HOMOFOBIA : La ola de agresiones homo-transfóbicas que sacude a la comunidad LGBTI de Chile

“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Personas sostienen paraguas arco iris para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia frente al edificio del Parlamento rumano en Bucarest. DANIEL MIHAILESCU / AFP

“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Brenda Plaza tenía 41 años y era una mujer trans que vivía en Iquique, al norte del país, pero aterrizó hacía dos meses al litoral para visitar a su madre. Hasta ahora no se han encontrado los responsables del crimen, pero familiares y activistas criticaron que la policía hablara de ella como “una persona de sexo masculino vestida de mujer”. “Hasta el último momento trataron a Brenda como hombre. Así que no podemos esperar que los malos dejen de matarnos, ni mucho menos podemos esperar respeto de los demás, si la misma policía no nos respeta”, espetó la concejala trans de la ciudad porteña, Zuliana Araya.

El asesinato de Brenda se suma a una larga lista de agresiones y ataques que se han registrado en el país suramericano en el último tiempo. Según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en 2018, en Chile se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento de un 44%, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 17 años. El documento también revela que por tercera vez en este período, la población trans acumuló el mayor número de vulneraciones, con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.

Hasta el 15 de marzo, se registraron en el país sudamericano 13 casos de violencia física por diversidad sexual, un 85% más que el promedio de años anteriores entre enero y marzo. En este recuento no se consideró el homicidio de Brenda ni tampoco la agresión que sufrieron un grupo de mujeres trabajadoras sexuales trans, que fueron apuñaladas a finales del mes pasado.

Entre los últimos casos que han conmocionado la sociedad chilena hay la “violación correctiva” de un hombre a su hijastra por ser lesbiana; o el ataque a la joven Carolina Torres, que quedó herida con riesgo vital tras ser golpeada con un palopor dos hombres mientras paseaba de la mano de su novia y otra amiga.
Precisamente, este jueves, después de dos meses de búsqueda, los presuntos agresores de Carolina fueron detenidos y, tras pasar a disposición del juez, quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación. El magistrado consideró que existe riesgo de fuga y que representan un peligro para la víctima y para la sociedad. No tuvieron la misma suerte las familias de María Pía Castro y Nicole Saavedra, asesinadas en 2008 y 2016 respectivamente, por ser lesbianas. Ambas muertes siguen impunes hasta el día de hoy.

“Efecto rebote” y ultraderecha

Érika Montecinos, directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, vincula la ola de agresiones de los últimos meses a la irrupción de los discursos de odio de los sectores “fundamentalistas y ultraconservadores” que han aparecido en todos los medios y la sociedad en general. “Es un acoso que nosotres vivenciamos diariamente, sobre todo aquellas personas que tienen una expresión o identidad de género diversa, como las lesbianas camionas o las personas trans”, explica.

Coincide con ella el encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, que apunta que los logros de la comunidad LGBTI se convierten en “razones para ser más odiados” por parte de los sectores más reaccionarios. “Hay un efecto rebote”, afirma.

De hecho, los avances en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, que se promulgó el noviembre pasado, y el triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los Oscar de 2018 provocaron la ira y el rechazo homo-transfóbico de varios grupos y personas que se movilizaron para boicotear la norma o para ofender a la protagonista del film, Daniela Vega. Concretamente, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra la actriz y 218 para boicotear la ley, según el Informe Anual.

Para Montecinos no se puede pasar por alto las consecuencias que tienen hasta hoy las dictaduras que en los 70 acecharon los países de América del Sur. Según ella, los grupos vinculados a los asesinatos y desapariciones no han desaparecido totalmente y resurgen ahora “con discursos neofascistas”. Opina que en los gobiernos de derecha “no hay mano dura ni políticas efectivas” que condenen los discursos de odio que incitan a la violencia. Y añade: “Se normalizan y relativizan detrás de una errada interpretación de la libertad de expresión”.

Fuica considera que lo que ocurre en Chile tiene relación directa con el auge de la extrema derecha a nivel global y el “mal manejo de los gobiernos socialistas”. Según él, los partidos conservadores “han empoderado a estos grupos que habían estado en la sombra y ahora aparecen sin temor, vergüenza ni pudor”.

Políticas a debate

Chile tiene varios pendientes en materia de políticas antidiscriminatorias. En 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, en homenaje al joven Daniel Zamudio, víctima mortal de una agresión homofóbica perpetrada por un grupo neonazi. Sin embargo, las organizaciones LGBTI reclaman una revisión de la normativa porque la consideran insuficiente. “No tiene sanciones contra quien discrimina, excepto una multa que además tiene un beneficio fiscal; y hay que cambiar la carga de la prueba: no debería ser la víctima quien demuestre la discriminación, sino que tendría que ser el agresor quien debiera probar que no lo hizo”, lamenta Franco Fuica.

El gobierno de Sebastián Piñera anunció para marzo la convocatoria de una consulta ciudadana para evaluar la efectividad de la ley, pero de momento no ha habido avances al respecto y el anuncio quedó en meras palabras al viento.
Ante el aumento de la violencia y desprotección, el Ejecutivo también decidió establecer una mesa de trabajo abierta a las organizaciones sociales. Sin embargo, algunas de las entidades fueron excluidas de la convocatoria y quedaron sin representatividad. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, indicó que el incremento de agresiones contra mujeres lesbianas y trans, requiere “un trabajo especializado” y “una protección especial” porque la violencia que afecta a estos grupos de mujeres “tiene unas características especiales”. Sin embargo, tampoco en eso ha habido avances.

Érika Montecinos considera que hasta ahora las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTI “han sido débiles” y no han abordado la “violencia estructural que niega derechos, por ejemplo, a las familias diversas, o que impide el matrimonio igualitario”. Por eso, desde su organización reclaman leyes “más severas que sirvan para combatir la incitación y crímenes de odio”. Como mujeres lesbianas y trans, exigen que se las incluya en las leyes integrales de violencia contra la mujer: “Queremos que se considere la violencia a las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, que se busque una mirada más amplia y no heteronormativa”, sostiene.

Desde OTD, Fuica redunda esa mirada y añade la importancia de transformar desde la educación: “Es el pilar fundamental para el cambio social hacia la igualdad verdadera”, concluye.

Portugal, refugio para homosexuales huidos de Brasil

Entre 2011 y 2018, cada 16 horas tenía lugar un asesinato homófobo en Brasil. En total, durante esos años, han matado a 4.422 personas del colectivo LGTBI

Un hombre participa en las marchas del Orgullo Gay en Lisboa, en junio. Rafael Marchante REUTERS

El día después de que el ultraderechista Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales en BrasilAriadna Seixasdecidió huir de Florianópolis, una de las mayores ciudades de la región Sur.

La brasileña, que se identifica como una mujer transexual,había regentado un popular café de la ciudad durante años y nunca había tenido problemas con nadie. Sin embargo, en las semanas previas a las elecciones -a la par que crecían las probabilidades de que el líder populista asumiera la presidencia-, ella y su pareja comenzaron a recibir amenazas a través de las redes sociales.

“Nos llamaban pervertidos y decían que nos iban a matar”, recuerda Seixas. Intentó ignorar los insultos, pero el día después de la victoria de Bolsonaro un grupo de personas asaltaron su café, llevándose todo lo que había de valor y destruyendo lo demás.

“Para nosotros fue obvio que el ataque iba ligado a su elección. Bolsonaro dice que las personas LGTBI representan un peligro para Brasil, y su victoria dio legitimidad al odio sin complejos. Algunos amigos homosexuales fueron agredidos en la calle y sé que asesinaron a varias personas trans en otras ciudades. El asalto que sufrimos fue terrible, pero comparado con otras barbaridades que tuvieron lugar, tuvimos suerte”, relata la brasileña.

Convencida de que si no salía del país iba a morir, Seixas comenzó a buscar dónde exiliarse. Inicialmente pensó en irse a Canadá, país que ha aceptado numerosas peticiones de asilo formuladas por víctimas de violencia homófoba, pero mientras ojeaba su cuenta de Facebook una mañana dio con la página de Portugay Tropical. El grupo, gestionado por brasileños asentados en el país vecino, ofrece asesoramiento a las personas LGTBI que intentan huir de la violencia en Brasil. Con la ayuda de la organización, la pareja de Seixas solicitó un visado de estudios en Portugal y ella consiguió su permiso de residencia por reagrupación familiar.

“Malvendimos el café y, con ese dinero, nos trasladamos aquí en enero”, cuenta la brasileña, que ahora vive en Oporto. “Tenemos que averiguar cómo hacer para quedarnos aquí a largo plazo, pero de momento es un alivio vivir en un sitio donde podemos andar por las calles sin miedo”, relata Seixas.

EL PAÍS DONDE MÁS PERSONAS LGTBI ASESINAN

Seixas es una entre los centenares de brasileños LGTBI que han elegido a Portugal como refugio tras sufrir agresiones homófobas en el país sudamericano. Desde hace una década, Brasil es el país del mundo donde más personas LGTBI son asesinadas. Según los informes de la ONG Grupo Gay da Bahia, 4.422 asesinatos homófobos tuvieron lugar en Brasil entre 2011 y 2018. La cifra implica que se produjo un crimen de estas características cada 16 horas.

En la segunda mitad de 2018 la situación crítica fue a peor debido a la influencia de Bolsonaro, quien reconoce ser “orgullosamente homófobo” y ha declarado que preferiría tener un hijo muerto antes que un hijo ‘maricón’.

Las noticias sobre la escalada de violencia contra las personas del colectivo LGTBI hicieron que Debora Ribeiro, que vive en Oporto desde hace una década, fundara Portugay Tropical en otoño. “Muchos amigos me contactaron preguntando cómo podían hacer para emigrar, y se me ocurrió que habría miles de personas como ellos. Creé la página en Facebook y, en ese primer día, llegaron miles de mensajes de personas pidiendo ayuda”.

Actualmente el grupo tiene más de 3.000 miembros,asesorados por Ribeiro y los trabajadores sociales y psicólogos que pertenecen a la organización. “Damos apoyo a personas que temen por su vida. Algunos se ven obligados a ocultar su identidad y fingir ser heterosexuales para sobrevivir; otros ni siquiera pueden salir de casa porque, si pisan la calle, les van a matar. La policía ya no hace nada para protegerles;están desamparados”.

UN REFUGIO IMPERFECTO

Al ser un país lusófono y seguro, Portugal es un destino natural para el colectivo perseguido. No obstante, aunque viajar al país vecino es fácil -los brasileños no requieren visado para hacerlo-, pedir asilo es complicado.

“Lo normal sería aprobar las peticiones de asilo de los brasileños que demuestren que sufren persecución debido a su orientación social”, explica Marta Ramos, directora de la ONG LGTBI ILGA Portugal. Aclara, sin embargo, que “hacerlo pondría al Ejecutivo luso en una situación delicada, pues implicaría reconocer que el Gobierno de Bolsonaro no respeta los derechos humanos del colectivo”.

“Ese paso podría provocar un incidente diplomático entre los países hermanos, algo que debe evitarse, pues podría empeorar la situación del colectivo en Brasil. Entretanto, estamos buscando vías alternativas para ayudar a los afectados”, añade Marta Ramos.

Además de las complicaciones que pueden surgir a la hora de obtener la residencia lusa, algunos de los brasileños que ya están asentados en el país vecino puntualizan que la vida portuguesa no es utópica.Emmerson Pessoa, profesor universitario de Rondonha, está cursando un doctorado en Lisboa desde hace un año. El académico ya sufrió agresiones por ser gay en su estado natal -el más evangélico de Brasil-, y una compañera trans fue víctima de un ataque homófobo en el periodo postelectoral.

“La elección de Bolsonaro me ha hecho dudar si volver a Brasil cuando concluya mi tesis. Sé que retornar es peligroso, pero ahí tengo mi puesto en la universidad. Si me quedo en Lisboa, tendré que empezar de cero, sin nada”, reflexiona Emmerson Pessoa.

“Sigo la situación en Brasil muy de cerca y, en unos meses, decidiré si me quedo o me voy. Cuando mis amigos me escriben desde ahí, preguntando cómo emigrar. Les cuento que las dos decisiones conllevan riesgos. Portugal es un puerto seguro, pero no es una panacea, y el exilio puede ser muy duro”, concluye este profesor universitario.

Ser mujer trans en un país donde su esperanza de vida es de 33 años

La activista Bianka Gabriela Rodríguez lucha por los derechos LGTBi en El Salvador, uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica

Bianka Gabriela Rodríguez, en Valencia. PEPE OLIVARES

Bianka Gabriela Rodríguez, mujer transexual y activista salvadoreña de 25 años, mantiene durante la entrevista un tono amable que acompaña regularmente con una sonrisa. El gesto solo se le ensombrece al final, ante la pregunta de cómo es que parece optimista después de haber recordado una infancia que hubiera doblegado a muchos, los asesinatos atroces de dos compañeras de lucha por los derechos del colectivo LGTBi, un amplio catálogo de violencias y discriminaciones cotidianas y el escalofriante dato de que la esperanza de vida de las mujeres trans en El Salvador es de 33 años, 40 menos que para la población general del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Siempre digo que aunque haya marea alta al final tiene que bajar, pero es triste que muchas mujeres trans hayan tenido que morir para conseguir los derechos que tenemos ahora, los pocos”, contesta.

La conversación tiene lugar el primer miércoles de febrero en la antigua estación de trenes del barrio de Benalúa, en Alicante, sede de Casa Mediterráneo, una institución promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la que Rodríguez ha sido invitada a participar junto a otras 18 mujeres latinoamericanas, del África Subsahariana y el Magreb, además de españolas, en un debate sobre la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto y los liderazgos femeninos en la construcción de la paz. Una jornada organizada por la Generalitat valenciana con la colaboración de la Fundación Mujeres por África y la entidad anfitriona.

El Salvador forma, con Guatemala y Honduras, el triángulo norte centroamericano, la región más peligrosa de Latinoamérica para las personas LGTBi, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal amenaza, afirma Rodríguez, presidenta de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), son las maras –las pandillas juveniles altamente organizadas que controlan amplias zonas del territorio– y lo que describe como “grupos de exterminio” vinculados a la extrema derecha. “Muchas mujeres trans se ven empujadas al trabajo sexual al no haber podido estudiar ni tener acceso a empleos formales. En la calle, las maras las asedian, las golpean, abusan de ellas y tienen que pagarles una cuota para que les dejen trabajar en las cuadras”. La policía, añade, constituye normalmente otra fuente de extorsión y el nivel de esclarecimiento de los crímenes de que son objeto es ínfimo: “Desde 2015 se han registrado 40 asesinatos de mujeres trans que siguen en la impunidad”.

Entre los homicidios sin resolver figura también el de la activista Tania Vásquez, que desapareció tras salir de una reunión de la asociación que dirige Bianka Rodríguez hace seis años. Vásquez fue hallada al día siguiente en un parque de San Salvador envuelta en un plástico negro y atada de pies y manos. Había sido torturada y violada, le habían cortado los genitales y se los habían colocado a la altura de los pechos. En mayo de 2015, otra activista LGTBi, Francela Méndez, integrante de la Red Salvadoreña de los Derechos Humanos fue asesinada a golpes en el municipio salvadoreño de Sonsonate. El autor o los autores del crimen le cortaron el cabello con un machete.

La discriminación persigue con frecuencia a estas mujeres después de la muerte. Rodríguez explica que la familia de Tania Vásquez no quiso reconocer el cuerpo ni hacerse cargo del entierro, y fueron sus compañeras de Comcavis Trans las que compraron el féretro. “Hay muchos casos de asesinadas en los que la familia no quiere hacerse responsable. Y si lo hacen, suelen enterrarlas con el género masculino; les cortan el pelo, no las maquillan, las visten con ropa de hombre”.

Huérfana de padre, la madre de Rodríguez reprimió desde niña su identidad encerrándola días enteros en una habitación. “La escuela era la única vía de libertad que yo tenía. Cuando cumplí 15 años, como todas las niñas, empecé a usar brillo en los labios y un poco de polvo. Una maestra la mandó llamar y mi madre me dijo enfrente de toda mi escuela que no me podía aceptar porque ella había tenido un niño, no una niña, y que para ella yo era una aberración”. Poco después, Rodríguez se fugó de casa. Encontró trabajo en una panadería, donde la explotaban y dormía sobre los sacos de harina y azúcar. A los 18, su abuela materna la acogió, la animó a retomar los estudios y le permitió desarrollarse como mujer.

Para explicar la discriminación institucional que padecen las mujeres trans en El Salvador, Rodríguez abre el bolso y saca el pasaporte, en el que al lado de su foto figura un nombre masculino. “Cada vez que voy a la dirección de migración para salir del país, al verlo los agentes se codean, se burlan. Y eso, además de incomodar, es una forma de violencia. Lo mismo pasa con el Documento Único de identidad. Tenemos muchos problemas para acceder a trabajos porque no se nos reconoce el derecho a que aparezca en él nuestro nombre y nuestra identidad”.

El prejuicio que da por sentado que todas las mujeres trans tienen el VIH y la discriminación adicional que sufren las personas portadoras del virus también les cierra el paso a las consultas médicas y a la atención sanitaria, afirma Rodríguez. “Nuestra organización ha tenido que intervenir ante las instituciones de salud porque hay mujeres trans que llegan a los centros apedreadas, acuchilladas o con heridas de bala y no son atendidas porque el personal se niega a tocarlas”.

DOS ASESINADAS AL DÍA

Las mujeres trans son un colectivo especialmente vulnerable en el triángulo norte de Centroamérica, donde el nivel general de violencia es muy alto y la que sufre el conjunto de las mujeres resulta de vértigo. En Guatemala, un país de 17 millones de habitantes, cerca de 700 mujeres son asesinadas al año, casi dos al día, señala Mercedes Hernández, que ha estudiado el feminicidio en la región.

Presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala e invitada al encuentro celebrado en Casa Mediterráneo, en Alicante, Hernández afirma que entre las maras y otros grupos criminales formados por hombres predomina una cultura en la que matar y violar mujeres les permite acreditar méritos entre sus iguales. “Dentro de la función política que tiene la violencia”, prosigue, “el expolio del cuerpo y la vida de las mujeres es una manera de demostrar quién tiene más capacidad de letalidad, de crueldad, de venganza y por tanto de poder”.

El matrimonio gay centra el debate sobre la nueva Constitución cubana

El artículo 68 monopoliza el proceso de consulta popular acerca de la Ley Fundamental, que se votará en referéndum en febrero

Mariela Castro, en un coche en el desfile del Orgullo Gay en La Habana el pasado 12 de mayo. En vídeo, el debate sobre el matrimonio homosexual en Cuba. FOTO: YAMIL LAGE (AFP) | VÍDEO: REUTERS

Cuba estrena Constitución, pero pareciera que solo inaugura un artículo. De los 224 de que consta, uno en concreto, el 68, concita toda la atención: el artículo que abre la puerta al matrimonio igualitario, muy contestado por las iglesias y parte de la sociedad de la isla. Si se le suma el 40, que establece la igualdad y no discriminación por razón de género o identidad sexual, se tiene el debate perfecto sobre la nueva Carta Magna, que se votará en febrero y sustituirá la de 1976. Opiniones hay para todos los gustos: el mundo LGTBI ve al alcance de la mano un logro largamente anhelado; los críticos, un ejercicio de gatopardismoque apenas cambia nada. Otros lamentan que la discusión haya tomado la parte por el todo, mientras los fieles de las distintas iglesias alertan de una aberración contra natura.

El matrimonio igualitario —formulado como “unión entre dos personas”, sin especificar el sexo— no es la única novedad de la Constitución, que también reconoce la propiedad privada, la importancia de la inversión extranjera y la limitación del mandato presidencial, entre otras cuestiones. Pero su sola formulación, en un país donde en los sesenta los homosexuales eran confinados en campos de reeducación, supone toda una apuesta. Una apuesta con nombre y apellidos, los de Mariela Castro, hija de Raúl Castro, y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), referente de la comunidad LGTBI. Manuel Vázquez, subdirector del Cenesex, estima que este paso “es un avance muy positivo en el contexto latinoamericano actual, marcado por retrocesos en los derechos LGTBI, la salud reproductiva y sexual y la violencia de género”. “Con la nueva Constitución, toda la población ganará en derechos, no solo los homosexuales. El 68, y el 40, que es su fundamento, nos permitirá avanzar hacia una sociedad más diversa. No se trata solamente de celebrar nuestro orgullo, sino de reivindicar nuestras vivencias como una forma legítima y legal en el seno de una sociedad más inclusiva”, subraya Vázquez, que recuerda el apoyo explícito a la iniciativa del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Susana Hernández, activista LGTBI, no puede ocultar su gozo, aun consciente de la oposición que despierta el proyecto. “El Gobierno reconoce la legitimidad y los derechos de un grupo poblacional; sólo esto ya es un avance. Se reconoce así un trabajo de años del activismo. Pero Cuba sigue siendo un país machista y patriarcal y hay una fuerte oposición que la Asamblea Nacional debe superar. No se debía someter a votación un artículo relativo a derechos humanos; votarlo es arriesgado por la fuerte campaña de algunas iglesias, sobre todo las evangélicas. A pesar de esas oposiciones, quienes dirigen el proceso en el país han expresado su confianza en que el proyecto se apruebe finalmente”, explica.

Hernández desgrana los retos por delante una vez aprobado el texto: “Habrá que modificar el código de familia y el civil para introducir cambios en la adopción, la reproducción asistida (ahora sólo para parejas heterosexuales), el registral para acomodar la identidad de género y, en el código penal, para enfrentar la discriminación de género y los delitos de odio”.

Otro activista, Francisco Rodríguez Cruz, militante del Partido Comunista de Cuba (PCC) y gay, recuerda que en 2012 el PCC asumió la no discriminación por orientación sexual, “sin esos pasos previos no habríamos llegado hasta aquí”. “Hemos asistido a un interesantísimo proceso de consulta popular, con una discusión necesaria. El artículo 68 fue el que más propuestas recibió”, explica en alusión a la consulta que durante tres meses, hasta el pasado jueves, recogió las propuestas y sugerencias de los ciudadanos sobre el borrador constitucional.

“Este debate ha ido mucho más allá, ha sido un referendo adelantado de las posturas de la sociedad cubana acerca de la diversidad sexual en el que exorcizamos los viejos demonios de la homofobia y la transfobia. Pese a la resistencia de una parte de la sociedad, la voluntad política del Estado ha quedado clara. El presidente ha apoyado el matrimonio igualitario, se nota una convicción en la dirección del país”, explica. Convencido de que el referéndum de febrero, y el nuevo texto, “es un punto de partida, no de llegada”, Rodríguez Cruz recuerda que comparte militancia en el partido con detractores del artículo 68. “Hay compañeros evangélicos que se oponen al matrimonio gay. Es halagador que a la gente le preocupe más mi matrimonio que otros asuntos”, bromea.

La oposición de las iglesias evangélicas

Frente a los activistas, en el sentido más literal posible, la postura de las iglesias evangélicas roza un ánimo de cruzada. En la fachada de un templo metodista del Vedado cuelgan dos cartelones que rezan: “La familia como Dios la creó. Matrimonio Hombre+Mujer”. “¿Necesita más explicación que esa? Todo lo demás es una aberración”, dice el custodio. En un humildísimo templo bautista del centro, el diácono Esbán Prado explica su participación en la consulta popular a través del Comité de Defensa de la Revolución local. “Pedimos que se eliminaran varios párrafos de los artículos 68 y 40, porque el Estado debe incentivar la pareja heterosexual y monógama, basamento natural de la procreación. Si el texto que se somete a votación en febrero no recoge nuestras propuestas, votaremos en contra o nos abstendremos”, advierte. El ejércitobautista —“unos 4.000 lugares de culto en todo el país, y creciendo”— amenaza con poner la zancadilla al proceso. “Habrá muchos votos en contra y más abstenciones que en la del 76”, pronostica el diácono.

Los colores del arcoíris se imponen pues sobre la amplitud gris del resto del articulado, y sobre la púrpura de una Iglesia católica que se retrató mediante un mensaje pastoral de los obispos que resumía sus discrepancias: su oposición al matrimonio gay, a que la educación esté en manos del Estado o a “la ideología de género como corriente foránea” apoyada desde el oficialismo. Pero en privado, desde el anonimato, algunos pastores afinan las críticas. “Todo es fachada, apariencia. La Constitución sigue siendo el reflejo de la ideología de un partido. Pero en la Iglesia sólo mordemos la carnada de los temas de ética, como el matrimonio igualitario. Es obvio que defendemos el matrimonio de hombre y mujer, y la vida si se habla del aborto, pero ¿por qué no defendemos la vida a diario, la vida de las familias que no tienen que comer?”, se pregunta el párroco de una iglesia de Centro Habana.

¿NUEVA MECA PARA EL TURISMO GAY?

Susana Hernández ha creado la ruta Into Queer Havana, recomendada a sus clientes LGTBI por la plataforma AirBnb. “[La nueva Constitución] Puede potenciar el turismo para este segmento de la población, es un factor a tener en cuenta. La gente quiere sentirse cómoda y cada vez se promocionan más ambientes para la diversidad. Ahora hay al menos siete bares para gais en La Habana”, explica. Su ruta queer es otro ejemplo: “Es la primera experiencia de este tipo, permite una primera visión de la ciudad para aterrizar en ella con seguridad. Y el impacto que está teniendo en los medios internacionales supone también un plus de empoderamiento porque aún queda mucho por hacer en el tema del orgullo, de la visibilidad”. La apuesta por la diversidad va más allá: el grupo Gaviota, una de las corporaciones turísticas más importantes del país, y propiedad de las fuerzas armadas, suscribió en agosto un convenio con un grupo europeo para gestionar un hotel LGTBI en la isla.

Donny Reyes, activista LGTBI en Honduras: “En elecciones, se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante”

Donny Reyes, activista LGTBI y presidente de la Asociación Arcoíris de Honduras CRISTINA POZO GARCÍA

Sobrevivir, tener un espacio para poder hablar de manera libre, tener acceso a la Sanidad o encontrar un trabajo. Estos son los objetivos principales de los defensores de los derechos LGTBI en Honduras, comenta Donny Reyes, activista y director de la Asociación Arcoíris. En Centroamérica la esperanza de vida del colectivo es bajísima, muchos no superan la treintena, y ser activista es una de las labores más peligrosas.

Tras la ola represiva que se produjo después de las elecciones del pasado mes de noviembre, el clima sigue tenso. “Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo el control de la policía. Muchas de las activistas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia. Las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta”, asegura Reyes, que visita España estos días para dar a conocer la situación de las personas LGTBI en el país centroamericano.

¿Cómo es ser defensor de los derechos LGTBI en Honduras?

Ya ser una persona LGTBI en un lugar tan violento como Honduras es una afrenta al sistema patriarcal cultural religioso que se vive en el país, y cuando se asume el trabajo de la defensa de los derechos humanos como hombre abiertamente gay o una persona LGTBI es una doble afrenta a este sistema estructurado por la violencia y por los sistemas de represión.

Es una condición bastante dura y complicada porque además se cree que lo que estamos haciendo los hombres y las mujeres que somos homosexuales es una renuncia al statu quo que la sociedad nos dio. Se cree que estamos renunciando a esa figura de hombre y de poder para querer ser mujer. En contextos misóginos y patriarcales, en el contexto latinoamericano, es perder ese estatus de poder, lo cual genera un rechazo y una violencia.

¿Qué vive la comunidad LGTBI en el país?

Consideramos que hay tres elementos fundamentales para la violación de los derechos de las personas LGTBI en Honduras. Por un lado, están los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de mensajes de odio y de rechazo. Por otro, el sector fundamentalista religioso que perpetúa los mensajes de violencia y, finalmente el Estado, que permite que todo esto suceda.

Entonces, mientras estos tres elementos no cambien y se mantengan en la cultura hondureña permeados por el fundamentalismo religioso y por un Estado conservador e indiferente, nuestras condiciones de vida van a ser desiguales. Nosotros no luchamos por nada más que sea la vida, nuestra principal lucha es tener una vida y que no se nos agreda o se nos mate. Ni siquiera estamos luchando más allá de otros derechos porque lo que necesitamos son garantías de que vamos a lograr llegar a los 34 años, que es la máxima esperanza de vida de una persona LGTBI en Honduras y en otros países de Centroamérica.

Es muy duro enfrentarse a sistemas opresores como el actual régimen hondureño que está gobernado por el militarismo. Un Gobierno que no es reconocido por el pueblo ni por la sociedad y cualquier voz disidente o de denuncia de derechos humanos es blanco para ser atacado.

“Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es defender a mareros, defender a delincuentes”

Para los activistas, existe una cadena de violencias. ¿Cómo se manifiesta en Honduras?

Ya solo ser una persona LGTBI es complicado y si ya hablamos de un activista… hablamos de la violación sistemática del Estado, de la negación de servicios básicos de salud y empleo. Hablamos también de la estigmatización. Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es como defender mareros, defender delincuentes… es una campaña constante en contra a través de los medios de comunicación y a través del Estado mismo.

Dicen por ejemplo que no vamos a la iglesia y lo que hacen es crispar a la gente, y esto pone a las defensoras y defensores en una condición de mayor vulnerabilidad. Nos hace estar expuestos y que haya mayor división en las familias.

Defender los derechos humanos también es pelearte con tu hermano o pelearte con tu madre y exponer la seguridad de tu familia. Es un manojo de contradicciones.

Ahora mismo, ¿en qué puntos se centra vuestro trabajo en el país?

En lo que estamos trabajando ahora es en la emancipación, en la búsqueda de mecanismos de autoapoyo y supervivencia. Arcoíris es un centro de acogida en donde hacemos de todo: acompañamiento psicosocial, legal, recibimos compañeros que han sufrido agresiones, les acompañamos a los sistemas de sanidad… El trabajo es atender directamente a la comunidad LGTBI víctima de la exclusión y de la violencia.

A la vez, estamos impulsando acciones de justicia, reclamación del derecho a la dignidad, impulsando iniciativas de ley para la no discriminación. Son cosas que parecen muy elementales, pero nos toca incluso ir hasta el lugar donde las asesinan, hacer reconocimientos, reclamar cuerpos, buscar lugares dignos para que sean enterradas y que sus cuerpos no terminen en fosas comunes.

A nivel legislativo, ¿en qué situación se encuentra el colectivo?

Desprotegido. No existe una ley que criminalice la homosexualidad como tal, pero no existe una ley que regule el tema de la discriminación. Si algún compañero o compañera se atreve a participar en contiendas electorales, existe un ataque crudo y voraz en los que se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante. Y esto pasa en los medios de comunicación. Los compañeros que decidieron participar en política lo han pasado muy mal, algunos se exiliaron y otros fueron brutalmente asesinados.

Uno de los compañeros que se postuló electoralmente fue el periodista Erick Alexander Martínez que era periodista y fue asesinado de una forma cruel. Lo estrangularon, lo violaron, lo amarraron, lo tiraron a un risco en medio de la nada. Cosas atroces.

¿Cómo nació Arcoíris y cuánta gente encuentra apoyo en esta asociación?

Nació en el 2003. Necesitábamos un espacio libre de discriminación, un sitio seguro en el que poder expresarnos, donde poder hablar con nuestro novio o novia. Necesitábamos un lugar cómodo porque salir a la calle es imposible por el nivel de agresiones. Actualmente tenemos alrededor de 600 personas en la organización y es un lugar mixto. Y funcionamos más que como una asociación, como un hogar abierto.

Los años electorales son muy complicados. En el año 2017, en el marco electoral, se produjeron 34 asesinatos contra personas LGTBI. En los últimos cinco años, se han producido más de 240.

Todo cambió después de las últimas elecciones, ¿cómo está ahora la calle?

El país vive una crisis política y postelectoral que no se supera. Hay una división social y un rechazo social hacia el gobernante hondureño donde las condiciones de vida han empeorado. El país está muy militarizado, todo está bajo el control de los militares. Se podría decir que no existe la libertad de expresión. Honduras reporta el mayor número de agresiones y asesinatos a defensoras y periodistas.

Los familiares de las más de 30 personas muertas después de las elecciones temen que lo que sucedió en noviembre no se haga justicia. ¿Con qué se están encontrando cuando se dirigen al Gobierno para protestar?

Los plantones y las movilizaciones para reclamar justicia se producen a diario. Estamos a la espera de que se reanude el juicio de la compañera Berta Cáceres. Sin embargo, ahora mismo hay más de 200 estudiantes que reclamaron justicia que están criminalizados, que fueron expulsados de la universidad cinco años por protestar. El movimiento ambiental, el campesino, todo está perseguido. El país está en una situación de convulsión por el modelo capitalista.

¿La represión de noviembre cómo afectó al movimiento LGTBI?

Con muerte. Así afectó. Hubo compañeras que por sus propias condiciones de salud y enfrentarse a veinte bombas lacrimógenas tuvieron que ser hospitalizadas y murieron a causa de infecciones crónicas.

Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo control de la policía. Muchas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia o qué pasó. Siempre, las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta en este tipo de acciones.

Asesinan a un activista binario referente del movimiento LGBTI en Brasil

Matheusa Passareli, de 21 años de edad, se identificaba a sí mismo como masculino y como femenino y era referente del movimiento LGTBI. En Brasil, se produce un asesinato o un suicidio de una persona víctima de la LGTBfobia cada 19 horas.

Orgullo Gay de Brasil/Reuters

La Policía Civil del estado brasileño de Río de Janeiro ha informado del asesinato de la activista de la comunidad de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) Matheusa Passareli, cuyo nombre es referente de su consideración binaria -tanto de género femenino como masculino-.

La víctima desapareció el pasado 29 de abril tras salir de una fiesta en el barrio Encantado, una favela de la zona norte de Río de Janeiro, siendo vista por última vez a las 19.30 (hora local).

Finalmente, las autoridades han confirmado que fue asesinada, quemada y sin apenas pruebas materiales. Estudiaba Artes Visuales en la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) y tenía 21 años de edad.

Según ha detallado la Delegación de Descubrimiento de Paraderos (DDPA), Matheusa Passareli fue asesinada a las 02.30. La Policía Civil sospecha que los responsables han sido narcotraficantes de la zona y que la causa fue un crimen de odio por homofobia. “Como sabemos que las personas con identidad LGTBI son una población expuesta a la violencia, la desaparición de Matheusa nos provoca gran preocupación”, ha expresado la Rectoría de Políticas Estudiantiles de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde estudia el hermano de la víctima, Gabriel Passareli.

Las muertes por ser LGBTI “crecen de manera alarmante”

Los asesinatos contra el colectivo LGTB crecieron un 30% en Brasil en 2017 con respecto al año anterior, según datos de la organización no gubernamental Grupo Gay de Bahía divulgados por medios locales.

El número de homicidios contra lesbianas, gais, transgénero y bisexuales en el país suramericano pasó de 343 en 2016 a 445 contabilizados el año pasado, de acuerdo con el estudio divulgado este miércoles por el portal O Globo.

Las muertes contra este colectivo “crecen de manera alarmante” en los últimos años, pues en el año 2000 se registraron 130, una cifra ya de por sí alta.

Esta lacra dejó en 2017 una media de un asesinato o un suicidio de una persona víctima de la LGTBfobia cada 19 horas, lo que convierte a Brasil en el país donde más se comete este tipo de crimen del mundo, según denunció la ONG.

Uno de los datos de 2017 destacados por la ONG es el aumento del 6 % de los asesinatos contra los transexuales con respecto al año anterior. “El crecimiento es particularmente grave. Se estima que los travestis y transexuales no deben pasar del millón de personas, lo que significa que el riesgo de un trans de morir víctima de la homotransfobia es 22 veces mayor que los gais”, indicaron los autores de la investigación.

El estudio compara la situación de Brasil con la de Estados Unidos, donde, según sus datos, 25 transexuales fueron asesinados, frente a las 191 transgénero brasileños en 2017, por lo que el riesgo de muerte de este grupo en el país suramericano es 12 veces mayor que en la potencia norteamericana.

Brasil llora por una mujer negra, lesbiana y feminista

El clamor por su asesinato ha convertido a la activista brasileña en un tótem

Un grupo de manifestantes pintan con spray una imagen de Marielle Franco con el mensaje: Presente hoy y siempre. LEO CORREA (AP). VÍDEO: REUTERS-QUALITY

Los tiros que mataron a Marielle Franco el 14 de marzo, en Río de Janeiro, atravesaron más que su cuerpo. Contra las expectativas de quienes la ejecutaron, las balas alcanzaron la ley no escrita de que los negros pueden morir. Siete de cada diez personas asesinadas en Brasil son negras. Marielle, de 38 años, sería una más en desplomarse sobre el asfalto, sin sonido ni lamento. Pero no lo fue. Esta vez, el clamor por la muerte de una mujer negra, lesbiana y feminista ha provocado una ruptura. El cuerpo destrozado de Marielle Franco se ha convertido en un tótem. Y, como tótem, vive.

Su muerte ha traspasado la barrera de la normalidad de un asesinato negro, y este traspaso solo ha sido posible por su vida. Por su vida la mataron. Y por su vida sus asesinos no podrán matarla.

Al hacer de su vida una excepción, Marielle denunció la deformidad de lo normal. Nació en la favela y consiguió llegar a la universidad. Fue madre adolescente y crio a su hija sin tener que convertirse en mujer de traficante. Era lesbiana y luchó contra la homofobia.

E hizo algo todavía más peligroso para quienes quieren mantener sus privilegios intactos: Marielle reventó el discurso de que el voto no tiene valor y que la democracia ya no puede responder a los anhelos de la ciudad. Probó que la política sigue siendo un instrumento poderoso para rechazar destinos determinados y recuperar la capacidad de imaginar un futuro donde todos quepan.

Marielle demostró que los cuerpos negros pueden ocupar la ciudad en otra posición. La quinta concejala más votada en Río por el PSOL, un partido de izquierdas, luchaba por las mujeres de la favela y los derechos humanos. Marielle pertenece a la generación que está reinventando la democracia en Brasil. Una osadía en un país donde el proceso democrático se corrompe sistemáticamente.

El genocidio negro es un golpe que se reedita desde hace siglos en Brasil. Dos días después del asesinato de Marielle, a un bebé negro le volaron la cabeza en un supuesto intercambio de tiros con la policía de Río. “¡Parad de matarnos!”, decía el cartel que llevaba un niño de 11 años en la última manifestación en São Paulo. Al querer recolocar a Marielle en el lugar destinado a los negros, tumbados en el asfalto, Brasil ha descubierto que los negros no volverán a los barracones.

A Marielle Franco la asesinaron casi un mes después de iniciarse la intervención federal en Río, dando el mando de la seguridad al Ejército. Pero la única intervención legítima es la suya, un desgarrón en la estructura racista de Brasil: con su vida, Marielle creó un cuerpo que ya no puede asesinarse.

Bermudas, primer país del mundo en revertir la legalidad del matrimonio homosexual

La nueva ley reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse

 

Figuras de pastel de bodas homosexuales. / DAVID MCNEW (AFP)

El gobernador de Bermudas, John Rankin, sancionó hoy una ley por la que ya no se permitirá la celebración de matrimonios homosexuales en el archipiélago ni en barcos con bandera del país, por lo que se convierte en la primera nación del mundo en revertir dicha normativa. Rankin firmó la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye al matrimonio gay, permitido desde el 5 de mayo de 2017 por un fallo histórico de la Corte Suprema de Bermudas, territorio británico de ultramar.

La nueva ley, que fue aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse. Sin embargo concede derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo o tomar decisiones médicas en nombre de la pareja.

En opinión del ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown, aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de “una unión libre en la que tendrán los mismos derechos”. La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los derechos de grupos LGBT, que consideran ilegal el hecho de que se permita y después se niegue.

Brown señaló que la mayoría de los ciudadanos de Bermudas están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Esta ley tiene la intención de encontrar un equilibrio entre aquellos que en la isla creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y a la vez reconocer y proteger los derechos de aquellos del mismo sexo”, dijo a medios locales Brown.

Varias compañías de cruceros con barcos de bandera de Bermudas han declarado que esta medida va a “decepcionar” a aquellos que pensaban contraer matrimonio a bordo de sus embarcaciones. En un comunicado conjunto, las empresas P&O Cruises y Cunard señalaron que ahora ofrecerán poder llevar a cabo “ceremonias de compromiso” a bordo.

El Tribunal Supremo de Bermudas falló, en mayo de 2017, a favor del ciudadano bermudeño Winston Godwin y de su prometido, el canadiense Greg DeRoche, quienes querían casarse en el archipiélago. El Registro General rechazó su solicitud, por lo que la petición se llevó hasta la Corte Suprema con el argumento de que la Ley de Derechos Humanos prevalece en Bermudas sobre cualquier otra normativa y esta les dio la razón. La sentencia judicial se aplicó pese a que en junio de 2016 la población de Bermudas rechazó en una consulta el matrimonio gay por un 69% en contra por un 31 % a favor.

Argantina: Cuando la salud no es prioridad

  • El Gobierno deja de entregar medicamentos para pacientes con VIH
  • Son remedios que reciben personas que no tienen posibilidad de comprarlos y no pueden interrumpir sus tratamientos. Autoridades sanitarias de San Luis explicaron que funcionarios nacionales  les dijeron que hubo “una demora” y no les garantizaron la continuidad de las entregas.  Precisaron que lo mismo ocurre en otros lugares del país.

Los pacientes con VIH no parecen ser una prioridad para la administración de Mauricio Macri. La provincia de San Luis denunció que el Gobierno nacional dejó de enviar los medicamentos que necesitan los infectados con ese virus. Se trata de tres retrovirales de alto costo destinados a pacientes que no tienen posibilidad de comprarlos y que no pueden interrumpir sus tratamientos.  Funcionarios puntanos del área de salud aseguraron que ese no es el único distrito al que no llegaron los remedios y revelaron que las autoridades nacionales adujeron a “una demora” la imposibilidad de entregarlos. La subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud es María Cecilia Loccisano, la esposa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por estos días de vacaciones para bajar el tono del escándalo por el despido de la casera de su quinta familiar que estaba contratada en el SOMU.

 

En San Luis hay 73 pacientes con VIH que son tratados en el sistema de salud público de esa provincia y que esperan la llegada de los medicamentos que envía la Nación.  Cuentan con la dosis necesaria para este mes, pero ya deberían haber recibido la correspondiente al mes de febrero. La demora genera inquietud y no es menor puesto que los tratamientos no pueden ser interrumpidos.

El jefe de Epidemiología y Bioestadística de San Luis,  Rodrigo Verdugo, precisó cuáles son esos medicamentos: Efavirenz 600 miligramos; Darunavir 600 miligramos y el jarabe Zidovudina. Los pacientes los reciben en forma gratuita. Si no fuese así, no tendrían acceso a los mismos por su elevado costo.
“Son tres antiretrovirales indispensables para los tratamientos”, explicó el funcionario puntano y contó que se enteró que el gobierno nacional no los enviaría cuando ayer recibió una nota de la Dirección Nacional de SIDA donde le informaron sobre las demoras en la entrega. “Por este motivo en febrero no contaremos con los mismos, pero lamentablemente no aclaran si esta situación se repetirá también en marzo”, agregó.
El caso de San Luis no es único. “Esta problemática la están padeciendo todos los centros de salud públicos del país”, apuntó Verdugo y afirmó que la decisión de las autoridades de esa provincia es hacerse cargo del tema para que los pacientes no interrumpan sus tratamientos, pero lamentó que “ahora tenemos menos de 10 días para conseguirlos y comprarlos.”
El problema que se presenta es, según precisó el jefe de Epidemiología y Bioestadística de San Luis,  que si bien hay posibilidad de conseguir los remedios en el país, son desarrollados por laboratorios internacionales y por su complejidad son producidos en el exterior. “Los costos  son muy altos, y el Programa Sida atiende a personas que no tienen obra social, ni trabajo”, destacó también Verdugo y detalló: “Algunos remedios llegan a costar casi 30 mil pesos cada uno, duran un mes, y hay que tomarlos permanentemente.”
“Estamos trabajando para conseguirlos y costearlos desde el ministerio de Salud de San Luis, y poder asegurar los tratamientos de los pacientes”, señaló además Verdugo y explicó que “los tratamientos no se pueden interrumpir porque el virus genera resistencia, y si estas personas por un período prolongado no reciben la medicación, es posible que al volver a tomarla, ya no les haga ningún efecto”.

“Imaginar el futuro de la tribu da miedo”: la epidemia de VIH que diezma a una etnia indígena latinoamericana

Hay una comunidad de la etnia warao en la que ya no hay hombres. Todos murieron. Y las mujeres del grupo que sobreviven, están aisladas. Nadie quiere casarse con ellas. Creen que les cayó una brujería.

La epidemia de VIH está avanzando… Foto cortesía: Jacobus de Waard

Pero lo que ocurrió tiene una explicación perfectamente científica.

Los hombres de la tribu warao, localizada mayormente en el este de Venezuela, en la desembocadura del río Orinoco —uno de los más importantes de América del Sur y de los más caudalosos del mundo— fallecieron a causa del VIH.

“Tiene una prevalencia del 10% en algunas comunidades.Hay comunidades pequeñas en las que casi todos los hombres que tienen entre 16 y 23 años sufren de VIH”, indica el doctor holandés Jacobus de Waard, del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela, quien ha tratado a los warao desde 1993.

El río Orinoco es muy importante en la vida de los warao.

Para algunos, ese porcentaje podría parecer menor, pero no lo es.

La prevalencia del virus en Venezuela es de 0,6%, de acuerdo a las cifras de ONUSIDA, el organismo de Naciones Unidas cuyo objetivo es controlar la propagación de la enfermedad.

El hecho de que la presencia del virus entre los indígenas supere el número de personas que viven con VIH en el país, hace que la situación se catalogue como una epidemia.

Y considerando que los warao tienen menos de 50.000 integrantes (según los datos de un censo realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística), los efectos pueden ser devastadores.

“Es una situación alarmante por su magnitud. La prevalencia es muy elevada, similar a la que se vio en África al inicio de la epidemia en ese continente. Además, se ha transmitido con mucha rapidez”, le dice a BBC Mundo Flor Pujol, directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y una de las coordinadoras de un estudio acerca del caso de los warao.

Y añade: “También es una situación excepcional porque siendo el VIH una enfermedad ‘importada’, nunca ha sido una condición que afecte a las poblaciones autóctonas latinoamericanas”.

Sobreviven menos de 50.000 integrantes de la tribu.

Muerte muy rápida

El tipo de VIH que circula entre los warao tiene una peculiaridad: el virus se transforma en sida con rapidez y ocasiona la muerte del paciente en un período de tiempo corto.

“La mayoría de las infecciones por VIH empiezan como R5, y a medida que la enfermedad transcurre, el virus se transforma en X4, muy lentamente. Esa variante es mucho más agresiva, por lo que el estado de inmunodeficiencia se alcanza con mayor rapidez”, le explica a BBC Mundo Héctor Rangel, biólogo del IVIC, quien también participó en la investigación.

“El 90% de los warao —prosigue Rangel— tiene el X4 y eso no es común, ni en América Latina ni el resto del mundo”.

De Waard dice que la expectativa de vida de los indígenas de la tribu con VIH puede ser de dos años.

Los warao viven en la desembocadura del Orinoco.

La cepa que afecta a la etnia, además, es diferente a la que circula entre el resto de la población venezolana.

“Tampoco se encuentra en el Caribe ni en Guyana. Sabemos que el brote empezó en la comunidad de Guayo, en el delta del Orinoco, pero desconocemos su origen. Las cepas parecen filipinas, pero no tenemos certeza. Por el río pasan muchos barcos, quizás se introdujo de esa manera”, señala De Waard.

La importancia de los “tidawinas”

Otra característica de la epidemia es que afecta desproporcionadamente a los hombres.

“En algunas comunidades hasta un 35% de la población adulta masculina está infectada. En lo que respecta a las mujeres, hay casos en los que apenas se llega al 2%”, comenta Pujol.

Un elemento que permite explicar esta disparidad se encuentra en el papel que juega la homosexualidad y la bisexualidad en la cultura warao, según coinciden los científicos que han estudiado el tema.

El virus afecta principalmente a los hombres jóvenes. Foto cortesía: Jacobus de Waard

“Es común que individuos transgénero hombre a mujer (tidawinas en warao) tengan actividad sexual con hombres diariamente en algunas comunidades.

Algunos antropólogos opinan que los transgénero se consideran como ‘esposas’ secundarias“, refiere un estudio publicado en la revista de la Sociedad Internacional de SIDA en 2013 (*).

Un factor adicional que complica la presencia del VIH entre los indígenas es la tuberculosis. Es una enfermedad con alta prevalencia y de larga data entre los miembros de la etnia, lo que los hace más vulnerables. Y ambas condiciones se potencian cuando coexisten en el organismo.

Crisis absoluta

La falta de tratamientos con antirretrovirales para controlar el avance y el contagio del VIH también es un elemento que ha permitido que la epidemia se siga propagando.

El sistema de salud en Venezuela atraviesa una crisis que se ha agravado con el paso de los años, lo que ha hecho que la escasez de medicamentos sea una constante. La Federación Farmacéutica Venezolana calcula que hay problemas con 85% de los productos.

Llegar a la zona en la que viven los warao en el delta del Orinoco es muy complicado.

“En este momento hay un desabastecimiento grave de 24 antirretroviralesy hay fallas con 20 más. La última compra de medicamentos para el VIH hecha por el Ministerio de Salud fue en enero de 2017″, le dice a BBC Mundo Regina López, directora de ONUSIDA en Venezuela.

López explica que hay un plan de acción para tratar la situación de los warao que incluye una campaña educativa con el objetivo de prevenir el contagio, considerando la cosmovisión de la etnia.

Creen, por ejemplo, que el “daño” viene del aire y entra a través de la boca. El otro aspecto de la estrategia es la atención médica de la población con VIH.

“Si este plan se hubiera realizado hace un par de años, probablemente la población afectada con VIH en este momento sería menor. Hemos avanzado con lo que podemos, pero hasta que no se adquieran los antirretrovirales, no se pueden iniciar los tratamientos. Lamentablemente no sabemos cuándo se podrán adquirir”, concluye López.

Y es que con un tratamiento adecuado, el riesgo de contagio del VIH es mínimo, no llega al 1%.

 

Llegar al fin del mundo

Un factor adicional en la ya complicada situación de los warao es el difícil acceso a la zona en la que viven.

Para llegar al lugar hay que navegar durante ocho horas en una lancha rápida, una vez que se llega a la capital del estado Delta Amacuro, en donde se encuentra el delta del Orinoco. La distancia entre esta zona y Caracas es de más de 700 kilómetros.

Hay que considerar, además, otras complicaciones generadas por la crisis económica que atraviesa Venezuela: conseguir combustible es una odisea, los motores de las lanchas son bienes preciados porque no se consiguen en el país o son demasiado caros, así que suelen “desaparecer”. La inseguridad también hace que el viaje sea un riesgo.

BBC Mundo contactó al Ministerio para el Poder Popular de los Pueblos Indígenas, pero al momento de la publicación de esta nota, no había tenido respuesta.

El tratamiento con antiretrovirales es fundamental para contener la epidemia. Foto cortesía: Jacobus de Waard

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando.

“Sabemos que la enfermedad se está esparciendo, pero desconocemos la dimensión de la epidemia. No tenemos una cifra de muertos, pero en una de nuestras últimas visitas, la mitad de los warao que habíamos diagnosticado con VIH en una comunidad, ya había muerto”, indica De Waard.

Y concluye: “Imaginar el futuro de la tribu da miedo. El número de sus integrantes disminuirá considerablemente. Y un escenario posible sería que desaparecieran”.

Lo que ya está ocurriendo es que muchos están muriendo. Sin duda.

(*) HIV-1 Epidemia en los indios warao de Venezuela: procesos inmunológicos y evolucionarios en virus y patrones epidemiológicos. Julián Villalba y otros, 2013.