Juzgan por malversación a ex delegado de Vivienda en Bizkaia el próximo martes
- Los hechos narrados se remontan a 2006, cuando Madrazo designó a “Txema” Gonzalo como delegado en Bizkaia
- Se constataron otras cuestiones como que Gonzalo “no era competente para autorizar” una partida de 330.000 euros para la producción de una película
La Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia juzga el próximo martes por dos delitos continuados de prevaricación y malversación al ex delegado de Vivienda en Bizkaia, José María Gonzalo, nombrado cuando Javier Madrazo (IU) dirigía el departamento vasco de Vivienda en 2006.
Por estos delitos, la Fiscalía pide para Gonzalo una pena de 5 años y 9 meses de prisión, además de la inhabilitación absoluta por 9 años y medio, según el escrito fiscal redactado en 2014.
Acusa también por un delito continuado de malversación a Jon Alonso, contratado por Gonzalo, y solicita para él 4 años y 9 meses de prisión, y 8 años y medio de inhabilitación absoluta.
Este caso se investigó a raíz de un informe interno remitido en 2011 por el Gobierno vasco a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se describían presuntas irregularidades en la liquidación del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia.
Los hechos narrados se remontan a 2006, cuando Madrazo designó a “Txema” Gonzalo como delegado en Bizkaia durante la liquidación de la Cámara.
La Fiscalía considera que Gonzalo “actuó al margen de las competencias” que le habían atribuido cuando contrató a seis personas, una de ellas Jon Alonso.
Estima, además, que se llevaron a cabo “de forma directa, sin publicidad y sin proceso selectivo, abocando al Gobierno vasco a asumir las consecuencias” de esas “innecesarias contrataciones”.
El Ministerio Fiscal mantiene también que Gonzalo acometió la rehabilitación del edificio de la Cámara, que supuso un gasto de más de 1.800.000 euros, que era “ajeno al proceso de liquidación” y sin que el Gobierno vasco hubiera acordado el destino que le iba a dar a esa sede.
El informe señala que Gonzalo, “aprovechándose de su posición en la Cámara y su disponibilidad sobre los fondos dinerarios de la misma”, transfirió 106.653 euros a una cuenta a nombre de Jon Alonso, sin “justificación alguna salvo el propósito lucrativo con el que actuaron los acusados de común acuerdo”.
Añade que, “con idéntico ánimo lucrativo”, Gonzalo hizo transferencias de más de 420.000 euros a una asociación de la que él era administrador y “pagó con cargo a la Cámara de la propiedad” gastos ajenos a esa institución de unos 35.000 euros.
El fiscal concluye exigiendo responsabilidades a los acusados y considera a Gonzalo como autor de los delitos continuados de prevaricación y malversación y a Alonso como cooperador necesario del segundo de los delitos.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita una indemnización por unos 471.000 euros, e interesa la apertura de juicio oral del caso en la Audiencia de Bizkaia.
Sobre estas actuaciones también figura un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de mayo de 2012 en el que se denuncia que la liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia se había cerrado con un exceso de gasto de 2,6 millones de euros y que Gonzalo, como responsable en este territorio del departamento de Vivienda había realizado contrataciones “irregulares”, “sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Aseguró también que el ex delegado “se excedió de las funciones de su nombramiento realizando gastos para los que no tenía competencia” y que “las obras y compras de mobiliario” en el edificio de la Cámara por importe de 2,1 millones de euros, “fueron contratadas al margen de los procedimientos legales previstos”.
También constató otras cuestiones como que Gonzalo “no era competente para autorizar” una partida de 330.000 euros que conllevaba la producción de la película “Ander”, un largometraje de temática gay rodado en euskera, por parte del colectivo Aukeratu.
El TVCP detalló, asimismo, la existencia de facturas por un total de 34.681 euros que produjeron “un perjuicio económico para la Administración de la Comunidad autónoma”.
En ese lote de gastos, situó varias facturas de agua y gas del suministro al domicilio del presidente del colectivo Aukeratu, gastos de viajes a Uruguay y una factura de una agencia de detectives, entre otros.