Podemos impulsa que los menores puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres

El Congreso ha aprobado por amplia mayoría iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad LGTBI presentada por Unidos Podemos, que pretende atajar la discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en todos los ámbitos sociales; entre ellos, el educativo, el sanitario o el laboral.

El texto cuenta con la oposición de grupos como Hazte Oír, cuyos miembros han escenificado su rechazo en las puertas de la Cámara Baja, y suscita algunas dudas en el PSOE o Ciudadanos, que, aunque expresaron su respaldo al proyecto de ley, anunciaron ayer la necesidad de incluir importantes modificaciones en los próximos meses para «mejorar» la parte «jurídica» ante algunos artículos que podrían caer en la «vulneración de derechos fundamentales», como el de la libertad de expresión, o en la «discriminación» de otros sectores de la población.

Más crítico fue el PP, que, aunque aceptó la necesidad de una ley de este tipo, anunció una enmienda a la totalidad para presentar un proyecto alternativo porque el actual texto es «torpe», «chapucero» y produce un «menoscabo a los derechos de otras personas». Además de permitir -como criticó duramente su portavoz Marta González– que los menores de edad puedan operarse para cambiarse de sexo sin el consentimiento de sus padres.

El PP expresó su «rotunda oposición» a ésta y otras medidas controvertidas contempladas en el proyecto de ley, aunque ayer optó por abstenerse para dar ese debate durante la tramitación en comisión.

Por su parte, Unidos Podemos mostró su entusiasmo por una ley hecha por los colectivos LGTBI que calificó de «pionera» y que dijo que se convertirá en un ejemplo para el resto de países, comparando su calado al de otras leyes como la del matrimonio homosexual.

Éstas son las medidas más destacadas del actual proyecto de ley:

Cambio de sexo de menores

Es el punto más controvertido. Los menores de edad podrán operarse para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres a partir de los 16 años. Se rebaja en dos años esa posibilidad que hasta ahora se fijaba en los 18. Para la cirugía transexual de los 16 a los 18 hacía falta la autorización de un juez.

Además, el mismo artículo afirma que, «a partir de la pubertad» -un concepto vago y genérico que no determina una edad concreta-, los menores de edad podrán acceder «a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado».

Fuentes del PSOE explican que aún no tienen posición en este artículo y que deben estudiarlo, mientras que desde Cs anunciaron que presentarán una enmienda para «aclarar, mejorar o corregir» estas medidas, igual que otros aspectos.

Educación de género

El artículo 40 dice que «deberá» recogerse «en todas las asignaturas y cursos la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar», una cuestión que también impone expresamente en la Educación Infantil.

Vestuarios y baños escolares

En los centros educativos, los alumnos podrán utilizar las instalaciones, como los baños o los vestuarios, conforme a su «género sentido». Ya se aplica en la Comunidad Valenciana.

El nombre elegido

En función del «género sentido», los alumnos pueden reclamar que el centro se refiera a ellos con otro nombre, elegido por el menor, y que se refleje en los listados o las calificaciones académicas, como ocurre con la ley de la Comunidad de Madrid.

Sin examen psicológico

La transexualidad dejaría de considerarse una enfermedad o un trastorno y se establece la libre autodeterminación del género. Con ello, este colectivo ya no necesitará un examen psicológico que diga que sufre disforia de género (trastorno de identidad) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo.

Reproducción asistida para lesbianas

Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

Equiparación a violencia machista

La violencia en parejas del mismo sexo se equipara a la violencia machista y, por tanto, se reconoce a las víctimas los mismos derechos y las mismas prestaciones sociales.

Beneficios laborales

Los transexuales serán considerados en su conjunto como un colectivo en «riesgo de exclusión social», no caso por caso. Eso le dará acceso a beneficios laborales. Habrá incentivos para su contratación y bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos.

Medios de comunicación

Se pretende obligar a los medios -principalmente las televisiones- para que incluyan en su programación, «para todas las franjas de edad», la promoción del colectivo LGTBI.

Una agencia que controla todo

Otra de las cuestiones más polémicas es la creación de una agencia estatal contra la discriminación con competencia para «incoar, instruir y resolver» el régimen sancionador, por encima de los jueces o los policías. El artículo 90, que regula todo lo relacionado con las infracciones, establece un duro régimen de medidas cautelares. Los críticos sostienen que la ley «suprime la presunción de inocencia».