfermedad crónica o discapacidad y el 60 por ciento pacedía trastornos mentales. En cambio, sólo el 15 por ciento de los adolescentes cisgénero tenía una enfermedad crónica y el 17 por ciento, psicológica.

Más de la mitad de los adolescentes trans afirmó que se había quedado en casa enfermo por lo menos una vez el mes anterior, comparado con el 43 por ciento de los participantes cisgénero.

El 41 por ciento de los adolescentes trans acudieron a la enfermería de la escuela ese mismo mes, comparado con el 26 por ciento del otro grupo.

Más de la mitad de los jóvenes se había hecho controles médicos y odontológicos preventivos el último año, aunque eso no era tan frecuente en los adolescentes trans, según publica el equipo en la revista Pediatrics.

Los niños gitanos, migrantes, gays y transexuales son los que sufren más acoso en internet

Según el informe de UNICEF ‘Los niños y las niñas de la brecha digital en España’ presentado hoy en Bilbao

 

Los niños de la comunidad gitana, migrantes y del colectivo LGTBI son los que sufren con más frecuencia acoso en Internet o ciberacoso, según el informe de UNICEF Comité País Vasco ‘Los niños y las niñas de la brecha digital en España’, presentado este martes en Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Internet Segura.

El informe, elaborado por el grupo de investigación la UPV/EHU EU Kids Online, analiza «las oportunidades y riesgos» de internet y profundiza en los colectivos «más vulnerables» en el ámbito estatal, niños y adolescentes de la «brecha digital», pertenecientes a la comunidad, con discapacidad, ubicados en centros de protección y del colectivo LGTBI.

En España, el 95,2% de los niños de entre 10 y 15 años usa Internet, pero 300.000 niños, niñas y adolescentes no han utilizado un ordenador y 140.000 que no han mantenido contacto con la Red.

En el caso de Euskadi, el porcentaje de menores usuarios de Internet se eleva a 97,6%, de los que el 94,9% utilizó un ordenador en los tres últimos meses y el 77,5% dispone de teléfono móvil.

Según el presidente de UNICEF Comité País Vasco, Isidro Elezgarai, «para las nuevas generaciones, ser parte de un entorno digital es lo natural».

«Nuestro objetivo tiene que ser el de mitigar los riesgos y maximizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías; porque no todos los niños y niñas disfrutan de las oportunidades de manera equitativa», ha manifestado. Elezgarai ha llamado a «poner el foco en la infancia más vulnerable, sin que ningún niño ni niña se quede atrás».

En total, participaron en el informe 91 personas, ocho adultos –responsables de centros de acogida y educadores– y 83 niños de 8 a 18 años, 52 de ellos de origen extranjero -ecuatorianos, magrebís y subsaharianos-, 17 de etnia gitana, y 12 bajo la tutela de centros de protección de la Administración.

Comunidad gitana

Los resultados del informe revelan que la comunidad gitana es la que más dificultades tiene en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. «Es frecuente que los niños y niñas de este colectivo tengan móviles, pero la mayoría no siempre dispone de tarifa de datos para conectarse», ha señalado Estefanía Jiménez.

Un estudio de la Fundación Secretariado Gitano, indica que el 22% de los jóvenes gitanos no tienen Internet en casa por motivos económicos, por lo que «la pobreza es, sin duda una, de las barreras para acceder a Internet».

El informe indica, asimismo, que «los colectivos tradicionalmente victimizados», como los niños de la comunidad gitana, LGTBI y los niños y niñas de origen migrante, «son los más vulnerables y los más atacados en Internet».

En el caso de los niños migrantes, por ejemplo, las TIC «juegan un papel esencial, como herramienta para que su viaje sea posible» y, una vez llegado a su lugar de destino, supone «un recurso fundamental para su integración social y para comunicarse con sus familiares y amigos en su país de origen».

UNICEF afirma que «los riesgos online son el elemento más subrayado y alarmante cuando se aborda la relación entre niños y redes sociales e internet». «Ciberacoso, sexting, acceso a contenidos que no son adecuados para los menores, uso excesivo, falta de privacidad, uso indebido de los datos personales de los niños y niñas», advierte.

Para UNICEF, resulta «imposible» aislar a los niños de los riesgos que implica tener acceso a una cantidad infinita de recursos en Internet».

Según Elsa Fuente, coordinadora de UNICEF Comité País Vasco, «se debe promover la formación en las escuelas y en las familias en derechos, valores y competencias digitales, para transmitir a los niños y niñas una visión integral y crítica de la tecnología para que sean capaces de identificar los riesgos y evitar los daños». «Sin olvidarnos del importante papel que juegan las empresas tecnológicas o las autoridades públicas en la materia”, ha señalado.

Por ello, ha considerado «necesario» un nuevo marco normativo que regule Internet, y «un mayor impulso a los protocolos y estrategias de prevención y actuación en los casos de violencia contra la infancia dentro y fuera del entorno digital».

Los niños gitanos, migrantes y LGTBI son los que sufren más ciberacoso

Los niños de la comunidad gitana, migrantes y del colectivo LGTBI son los que sufren con más frecuencia acoso en Internet o ciberacoso, según el informe de Unicef Comité País Vasco ‘Los niños y las niñas de la brecha digital en España’, presentado en Bilbao. 

Presentación en Bilbao del informe de Unicef ‘Los niños y las niñas de la brecha digital en España'(Oskar Martínez)

BILBAO. El informe, elaborado por el grupo de investigación la UPV/EHU EU Kids Online, analiza “las oportunidades y riesgos” de internet y profundiza en los colectivos “más vulnerables” en el ámbito estatal, niños y adolescentes de la “brecha digital”, pertenecientes a la comunidad, con discapacidad, ubicados en centros de protección y del colectivo LGTBI.

En el Estado, el 95,2% de los niños de entre 10 y 15 años usa Internet, pero 300.000 niños, niñas y adolescentes no han utilizado un ordenador y 140.000 que no han mantenido contacto con la Red.

En el caso de Euskadi, el porcentaje de menores usuarios de Internet se eleva a 97,6%, de los que el 94,9% utilizó un ordenador en los tres últimos meses y el 77,5% dispone de teléfono móvil.

Según el presidente de Unicef Comité País Vasco, Isidro Elezgarai, “para las nuevas generaciones, ser parte de un entorno digital es lo natural”.

“Nuestro objetivo tiene que ser el de mitigar los riesgos y maximizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías; porque no todos los niños y niñas disfrutan de las oportunidades de manera equitativa”, ha manifestado. Elezgarai ha llamado a “poner el foco en la infancia más vulnerable, sin que ningún niño ni niña se quede atrás”.

La investigadora y profesora de la UPV/EHU Estefanía Jiménez ha explicado que, para la elaboración del estudio, se identificaron los grupos de niños “más vulnerables” y se realizaron entrevistas “en profundidad”, así como “grupos de discusión” en Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Euskadi.

En total, participaron en el informe 91 personas, ocho adultos –responsables de centros de acogida y educadores– y 83 niños de 8 a 18 años, 52 de ellos de origen extranjero –ecuatorianos, magrebís y subsaharianos–, 17 de etnia gitana, y 12 bajo la tutela de centros de protección de la Administración.

COMUNIDAD GITANA

Los resultados del informe revelan que la comunidad gitana es la que más dificultades tiene en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

“Es frecuente que los niños y niñas de este colectivo tengan móviles, pero la mayoría no siempre dispone de tarifa de datos para conectarse”, ha señalado Estefanía Jiménez.

Un estudio de la Fundación Secretariado Gitano, indica que el 22% de los jóvenes gitanos no tienen Internet en casa por motivos económicos, por lo que “la pobreza es, sin duda una, de las barreras para acceder a Internet”.

El informe indica, asimismo, que “los colectivos tradicionalmente victimizados”, como los niños de la comunidad gitana, LGTBI y los niños y niñas de origen migrante, “son los más vulnerables y los más atacados en Internet”.

En este sentido, afirma que la discriminación y el discurso del odio “tienen un impacto muy negativo en estos niños y niñas, ya que perpetúa estereotipos y dificulta su integración”.

En el caso de los niños migrantes, por ejemplo, las TIC “juegan un papel esencial, como herramienta para que su viaje sea posible ” y, una vez llegado a su lugar de destino, supone “un recurso fundamental para su integración social y para comunicarse con sus familiares y amigos en su país de origen”.

Unicef afirma que “los riesgos online son el elemento más subrayado y alarmante cuando se aborda la relación entre niños y redes sociales e internet”. “Ciberacoso, sexting, acceso a contenidos que no son adecuados para los menores, uso excesivo, falta de privacidad, uso indebido de los datos personales de los niños y niñas”, advierte.

En su opinión, “son riesgos que preocupan enormemente a padres y madres, educadores y a la sociedad en general”. No obstante, el informe indica que “no todo son riesgos”, ya que “Internet ofrece muchas ventajas para el desarrollo y aprendizaje de los niños y puede ayudarles también en la construcción de relaciones sociales con otros niños y niñas que tengan sus mismas inquietudes”.

“El mundo online abre a los niños y niñas las puertas, no solo al consumo de contenidos, sino a la creación, la creatividad y la participación en foros sobre problemas que les afectan”, asegura.
Para Unicef, resulta “imposible” aislar a los niños de los riesgos que implica tener acceso a “una cantidad infinita de recursos en Internet”.

Según Elsa Fuente, coordinadora de Unicef Comité País Vasco, “se debe promover la formación en las escuelas y en las familias en derechos, valores y competencias digitales, para transmitir a los niños y niñas una visión integral y crítica de la tecnología para que sean capaces de identificar los riesgos y evitar los daños”. “Sin olvidarnos del importante papel que juegan las empresas tecnológicas o las autoridades públicas en la materia”, ha señalado.

Por ello, ha considerado “necesario” un nuevo marco normativo que regule Internet, y “un mayor impulso a los protocolos y estrategias de prevención y actuación en los casos de violencia contra la infancia dentro y fuera del entorno digital”.

Además, UNICEF advierte de que, “si bien este acceso digital” ofrece a menores “beneficios y oportunidades”, también “les expone a riesgos y peligros, incluyendo el acceso a contenidos que pueden perjudicarles, a un mayor riesgo de explotación sexual, abuso y ciberacoso, o al uso indebido de su información privada”.

“En el caso de la infancia más vulnerable, internet puede jugar un papel fundamental para que estos niños y niñas puedan desarrollar su potencial, mejorar su integración e incluso buscar referentes y ayudas”, concluye.

Isabel Coixet rodará una película sobre las primeras lesbianas que se casaron por la Iglesia

La directora prepara ‘Elisa y Marcela’, la historia de las dos maestras gallegas que contrajeron matrimonio en 1901

Marcela y Elisa serán llevadas al cine por Isabel Coixet. / EFE

La flamante ganadora de los Goya Isabel Coixet prepara ya su próximo proyecto, Elisa y Marcela, una película basada en la historia real del primer matrimonio entre mujeres registrado en España, en 1901, según ha confirmado la productora Rodar y Rodar. Ellas también fueron las únicas lesbianas casadas por la Iglesia.

Isabel Coixet empezará a rodar previsiblemente en mayo. En estos momentos, se están cerrando acuerdos con las actrices que podrían protagonizarla.

La productora de la artista, Miss Wasabi, tampoco ha confirmado a Público quiénes serán las intérpretes, aunque hace un año la revista Fotogramas apuntó hacia María Valverde y Natalia de Molina. En web de Rodar y Rodar, ambas figuran en la ficha del filme, cuyos derechos han sido adquiridos por Netflix para distribuirla en su plataforma unos cuatro meses después del estreno en salas de cine.

Marcela y Elisa, dos maestras gallegas, se casaron por la iglesia en A Coruña el 8 de junio de 1901. Para burlar la ley, la segunda tuvo que adoptar una identidad masculina y se hizo pasar por un hombre con el nombre de Mario Sánchez, pero el engaño acabó siendo descubierto y ambas fueron perseguidas y tuvieron que huir.

El historiador Narciso de Gabriel, autor del libro en el que se basa la película (Elisa y Marcela. Más allá de los hombres, editado por Libros del Silencio), ha trazado los últimos pasos de Marcela y Elisa, cuyo destino se antoja trágico.

Los obispos alemanes se plantean bendecir las uniones gays mientras los españoles hablan de “amenaza totalitaria”

“si la Iglesia bendice automóviles y quién sabe cuántas cosas más, no debe negar la bendición a las personas del mismo sexo”, demanda la corriente católica Somos Iglesia

El arzobispo de Granada bendice unas motos.

Bendicen animales, motos, patrullas de la Guardia Civil, barcos, edificios, aviones… Incluso el túnel ferroviario de San Gotardo (Suiza), el más largo y profundo del mundo, recibió agua del hisopo. Pero jamás el amor entre dos personas del mismo sexo. Pese a las puertas abiertas que el papa Francisco parece decidido a imponer, lo cierto es que la prohibición y la condena continúan siendo el pan nuestro de cada día para aquellas uniones igualitarias que, siguiendo su fe, buscan participar, en plano de igualdad, en la Iglesia católica. Sin embargo, el debate parece más que abierto, siempre que se mire fuera de España.

¿Aceptará la Iglesia católica que sus curas bendigan a las parejas homosexuales en sus templos? “¿Quién soy yo para juzgar?”, apuntaba, hace unos meses, Francisco en una entrevista, al ser preguntado sobre el tema. Siguiendo esa tesis, el obispo de Osnabrück (Alemania), Franz-Josef Bode, ha pedido “debatir detenidamente” sobre este asunto.

Se trata de un tema que la Iglesia alemana lleva tratando desde hace años, y que ya es práctica habitual en otras iglesias cristianas, como anglicanos o luteranos, que incluso tienen algún obispo abiertamente homosexual en sus filas, y que han abierto, incluso, el debate sobre las bodas igualitarias.

La Iglesia católica no llega, ni mucho menos, tan lejos. Pero monseñor Bode sí insiste en que “deberíamos debatir detenidamente al respecto”, pues “el silencio y los tabúes no conducen a nada y crean confusión”.

¿Cómo hacerlo? “Se podría, por ejemplo, pensar en una bendición que no debe confundirse con un enlace matrimonial”, agrega el prelado, que apunta que la existencia de parejas del mismo sexo “es una realidad política y social” en todo el mundo, y que la Iglesia debe tener una palabra al respecto.

“Debemos preguntarnos cómo podemos encontrarnos con aquellos que tienen esas relaciones y que también se implican en parte en la Iglesia. ¿Cómo los acompañamos pastoral y litúrgicamente?”, se pregunta el obispo.

Condena al funeral por Zerolo

La opinión de Bode es también compartida por la corriente católica Somos Iglesia, que insiste en que “si la Iglesia bendice automóviles y quién sabe cuántas cosas más, no debe negar la bendición a las personas del mismo sexo”. En Alemania, desde el pasado mes de octubre, las parejas homosexuales alemanas gozan de los mismos derechos que las heterosexuales, incluyendo el matrimonio.

Sin embargo, en el caso de la Iglesia española nada ha cambiado, y cualquier mínimo atisbo de apertura es fulminado. Así le sucedió al conocido padre Ángel García, párroco del templo 24 horas de San Antón en Madrid, cuando ofició un funeral-homenaje al socialista Pedro Zerolo. En una abarrotada iglesia, se rindió homenaje al político socialista, con la participación (como no podía ser de otro modo) de su marido. Las protestas de los grupos ultraconservadores obligaron al cardenal Osoro –quien en público se ha mostrado a favor de la inserción de las parejas gays en la Iglesia– a reconvenir al sacerdote: su celebración había sido motivo de escándalo para muchos.

A vueltas con la “ideología de género”

Nada que ver con el ejemplo del propio Papa, quien hace unos meses bendijo por carta a la familia de un matrimonio homosexual brasileño con motivo del bautizo de sus tres hijos, o la especial relación que Francisco mantiene con el transexual español Diego Neria y su mujer. Más aún: algunos obispos españoles han comenzado una nueva cruzada contra la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que consideran “totalitaria”.

Especialmente brutales han sido los comentarios de los obispos andaluces, quienes la semana pasada emitieron un comunicado en el que subraya que la normativa (en este caso, la aplicación efectuada por el Parlamento de Andalucía), “en el fondo, asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que pretende eliminar los conceptos de varón y mujer”, separando así la identidad de la corporalidad e intentando “deconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia”.

Para estos prelados, se trata de una ley que “excede con mucho su objetivo de combatir la discriminación” y consideran que “no es justo que, en nombre del bien común, se imponga una antropología y una determinada visión moral, que es de hecho una amenaza para la vida familiar, la educación y el ejercicio de la medicina”.

Se trata, en su opinión, de una ley que compromete a su juicio la libertad de pensamiento, conciencia, educación y enseñanza, además de la religiosa, cuando su misión debe ser la de “hacer crecer la justicia y no imponer legalmente una determinada idea moral”.

Por la plena diversidad

Con todo, las cosas parece que están cambiando. Así, este verano se celebrará en Dublín, con la asistencia del Papa, el Encuentro Mundial de las Familias. Uno de los obispos responsables del evento, el prelado de Limerick, Brendan Leahy, ha invitado a que “se haga espacio para la plena diversidad de las familias” en la reunión de las familias católicas.

“Estamos viviendo tiempos de cambios y la familia también está cambiando”. Una diversidad, añade, que también tendría que incluir a las familias de padres divorciados y vueltos a casar, sino también a las familias de padres y madres gays. En Irlanda, donde en 2015 se aprobó el matrimonio homosexual, la situación no es diferente a la de España. Pero sí en la Iglesia. No en vano, monseñor Leahy afirma que en el país “hemos tenido el referéndum a favor del matrimonio gay y mucha gente votó en él: todos están igual de bienvenidos a juntarse a esta celebración de la familia”.

“Mi esperanza para el evento de este verano sea para todas las familias”, finalizó el obispo Leahy. “Para las familias tradicionales y monoparentales, para personas en segundas relaciones, personas divorciadas y vueltas a casar por lo civil, gente de mucha fe y gente de poca, gente que coincide con la Iglesia y gente que no”.

La jueza Elósegui

No son las convicciones las que inhabilitan para juzgar sino la incapacidad para abstraerse de ellas a la hora de hacerlo. Los textos revelados por este diario, pertenecientes a la nueva magistrada electa del Tribunal de Estrasburgo en representación de España, han llevado a muchos a concluir que no es aceptable que una persona que tiene un pensamiento que se considera homófobo pueda defender adecuadamente los Derechos Humanos desde tal instancia. Como abogada de causas perdidas que saben que soy, yo quiero argumentar aquí que no son sus convicciones ortodoxas cristianas -o ultraortodoxas si quieren- las que tienen que preocuparnos sino su capacidad para juzgar aplicando la ley y sin mezclarlas en ello. María Elósegui es numeraria del Opus Dei, como otros jueces lo son en España. Nadie hace un examen ideológico a los jueces para ejercer su labor. Sólo se les exige que sus convicciones íntimas no tuerzan su mano al juzgar. Lo mismo le debe ser exigido a la nueva magistrada internacional.

Así que la pregunta que parece planear sobre la polémica es en realidad: ¿Es posible creer y defender los derechos humanos desde ciertas posiciones? Yo creo que, afortunadamente, sí. Creo que se llega a la defensa de esos valores fundamentales desde diversas ideologías o creencias y digo afortunadamente porque, en caso contrario, si sólo desde el laicismo se defendieran los principios fundamentales de nuestra convivencia, estos estarían demasiado solos y demasiado en peligro. Pero dejaré que sea la propia Elósegui quien conteste a eso: “Creo que hay unos valores comunes y universales entre todas las culturas, que se reflejan en los Derechos Humanos, y que estos deben enseñarse en las escuelas y a toda la ciudadanía. Hay una ética racional que nos une a todos. A pesar de que aumente el relativismo moral, cabe llegar a puntos comunes objetivos, que no son un mero consenso sino que forman parte del humanismo cívico”. Es algo que he comprobado en muchos debates y ocasiones. En muchos temas clave que afectan a la dignidad humana y a los derechos fundamentales del individuo, es más fácil confluir desde la izquierda con personas que proceden del humanismo cristiano que con los descarnados neoliberales. Estos creen, al final, que las leyes del mercado pueden regir también la vida humana y por eso apuestan por los vientres de alquiler, la prostitución como negocio,el capitalismo salvaje, la desigualdad o incluso en casos extremos la venta de órganos. Nunca encontrarás a un humanista cristiano en ese barco.

El caso es que Elósegui lleva años trabajando en el Consejo de Europa en temas de inmigración y que se ha interesado por los Derechos Humanos hasta centrar su carrera académica en ellos. No se si puede deducirse de ahí que los desprecia o que no es capaz de defenderlos. No he podido leer sus 17 libros y más de 100 artículos. Ha escrito tratados completos sobre “la inclusión del otro”, la “ciudadanía inclusiva”, el problema de Francia con su no aceptación de esa inclusión y ha manifestado que “los que vinculan inmigración con terrorismo, mantienen una xenofobia basada en miedos y que llega a atacar al Islam cuando muchos de esos chicos son vulnerables y son utilizados”. La catedrática mantiene una postura respecto a los delitos de odio que ya me gustaría a mi que asumiera el ministro del Interior y hasta la Fiscalía de este país. “El discurso del odio, además, debe tener como intención el incitar a otros a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra quien va dirigido el discurso. El contenido del injusto es que se genere un peligro cierto de actos ilícitos contra esos grupos o personas”. Justo lo que muchos en este país no quieren entender, extendiendo el discurso del odio hasta lograr represiones inaceptables. Es una mujer que cree que “la Doctrina Parot se hizo a través de la jurisprudencia y no era justa”. Ya ven. Lo que le dolieron las tripas al PP con el hecho de que López Guerra estuviera sentado en Estrasburgo y fuera partidario de tumbarla. No les hubiera ido mejor ahora.

Otro de los campos de trabajo intelectual de Elósegui ha sido el tema de la igualdad. En su currículum afirma haber trabajado en un grupo de cuatro expertos con contrato del Instituto de la Mujer en la elaboración de la actual Ley de Igualdad. La indignación ha saltado ante la exclusiva de este medio en la que se descubre que ha tuneado su CV y convertido un contrato externo para realizar un estudio previo en ser redactora de la norma. Esta cuestión sí merece la exigencia de explicaciones públicas urgentes. Además, entiendo que quiénes estén habilitados podrían poner en conocimiento del TEDH esta circunstancia por si fuera motivo de cese en su cargo. En Europa son poco comprensivos con esta costumbre española del maquillaje de méritos.

No obstante, parece que el problema se circunscribe a sus opiniones sobre la homosexualidad, matrimonio igualitario, transexualidad y otras similares. Ha defendido tesis más o menos criticables en lo antropológico pero ha expresado su aceptación de la diversidad. Aquí me gustaría incluir la cuestión de si la homofobia la constituye cualquier discurso o análisis teórico que no coincida con la opinión mayoritaria y comunmente expresada por los colectivos LGTBI o si es preciso que exista “aversión” hacia estas personas como dice la RAE. Es decir, si hay personas que, fundamentalmente por un tema de creencias religiosas, no son partidarias del matrimonio igualitario o incluso que creen que es pecado, que respetando a estos colectivo y afirmando su libertad individual, están en contra de cualquier tipo de discriminación y están dispuestos a castigar a todo el que no lo respete ¿se les puede considerar homófobos? ¿Todo discurso distinto es homófobo o hace falta ese plus de la aversión y el rechazo? Elósegui termina una de sus polémicas frases diciendo: “aún con eso, cada individuo debe ser libre para desarrollar su identidad sexual como quiera”. ¿Es inaceptable esa postura para formar parte de un tribunal de Derechos Humanos? Ojo con la respuesta porque podría abrir la caja de Pandora de qué ideologías o creencias nos habilitan y cuáles no.

Preguntada por el matrimonio igualitario ha dicho: “Como juez tengo que respetar la legislación. Yo no estoy de acuerdo con el activismo judicial y he criticado sentencias por esto”. En mi opinión eso es lo único que le es exigible a un juez, que cuando se ponga la toga cuelgue en el toguero prejuicios, convicciones personales y creencias. Si María Elósegui Itxaso lo hace, será una buena magistrada.

De lo que estoy bastante convencida es que no será una magistrada sumisa al poder político, que no la ha apoyado, y que no aceptará ser su correa de transmisión como parece que se pretendía con Pérez de los Cobos. El resto ya lo veremos. No hubiera sido mi candidata, eso es obvio, y dentro de nueve años espero que haya un gobierno de izquierdas que mande otro tipo de ternas. No la defiendo personalmente a ella. No la conozco, pero me he pasado la juventud huyendo de las numerarias que me querían convertir. No creo que simpatizáramos. Lo que defiendo es el derecho de todos a no ser excluidos en razón de nuestros pensamientos y creencias en aplicación, precisamente, del principio contenido en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “el goce de los presentes derechos debe ser asegurado sin distinción alguna por motivo de (…) religión, opiniones políticas u otras (…) o cualquier otra situación”.

LGTBI, Derechos Humanos y Estrasburgo

La Diputación ofrecerá talleres sobre diversidad sexual y contra la homofobia en institutos de la provincia

El reciente nombramiento de María Elósegui para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las informaciones que nos han llegado sobre su falso currículum, tratando de ofrecer un perfil acorde con la defensa de los Derechos Humanos, no solo muestra la predisposición de nuestros gobernantes a seguir haciendo el ridículo internacional y el escaso interés que les merece la defensa de los Derechos Humanos. No, aquí no solo se han puesto de manifiesto el enchufismo y el nepotismo a que nos tiene acostumbrados el PP.

El hecho de que esta Catedrática de Filosofía de Derecho incluyera datos falsos en su expediente, suponemos que, como mínimo, debiera provocar que se revise el procedimiento de votación para su designación, pues ésta se produjo bajo engaño. Este es un cometido de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, víctima del ardid, que esperamos reaccione y remedie y subsane como corresponde. Lo verdaderamente alarmante fue saber que la recién elegida es una fiel militante de las doctrinas deterministas acerca de gays, lesbianas y transexuales, según las cuales, estas personas tendrían tendencia a desarrollar patologías o, como en el caso de los trans, debieran ser sometidos a tratamientos psiquiátricos a fin de superar su “disforia” o descontento con el sexo que les correspondió cuando nacieron.

Estas teorías, ya superadas, establecían que la biología -degeneración genética- o el entorno social -desviación social- eran determinantes en la homosexualidad. De ahí que, inspirados en estos perversos principios pseudocientíficos, muchos países incluyeron las “prácticas” homosexuales como delitos. Esta creencia, además, entronca con todas aquellas inspiradas en la finalidad procreadora de toda relación de pareja. Más tarde, el régimen nazi, el fascista italiano y el franquismo, con diferente intensidad y variedad en la persecución, propiciaron la criminalización de estas personas no heterosexuales. Negar la dignidad como personas al colectivo LGTBI, cuestionándolo e infravalorándolo como “patología” y anomalía psicosocial es radicalmente contrario a cualquier postulado basado en el respeto a los Derechos Humanos.

En la actualidad se cuentan, al menos, 70 países en todo el mundo que persiguen y reprimen violentamente a los homosexuales, lesbianas y transexuales. Por eso, hay numerosos Convenios e Instrumentos Internacionales que recogen la preocupación por la injusta exclusión y persecución de este colectivo. Sin dignidad humana no hay Derechos Humanos. No en vano, en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza a proclamarse que “la dignidad humana libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La dignidad humana es la cualidad de las personas, como sujetos de derechos, que no se adquiere ni se concede, sencillamente es inherente al ser humano. Y los seres humanos en cuanto que diferentes, diversos y peculiares, nos reconocemos y respetamos.

Reconozcamos que hay ideologías y creencias de todo signo y que la grandeza y el sustento de todos los sistemas democráticos consiste en cobijarlas a todas, aun aquellas teorías y opiniones inquietantes y contrarias a los principios de igualdad, que propugnan la exclusión de los colectivos más vulnerables, como el LGTBI. Pero que el sistema democrático tolere y no persiga la libertad de opinión y de expresión no significa que deba dar lugar preeminente a las doctrinas que fomentan la homofobia y la transfobia. María Elósegui, militante a ultranza de estos postulados contrarios a la dignidad de millones de personas no heterosexuales, perseguidas en numerosos países por su orientación y/o identidad sexual y vulnerables por el hostigamiento y rechazo que suelen padecer en nuestro entorno, no es la persona más idónea para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Tribunal más prestigioso del mundo en esta materia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incide notablemente en la vida de los ciudadanos europeos y ha logrado, incluso, modificar legislaciones internas, como es el caso de España, que no ha podido eludir sus compromisos en varios y sonados asuntos. Pero su área de influencia no sólo opera en Europa; por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muy presente la jurisprudencia emanada de este Tribunal con sede Estrasburgo. Por eso, que esta Catedrática de Filosofía del Derecho consiguiera su plaza en el TEDH constituye una flagrante desnaturalización del digno desempeño que realiza este alto Tribunal. El solo hecho de trascender su ideario -nada compulsivo y sí muy reflexionado y documentado- contrario a la dignidad de las personas LGTBI, ha provocado algunas reacciones   en contra. Las que salieron en su defensa, alegaban que las creencias de los jueces no deben ser determinantes a la hora de optar a sus cargos. Y eso es cierto, los jueces han de enjuiciar con sujeción al principio de imparcialidad sin que su ideología o creencia les influya o determine en sus resoluciones.

Sin embargo, cabe plantear si es posible la defensa de los Derechos Humanos por quien no los acepta. Recordemos que la base de éstos no es otra que el reconocimiento de la dignidad humana y que María Elósegui niega este Derecho a gran parte de la humanidad. Es tanto como designar ante este Tribunal a quien defiende en determinados casos la práctica de tortura o la pena de muerte. Aquí no caben equidistancias ni partidismos ni corporativismos: cada retroceso en la exigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos nos sume en una etapa más insolidaria, perversa y e indigna que la anterior superada. Quienes ganan con estos retrocesos suelen aprender a construir andamiajes aptos para blindarse a las exigencias del cumplimiento de aquéllos. Por eso, es tan complicado reconquistar los derechos previamente arrebatados.

Los mecanismos de defensa o resistencia a la aplicación de los Derechos Humanos suelen pasar por procesos de “normalización” en los que la ciudadanía ya ni reacciona, como ha sucedido en este caso de la nominación de María Elósegui. A poca gente le ha alarmado, incluso, se han invocado argumentos muy elaborados sobre su derecho a ser juez ante el TEDH, muy a pesar de su militancia contra la dignidad humana -enfocada contra el colectivo LGTBI-. El hecho de que ella falseara su currículum desmonta todos estos planteamientos: ella edulcoró y reelaboró su trayectoria académica y profesional, a fin de simular una apariencia de idoneidad, sabedora de que, de no hacerlo, no llegaría a ser elegida.

Salvo honrosas excepciones, no hemos visto que ningún representante político se haya levantado de su cómodo asiento para denunciar públicamente esta grave anomalía, que una persona que no cree en los Derechos Humanos nos va a representar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como miembro de la judicatura en los siguientes 9 años. Como un verso suelto, tan sólo Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha reclamado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se subsane este grave error; la pena es que la responsabilidad, humanidad y solidaridad de su acción no se ha visto apoyada por nadie. Por más que la defensa de los Derechos Humanos ha de ser transversal, plural y universal.