17 activistas y madres de menores trans, en huelga de hambre para exigir a Podemos la tramitación de su ley

Fotografía de archivo de Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. JESUS MORON

Un total de 17 transexuales de toda España han iniciado hoy una huelga de hambre con el objetivo de presionar a Unidos Podemos para que deje de tener “secuestrados sus derechos en un cajón” y empiece la tramitación de la Ley Trans Estatal que registró en febrero, o de lo contrario amenazan con “furia trans”.

“Si no hay fecha para la Ley Trans, habrá furia trans”, ha amenazado al grupo confederal la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, frente a la escalinata del Congreso, donde ha anunciado esta “medida extrema de presión” que inicialmente van a empezar 17 activistas de distintas comunidades autónomas.

En su opinión, ahora es el momento político oportuno para arrancar esta tramitación, porque la proposición de ley integral de transexualidad registrada por Podemos hace ocho meses cuenta con el apoyo público, ha dicho, de CiudadanosERCPSOE.

“Decirnos que están haciendo el trabajo parlamentario ofende la inteligencia de hasta un adolescente”, ha denunciado Cambrollé, quien ha añadido que “no es tiempo de someter a los trans a un acto de violencia política que retrataría a este partido como el peor y con menos sensibilidad con estas personas”. El texto de la iniciativa, fruto del consenso de las organizaciones de transexuales y respaldada por más de 150 colectivos sociales, despatologiza la identidad trans en todos los ámbitos, ya sea el sanitario, educativo, laboral o deportivo, y tiene en cuenta a menores, mayores o inmigrantes.

La despatologización como objetivo

Así, propone que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de ninguno de sus progenitores.

Prevé también esta misma fórmula para los menores que deseen cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o no binario, o que el Sistema Nacional de Salud pase a cubrir los tratamientos como los hormonales y de modulación del tono y timbre de voz, entre otras medidas.

“Hemos sido las más maltratadas de la dictadura y no podemos ser las más olvidadas de la democracia”, ha manifestado la presidenta de la Plataforma Trans para avisar de que “cada día que pasa, un joven trans se puede suicidar” como ya lo han hecho “tres en los dos últimos años”.

EE UU elimina la visa a las parejas de diplomáticos gais que no estén casados

La nueva medida, que también afecta a los funcionarios de la ONU, ha sido criticada porque en solo el 12% de los estados miembros es legal el matrimonio homosexual

Una pareja activista en una marcha a favor de los derechos LGBTI. En vídeo, declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado. AFP / VÍDEO: EPV

Para ser diplomático o funcionario de la ONU con pareja en Estados Unidos hay que estar casado. Al menos los que quieren que su acompañante tenga un visado con sus mismas condiciones. Una regla antigua para los heterosexuales, pero una novedad para los gais. Estos quedaban exentos del requisito en un contexto donde en solo 25 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas es legal el matrimonio homosexual. Como el panorama global no ha variado notoriamente, la comunidad LGTB ha mostrado su rechazo a la nueva política de la Administración de Donald Trump. El Departamento de Estado defendió este martes que “no es un ataque” si no “un avance hacia el trato igualitario”. Las 105 familias que viven en el país que presume de abrazar la libertad y se ven afectadas por la normativa tienen tres meses para casarse o perderán el visado.

“Los esposos del mismo sexo de los diplomáticos de Estados Unidos ahora podrán disfrutar de los mismos derechos y beneficios que los cónyuges del sexo opuesto”, rezaba una declaración del Departamento de Estado cuando adelantó las nuevas reglas en julio. El cambio revierte una política implementada en 2009 por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. La demócrata incluyó a las parejas de hecho de los diplomáticos y de los funcionarios de las Naciones Unidas en los susceptibles a obtener un visado conocido como G-4. El Departamento de Estado explicó este martes que la modificación responde a la decisión del Supremo en 2015 de aprobar el matrimonio homosexual. “La nueva política es un espejo de cómo son las leyes en EE UU”, explicó un funcionario. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ha prometido tratar a todos los empleados con respeto.

La exembajadora de EE UU ante las Naciones Unidas Samantha Power ha calificado la medida vigente desde el 1 de octubre de “innecesariamente cruel e intolerante”. “Solo el 12% de los estados miembros de la ONU permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo”, argumentó Power en su cuenta de Twitter para justificar su rechazo. La ONU-GLOBE -la rama de defensa de los LGBTQI en el organismo- también repudia la nueva política. Alfonso Nam, presidente de la organización, sostiene que la intención del Departamento de Estado es tratar a todas las parejas igual, pero remarca que no hace más que limitar las opciones de los homosexuales. “Un hetero solo tiene que casarse y venir. Pero para un gay de un país donde se criminaliza la homosexualidad no funciona así. Muchos quieren trabajar en EE UU precisamente porque pueden vivir con su pareja sin problema, pero ahora deben casarse antes”, explica.

Una de las preocupaciones que azota a Nam es que a una pareja que se tenga que casar en Estados Unidos se la persiga cuando regrese a su país. David Stacy, director de asuntos gubernamentales de la Campaña de Derechos Humanos, refutó ese temor afirmando que los diplomáticos forman parte de una clase de élite y que “es poco probable” que sean perseguidos. Otro escudo del Departamento de Estado ante las críticas es que se hará una excepción con los representantes de países donde es ilegal la homosexualidad, siempre y cuando sus naciones reconozcan a los cónyuges de los diplomáticos estadounidenses del mismo sexo. El problema es que los funcionarios enviados a la ONU no representan a un gobierno extranjero, por lo que no hay excepción que valga.

Donny Reyes, activista LGTBI en Honduras: “En elecciones, se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante”

Donny Reyes, activista LGTBI y presidente de la Asociación Arcoíris de Honduras CRISTINA POZO GARCÍA

Sobrevivir, tener un espacio para poder hablar de manera libre, tener acceso a la Sanidad o encontrar un trabajo. Estos son los objetivos principales de los defensores de los derechos LGTBI en Honduras, comenta Donny Reyes, activista y director de la Asociación Arcoíris. En Centroamérica la esperanza de vida del colectivo es bajísima, muchos no superan la treintena, y ser activista es una de las labores más peligrosas.

Tras la ola represiva que se produjo después de las elecciones del pasado mes de noviembre, el clima sigue tenso. “Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo el control de la policía. Muchas de las activistas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia. Las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta”, asegura Reyes, que visita España estos días para dar a conocer la situación de las personas LGTBI en el país centroamericano.

¿Cómo es ser defensor de los derechos LGTBI en Honduras?

Ya ser una persona LGTBI en un lugar tan violento como Honduras es una afrenta al sistema patriarcal cultural religioso que se vive en el país, y cuando se asume el trabajo de la defensa de los derechos humanos como hombre abiertamente gay o una persona LGTBI es una doble afrenta a este sistema estructurado por la violencia y por los sistemas de represión.

Es una condición bastante dura y complicada porque además se cree que lo que estamos haciendo los hombres y las mujeres que somos homosexuales es una renuncia al statu quo que la sociedad nos dio. Se cree que estamos renunciando a esa figura de hombre y de poder para querer ser mujer. En contextos misóginos y patriarcales, en el contexto latinoamericano, es perder ese estatus de poder, lo cual genera un rechazo y una violencia.

¿Qué vive la comunidad LGTBI en el país?

Consideramos que hay tres elementos fundamentales para la violación de los derechos de las personas LGTBI en Honduras. Por un lado, están los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de mensajes de odio y de rechazo. Por otro, el sector fundamentalista religioso que perpetúa los mensajes de violencia y, finalmente el Estado, que permite que todo esto suceda.

Entonces, mientras estos tres elementos no cambien y se mantengan en la cultura hondureña permeados por el fundamentalismo religioso y por un Estado conservador e indiferente, nuestras condiciones de vida van a ser desiguales. Nosotros no luchamos por nada más que sea la vida, nuestra principal lucha es tener una vida y que no se nos agreda o se nos mate. Ni siquiera estamos luchando más allá de otros derechos porque lo que necesitamos son garantías de que vamos a lograr llegar a los 34 años, que es la máxima esperanza de vida de una persona LGTBI en Honduras y en otros países de Centroamérica.

Es muy duro enfrentarse a sistemas opresores como el actual régimen hondureño que está gobernado por el militarismo. Un Gobierno que no es reconocido por el pueblo ni por la sociedad y cualquier voz disidente o de denuncia de derechos humanos es blanco para ser atacado.

“Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es defender a mareros, defender a delincuentes”

Para los activistas, existe una cadena de violencias. ¿Cómo se manifiesta en Honduras?

Ya solo ser una persona LGTBI es complicado y si ya hablamos de un activista… hablamos de la violación sistemática del Estado, de la negación de servicios básicos de salud y empleo. Hablamos también de la estigmatización. Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es como defender mareros, defender delincuentes… es una campaña constante en contra a través de los medios de comunicación y a través del Estado mismo.

Dicen por ejemplo que no vamos a la iglesia y lo que hacen es crispar a la gente, y esto pone a las defensoras y defensores en una condición de mayor vulnerabilidad. Nos hace estar expuestos y que haya mayor división en las familias.

Defender los derechos humanos también es pelearte con tu hermano o pelearte con tu madre y exponer la seguridad de tu familia. Es un manojo de contradicciones.

Ahora mismo, ¿en qué puntos se centra vuestro trabajo en el país?

En lo que estamos trabajando ahora es en la emancipación, en la búsqueda de mecanismos de autoapoyo y supervivencia. Arcoíris es un centro de acogida en donde hacemos de todo: acompañamiento psicosocial, legal, recibimos compañeros que han sufrido agresiones, les acompañamos a los sistemas de sanidad… El trabajo es atender directamente a la comunidad LGTBI víctima de la exclusión y de la violencia.

A la vez, estamos impulsando acciones de justicia, reclamación del derecho a la dignidad, impulsando iniciativas de ley para la no discriminación. Son cosas que parecen muy elementales, pero nos toca incluso ir hasta el lugar donde las asesinan, hacer reconocimientos, reclamar cuerpos, buscar lugares dignos para que sean enterradas y que sus cuerpos no terminen en fosas comunes.

A nivel legislativo, ¿en qué situación se encuentra el colectivo?

Desprotegido. No existe una ley que criminalice la homosexualidad como tal, pero no existe una ley que regule el tema de la discriminación. Si algún compañero o compañera se atreve a participar en contiendas electorales, existe un ataque crudo y voraz en los que se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante. Y esto pasa en los medios de comunicación. Los compañeros que decidieron participar en política lo han pasado muy mal, algunos se exiliaron y otros fueron brutalmente asesinados.

Uno de los compañeros que se postuló electoralmente fue el periodista Erick Alexander Martínez que era periodista y fue asesinado de una forma cruel. Lo estrangularon, lo violaron, lo amarraron, lo tiraron a un risco en medio de la nada. Cosas atroces.

¿Cómo nació Arcoíris y cuánta gente encuentra apoyo en esta asociación?

Nació en el 2003. Necesitábamos un espacio libre de discriminación, un sitio seguro en el que poder expresarnos, donde poder hablar con nuestro novio o novia. Necesitábamos un lugar cómodo porque salir a la calle es imposible por el nivel de agresiones. Actualmente tenemos alrededor de 600 personas en la organización y es un lugar mixto. Y funcionamos más que como una asociación, como un hogar abierto.

Los años electorales son muy complicados. En el año 2017, en el marco electoral, se produjeron 34 asesinatos contra personas LGTBI. En los últimos cinco años, se han producido más de 240.

Todo cambió después de las últimas elecciones, ¿cómo está ahora la calle?

El país vive una crisis política y postelectoral que no se supera. Hay una división social y un rechazo social hacia el gobernante hondureño donde las condiciones de vida han empeorado. El país está muy militarizado, todo está bajo el control de los militares. Se podría decir que no existe la libertad de expresión. Honduras reporta el mayor número de agresiones y asesinatos a defensoras y periodistas.

Los familiares de las más de 30 personas muertas después de las elecciones temen que lo que sucedió en noviembre no se haga justicia. ¿Con qué se están encontrando cuando se dirigen al Gobierno para protestar?

Los plantones y las movilizaciones para reclamar justicia se producen a diario. Estamos a la espera de que se reanude el juicio de la compañera Berta Cáceres. Sin embargo, ahora mismo hay más de 200 estudiantes que reclamaron justicia que están criminalizados, que fueron expulsados de la universidad cinco años por protestar. El movimiento ambiental, el campesino, todo está perseguido. El país está en una situación de convulsión por el modelo capitalista.

¿La represión de noviembre cómo afectó al movimiento LGTBI?

Con muerte. Así afectó. Hubo compañeras que por sus propias condiciones de salud y enfrentarse a veinte bombas lacrimógenas tuvieron que ser hospitalizadas y murieron a causa de infecciones crónicas.

Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo control de la policía. Muchas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia o qué pasó. Siempre, las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta en este tipo de acciones.

Bilbao aspira a ser sede de la gran cita europea del orgullo gay

El primer paso es acoger la asamblea anual de la asociación que reúne a los colectivos LGBT del continente, cuyo anfitrión se decidirá el sábado en Viena

La ‘Ur Parade’ que cruza la ría se ha convertido en el acto con mayor tirón del programa de Bilbao Bizkaia Pride. / IGNACIO PÉREZ

Bilbao y Bizkaia llevan años apostando fuerte. Lo hicieron con el BBK Live, las finales de rugby, los ‘50 best‘, los premios MTV… y les salió bien. Por eso, el territorio parece decidido a seguir pujando. Lo que está en juego ahora es convertirse en anfitrión el próximo año de la asamblea general anual de EPOA, la Asociación Europea de Organizaciones del Orgullo, que ya cuenta con más de 70 miembros. ¿Con qué fin? El de aspirar a organizar a medio plazo la gran cita del orgullo gay en el viejo continente, el Europride.

Representantes de la Diputación y el Ayuntamiento viajarán este fin de semana a Viena para arropar a los miembros de Bilbao Bizkaia Pride, la plataforma que defenderá la candidatura de la villa para traerse la reunión anual de la EPOA. La pelea será dura, porque tendrán que vérselas con aspirantes potentes, Atenas e Ibiza, pero ilusión les sobra. La ‘Ur Parade’, el desfile de embarcaciones que desde hace tres años surca la ría navegando por la diversidad, será el emblema que presentará el colectivo en la capital austríaca. La votación se celebrará este sábado.

La carrera por arrastrar a la EPOA hasta el botxo arrancó a principios de este año. Así, la ejecutiva de la asociación, dedicada a apoyar a las organizaciones de orgullo locales, se reunió en marzo en la villa. Fue entonces cuando las instituciones le trasladaron su interés por que repitiera visita a Bilbao, la próxima vez para celebrar en 2019 su asamblea general. La organización es, además, la que escoge la ciudad que cada año se encarga de organizar el Europride.

Un territorio abierto

Bilbao y Bizkaia «han abierto la puerta a acoger futuras conferencias y eventos de sus organizaciones», advirtieron la Diputación y el Ayuntamiento a los responsables de EPOA, a quienes subrayaron su compromiso con los derechos LGBT+. «Bilbao-Bizkaia es un destino que ha ido ganando fuerza como territorio abierto y ‘friendly’ en los últimos años. El Orgullo está activo aquí y va a más», destacaron. De hecho, en 2017 más de 15.000 personas participaron en este evento, que suma en cada edición nuevas actividades.

La capital vizcaína conocerá en cuatro días sus verdaderas opciones de hacerse con la fiesta gay por excelencia, cuyos anfitriones para los dos próximos años ya están decididos. Así, en 2019 Viena cogerá el testigo a Estocolmo y Gotemburgo, las dos ciudades suecas que por primera vez en la historia de esta cita han compartido el protagonismo este año, y dentro de dos le tocará el turno a Thessaloniki, en Grecia, que se ha impuesto a Bergen, Bruselas y Hamburgo.

A la espera de lo que ocurra en Austria, Bilbao contempla seis objetivos para los próximos ejercicios, entre ellos, fomentar la inclusión LGBT+ y la diversidad entre todas las organizaciones públicas y privadas del territorio, proyectar al resto del mundo una imagen de Bizkaia «auténtica e inclusiva», y sensibilizar y profesionalizar la actividad empresarial desde una óptica abierta con este colectivo.

En su contexto

1992
Londres inauguró el Europride. En aquella edición, más de 100.00 personas se sumaron a la fiesta del orgullo gay.
15.000
personas participaron el pasado año en las actividades en apoyo a la diversidad que se celebraron en Bilbao.
2019
Bilbao-Bizkaia se postula como sede de la asamblea general de la EPOA, asociación que reúne a 70 colectivos LGBT de Europa

Reino Unido prohibirá las terapias para «curar» a los homosexuales

Theresa May se muestra impactada por la cantidad de personas LGTB que temen mostrar su orientación sexual

Una pareja de lesbianas posa con su bebé en el desfile del orgullo gay de Birmingham. / ANITA MARIC (EFE)

El gobierno de Reino Unido presentó este martes un «plan de acción» para acabar con la discriminación de la comunidad gay, que incluye una ley para prohibir las terapias que buscan «convertirlos» en heterosexuales. Según la organización ‘Stonewall’, que defiende los derechos de la comunidad LGTB, estos tratamientos buscan «acabar con la atracción por personas del mismo sexo».

El plan de la primera ministra Theresa May se basa en los datos reunidos en una encuesta en internet enfocada a la comunidad LGTB. «Estas actividades son un error, y no estamos dispuestos a permitir que continúen», afirmó el gobierno en su plan de 70 puntos de acción. En esta iniciativa para acabar con las «injusticias» que afectan a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) participaron más de 108.000 personas.

Los resultados arrojaron que un 2% de los participantes había sido sometido alguna vez a este tipo de «curas». Otro 5% aseguró que se las habían ofrecido en alguna ocasión, pero que ellos las habían rechazado. Alrededor de la mitad de personas que habían sido sometidas a este tipo de terapias aseguró que había sido dirigido por un grupo religioso, mientras que casi el 20% era realizado por un profesional sanitario y el 16% por un familiar o allegado.

Esconder la relación

También se abordó el tema de la libertad sexual y la seguridad en la calle. En esta encuesta del gobierno británico, más de dos tercios respondieron que habían evitado ir, en público, de la mano con sus parejas por temor a una reacción violenta.

«Me impactó cuántos encuestados dijeron no poder mostrar abiertamente su orientación sexual o evitar ir de la mano con sus parejas por miedo», dijo la primera ministra Theresa May. «Nadie debería tener que esconder quien es o a quien ama».

Sestao convoca una concentración contra la agresión homófoba del fin de semana

BILBAO. Los hechos ocurrieron sobre las 4:30 de la madrugada del sábado en la zona festiva cuando un joven sufrió insultos homófobos y una agresión de la que tuvo que ser atendido en un centro sanitario, según han señalado a EFE fuentes del Departamento de Seguridad.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Sestao ha mostrado su “apoyo y solidaridad al joven” agredido y a “todas aquellas personas que, en alguna ocasión, también se han visto acosadas, intimidadas o agredidas por su condición sexual, por su orientación sexual o por su identidad de género”.

El Ayuntamiento de Sestao considera que “estos hechos son intolerables y muy graves” y que “suponen un ataque a la libertad e igualdad de las personas y una amenaza a los valores y principios democráticos”.

Por todo ello, los grupos políticos del Ayuntamiento de Sestao han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en “una concentración de repulsa” que se celebrará esta tarde a las 20:00 horas en las escalinatas de la casa consistorial.

La reinvención de Chelsea Manning

La responsable de la filtración de WikiLeaks lleva un año fuera de prisión. Es activista por los derechos LGTBI , da conferencias sobre tecnología y ética y ha entrado en política.

Chelsea Manning, el pasado jueves en la conferencia C2 de Montreal.

Chelsea Manning se pasea por las mesas como esos novios que en las bodas van saludando a los invitados preguntando qué tal y agradeciendo la asistencia. Pero a ella, muy menuda y vestida de negro, apenas se la distingue en el barullo hasta que se planta ante uno. “¿Cómo les va? ¿Alguna duda? El resultado no es lo que importa, sino la conversación que generen hasta llegar a él”, dice sonriente. Viste una chaqueta de raya diplomática y una falda larga, calza unas botas gruesas estilo Doctor Martens y lleva su media melena rubia semirrecogida con una pinza. Es el traje de guerra de la Manning ponente. Esta tarde, la ex analista de inteligencia, responsable de la mayor filtración de documentos clasificados de la historia estadounidense, está impartiendo un taller sobre diversidad y tecnología en el marco de la conferencia C2 de Montreal, un encuentro que dura tres días y es un tótum revolútum sobre negocios, creatividad e industria digital.

El taller de Manning habla de diversidad y tecnología, plantea preguntas por grupos y luego comenta las respuestas en público. En un momento, lanza su mensaje global: “La tecnología no es buena, no es mala, tampoco neutral, es una embarcación que sirve para diferentes objetivos”. En la mesa 18, uno de los alumnos le plantea algo más complejo: “¿De lo que estamos hablando aquí es de ética o de moral?”. Chelsea Manning sonríe, responde que es una buena pregunta y desaparece. Poco después dará una clase magistral sobre ética y vigilancia, que se suma a una charla sobre transparencia y, al día siguiente, un encuentro con varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS.

Los organizadores quieren sacar jugo del que es uno de los grandes reclamos del C2. Su nombre se anuncia por el megáfono como el de una estrella de rock y entonces aparece en el escenario esa figura pequeña y delgada que hace ocho años, cuando solo tenía 22 y era un joven soldado llamado Bradley, causó un terremoto diplomático mundial. Le cayó una condena de 35 años por 20 delitos. Se había desvelado a sí misma al contarle su secreto a un conocido hacker, Adrian Lamo, que la delató. “Mi familia no me apoya, no tengo más que este ordenador, unos libros y una historia sensacional”, le dijo a Lamo.

Ahora acaba de cumplirse un año desde que salió de la cárcel gracias a que Barack Obama le conmutó la pena, después de cumplir siete años y haber intentado suicidarse. Durante el presidio, y tras mucha pelea, pudo comenzar el tratamiento de cambio de sexo. En su nueva vida, Chelsea Manning ha podido dejar crecer su cabello, lleva falda y las uñas pintadas de rojo. Da conferencias, se ha volcado en el activismo e incluso quiere entrar en la política tradicional, registrando su candidatura como demócrata al Senado por el Estado de Maryland. Es un icono controvertido para la lucha transgénero y un personaje incómodo para la mayor parte de instituciones: Harvard le retiró la propuesta para ser profesora invitada para este curso, después del aluvión de críticas, y en la misma Canadá, donde ha pasado estos días, le prohibieron la entrada el pasado otoño por sus antecedentes penales. “El mundo que temía que existía en 2010 se ha desarrollado y acelerado mientras he estado fuera”, afirma. Dice que la normalización del uso y vigilancia de nuestros datos y la actuación de la policía en EE UU ha llegado a un punto tan autoritario que no le deja, añade, más opción que plantarse y protestar.

Hay quien en Estados Unidos la considera una heroína, que se sacrificó por revelar los abusos de su país en el frente, y quien la ve como una traidora. Cuando se mira su odisea resulta difícil discutir que se trata, en cualquier caso, de una figura trágica. En su nueva vida, la pregunta que sigue costando responder es por qué hizo lo que hizo.

Filtró una tonelada de cables militares y diplomáticos que transmitió a la plataforma WikiLeaks en varias fases durante 2010 con la intención, defendió en su día, de revelar los abusos de su país en las guerras de Afganistán e Irak. Destapó, en efecto, muchas de aquellas miserias, pero también todas las que tenían que ver con las relaciones internacionales, lo que los funcionarios estadounidenses escribían, pensaban e investigaban de prácticamente todos los líderes. Del interés por la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner al relato de la vida de Gadafi y su particular guardia femenina.

Aquel terremoto confirió a WikiLeaks la fama mundial. Los cables del Departamento de Estado se publicaron en noviembre en varios periódicos con los que la plataforma fundada por Julian Assange los había compartido; entre ellos, EL PAÍS. Para entonces, Manning estaba ya entre rejas. Había sido detenida a finales de mayo en Bagdad, delatada por Lamo. Este, que murió el pasado marzo, contó hace años a El PAÍS que, a su juicio, Assange se había aprovechado de la debilidad emocional de Manning, una persona muy aislada que en Bagdad estaba tocando fondo, y que no era consciente de la gravedad de sus actos.

Nació en 1987 en Crescent, un pequeño pueblo de Oklahoma, dentro de lo que se conoce como el cinturón bíblico de Estados Unidos. Recuerda haberse sentido una niña desde que apenas tenía cinco años. Sus padres, un estadounidense y una inglesa, se separaron cuando solo era una adolescente, así que vivió en ambos países. Cuando regresó a EE UU, rompió los lazos con su padre por el rechazo de este a su homosexualidad, según contaron en su día sus allegados. En Chicago, llegó a vivir en la calle y decidió alistarse en el Ejército. En 2008, se graduó como oficial de inteligencia. Y al año siguiente lo destinaron a Bagdad. Poco después se pondría a robar información clasificada y grabarla en un CD con el rótulo de Lady Gaga.

Desde 2010, WikiLeaks ha seguido con las filtraciones de documentos, nunca tan impactantes como las de 2010, aunque se le atribuye un papel capital en el caso de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer la victoria de Trump por las filtraciones de correos electrónicos de los demócratas.

¿Qué piensa hoy Manning de WikiLeaks? ¿Ha cambiado su opinión respecto a aquel 2010?. Chelsa escucha la pregunta en el encuentro con la prensa en Montreal. “Solo sé lo que cuentan los medios, hace ya ocho años de eso y yo he estado en prisión”, dice. Luego marca distancias sobre la plataforma: “Debe recordar que en 2010 yo intenté ir a The New York Times y The Washington Post y me dieron la espalda. Debía tomar las decisiones en muy poco tiempo. Y [los documentos] acabaron en manos del grupo que usaba las herramientas y los métodos correctos. Ahora esos métodos están más extendidos, la plataforma de descarga segura (Secure Drop) está normalizada, pero no voy a corregir mis decisiones de 2010 en base a las herramientas que están disponibles hoy en día”.

Se pone muy seria cuando se le pregunta si ha vuelta a tener contacto con Julian Assange. “Yo nunca he estado en contacto, jamás. Yo no sabía con quién hablaba”, enfatiza. La persona de contacto con quien hablaba Manning era “Nathaniel Frank”, el nombre de un escritor tras el cual podría estar Assange, pero esas conversaciones son material clasificado. Su representante veta más preguntas al respecto. Entre cita y cita, jóvenes que acuden a la conferencia C2 de Montreal le piden fotos. Chelsea Manning sigue teniendo una historia sensacional.

La bandera arcoíris, sustituida por una franquista en un colegio público de Benalmádena

Bandera de España con el águila de San Juan, en el CEIP Jacaranda

Una bandera de España con el águila de San Juan ondeó todo el domingo en el colegio público Jacaranda de Benalmádena (Málaga). No se sabe quién, pero alguien la colocó allí en sustitución de la bandera arcoíris, que había sido izada en el CEIP el pasado 17 de mayo, con motivo de la celebración del Día contra la homofobia y la transfobia. Podemos Benalmádena ha interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional.

Nadie sabe quién colocó la bandera con el águila de San Juan en el colegio, pero debió de ocurrir el sábado por la noche. Enrique García, concejal de Podemos en la localidad y tercer teniente de alcalde, explica que recibió una llamada de la portavoz del partido a mediodía del domingo. Fue en ese momento cuando grabaron el vídeo que puede verse en el Facebook de Podemos Benalmádena y que precede a esta información . El mismo domingo por la tarde interpusieron la denuncia.

El ambiente se había caldeado durante la semana en un grupo local de Facebook, en el que algunos usuarios discutieron sobre la conveniencia o no de que ondeara en el colegio la bandera arcoíris. Originaria de las fiestas del orgullo de San Francisco, desde los años 70 la bandera arcoíris se utiliza como símbolo LGTBI.

El águila de San Juan fue incorporada por primera vez al escudo de armas de Isabel la Católica. Franco la recuperó después de años en desuso, igual que hizo con otros símbolos de los reyes católicos con los que pretendía arrogarse una supuesta legitimidad histórica. Dejó de ser oficial en 1981. No es un símbolo franquista, pero Franco lo hizo suyo, y a día de hoy se asocia a la dictadura.

“Retirar una bandera arcoíris, que lleva implícita una lucha por la igualdad y poner otra con el águila de San Juan se puede contemplar como incitación al odio contra un colectivo”, opina Enrique García. La Ley de la Memoria Histórica prohibió la exhibición de símbolos preconstitucionales en edificios de administraciones públicas. “Una bandera expuesta al público [por un particular] no es delito, pero en un edificio público ya es otra cosa”, opina el concejal.

La actual Ley de Banderas es de 1981. IU planteó recientemente una  proposición de ley para modificar la norma y dar amparo legal al uso de otras banderas, recogiendo la posibilidad de que las administraciones públicas puedan colocar temporalmente enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra “manifestación gráfica de la libertad de expresión” con los límites genéricos y respetando los derechos fundamentales, los derechos humanos y la memoria histórica. La bandera arcoíris ya colgó de un lateral del Congreso de los Diputados en junio de 2015 para celebrar el Día del Orgullo. También ha ondeado en el balcón de muchos ayuntamientos.

Enrique García cree que quien cambió una bandera por otra no tiene nada que ver con nadie del colegio Jacaranda. El lunes a las 8 de la mañana la bandera con el águila de San Juan aún ondeaba del mástil. Habían cortado la cuerda y eso dificultó la retirada.

Indonesia quiere convertir en delito el sexo homosexual y extramatrimonial

Activistas pro-derechos del colectivo LGTB protestan contra la reforma del código penal que penalizaría el sexo entre homosexuales y otras medidas contra la libertad sexual a las puertas del Parlamento en Yakarta (Indonesia) el 20 de febrero de 2018. EFE/ Mast Irham EFE

 

“Las personas que no estén unidas por un matrimonio legal y que mantengan relaciones sexuales podrán ser condenadas a una pena de hasta cinco años de prisión”.

– “Quienes convivan como marido y mujer sin haber contraído matrimonio legalmente podrán ser castigados hasta con un año de cárcel”.

Esas son las polémicas frases que el parlamento de Indonesia quiere incluir en la reforma de los artículos 484 y 488 del código penal, que hacen referencia al sexo extramatrimonial y a la cohabitación. Como el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Indonesia, esta reforma supone, de facto, la criminalización de la homosexualidad. Es la fórmula que los políticos han encontrado después de que, el año pasado, el Tribunal Constitucional rechazase una petición para ilegalizar las relaciones homosexuales.

Es también reflejo del gran paso atrás que el archipiélago está dando en materia de derechos y de libertades. Es lo que piensa Amir, que se enfrenta a diario a la discriminación por ser homosexual en la capital, donde vive. “Es el resultado del explosivo binomio que crean la política conservadora y el auge del islamismo integrista”, opina.

Una persecución creciente

La ley indonesia ya recoge el adulterio como delito. Pero, para que una relación sea tipificada como tal es necesario que uno de los protagonistas esté casado. La nueva formulación, con el mero cambio de unas pocas palabras, es la que provoca un vuelco en la situación.

La reforma, que aún está siendo debatida en el Parlamento, se suma a la creciente persecución que sufre el colectivo LGTBI en el país: el Gobierno ha prohibido aplicaciones de móvil para citas populares entre homosexuales y la Policía ha incrementado las redadas contra bares gais y la detención de sus clientes.

Además, el Ministerio de Salud ha incluido la homosexualidad en la lista de ‘desórdenes mentales’. En la provincia de Aceh –regida por la ‘sharia’–, dos hombres fueron fustigados 83 veces por mantener relaciones homosexuales y 12 mujeres transexuales fueron forzadas a cortarse el pelo y vestir ropa de hombre en público.

“Ser homosexual en Indonesia supone vivir atemorizado de por vida. Antes ya era suficiente castigo el estigma social que acarrea, pero ahora va a ser todavía peor. Va a ser un crimen”, se lamenta Amir. El Gobierno, sin embargo, afirma que la ilegalización servirá para aplacar a los colectivos más conservadores y evitar ataques violentos contra la comunidad LGBTI. Es más, asegura que la reforma supondrá una mayor protección para los homosexuales, algo que la organización Human Rights Watch ya ha tachado de “sinsentido”.

Los promotores de las enmiendas también esgrimen que los indonesios están a favor de la reforma legal, y algunas encuestas así lo corroboran: en diciembre, un 87,6% de quienes respondieron a las preguntas de la consultoría Saiful Mujani afirmaron que el colectivo LGBTI “representa una amenaza social”.

Activistas proceden a quemar un muñeco durante una concentración en contra del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) en Banda Aceh, Indonesia, el pasado febrero. EFE

La aprobación de las enmiendas estaba prevista para San Valentín  –no se sabe si como muestra de humor negro – pero fue retrasada un par de meses. En cualquier caso, como la iniciativa cuenta con el visto bueno de los diez partidos políticos más relevantes, pocos dudan que se terminará llevando a cabo.

El 81,5% justificó su opinión argumentando que “la religión prohíbe ese tipo de sexualidad”, y solo el 57,7% consideró que los no heterosexuales “tienen derecho a la vida”. Un diputado islamista, Muslin Ayub, fue más allá y propuso castigar a los gais con la pena de muerte.

Dita Reninda, una periodista de Yakarta, es una de las voces que apoyan la nueva redacción propuesta. Sus argumentos evidencian su normalizada homofobia. “La homosexualidad puede ser dañina para la sociedad, porque la mayoría de los gais se camuflan detrás de una apariencia normal y no son honestos. Tampoco con sus esposas, lo cual provoca que muchas mujeres se vean infectadas con el VIH porque sus maridos mantienen relaciones homosexuales sin protección y a escondidas”, comenta.

Otros colectivos afectados

Naciones Unidas ha pedido que Indonesia no apruebe la reforma del código penal. “La retórica de odio contra la comunidad LGTB se está cultivando con objetivos políticos muy cínicos y solo provocará sufrimiento y una mayor división innecesaria. La discriminación en base a la orientación sexual, o por cualquier otra razón, es intolerable”, afirmó en febrero Zeid Ra’ad Al Hussein, comisario de la ONU para los Derechos Humanos.

Otros colectivos también han denunciado que los cambios propuestos en el código penal van a tener un impacto muy negativo en las mujeres, homosexuales o no, porque afectará también a las parejas más pobres, que, sobre todo en las zonas rurales, no contraen matrimonio de forma legal.

También sufrirán sus efectos las minorías étnicas que profesan el animismo y que se casan con una ceremonia religiosa sin validez en el registro civil, porque no está amparada por los seis cultos reconocidos. La reforma dejará en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violaciones: bastará que el violador asegure que fue una relación consentida para que la mujer pueda ser acusada de mantener relaciones extramaritales.

“Si la mujer no prueba que hubo violencia o amenazas durante la relación, podría convertirse en imputada”, explicó el representante del Instituto para la Reforma de la Justicia Criminal, Erasmus Napitupulu. Las trabajadoras del sexo también podrían ser perseguidas por este delito, que, como han apuntado algunos juristas, incluso se podría utilizar contra turistas y residentes extranjeros que no hayan contraído matrimonio y mantengan una relación sentimental.

Finalmente, la reforma del código penal tiene un cariz autoritario. Afecta también a los artículos 238 y 239 sobre la difamación del presidente y del vicepresidente. Aunque el Tribunal Constitucional se ha mostrado contrario a la redacción propuesta, la nueva ley recogerá penas de hasta cinco años de prisión para quienes insulten o difamen a los mandatarios en público o de forma visible.

“Poco a poco, un país que se enorgullecía de ser moderado en su visión del islam se está radicalizando hasta niveles difíciles de creer. Pensábamos que, con el desarrollo económico, poco a poco Aceh se iría abriendo como el resto del país; pero es el resto del país el que se está cerrando como Aceh”, critica Amir.

Censuran que la LGTBIfobia «sigue siendo una realidad»

Los colectivos que forman Berdindu denunciaron ayer la persistencia de delitos en cuyo origen se sitúa la intolerancia frente a la diversidad sexual y de género. En Gasteiz se han contabilizado quince agresiones. 

«La LGTBIfobia sigue siendo una realidad». Así lo advierten las entidades y asociaciones que participan en Berdindu, Servicio de Información y Asistencia al colectivo LGTBI, en un manifiesto publicado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se celebra hoy.

«La fecha del 17 de mayo tiene desde entonces un valor altamente significativo para las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales como eje catalizador de las actuaciones en favor de los derechos y contra la discriminación a la que a día de hoy debe hacer frente dicho colectivo», detallan, y censuran «la persistencia de un prejuicio sexual que jerarquiza y discrimina las sexualidades que difieren del marco heteronormativo».

Asimismo, critican «los constantes ataques LGTBIfóbicos de entidades con ideología marcadamente reaccionaria, los comportamientos homófobos en nuestros centros escolares, y la preocupante tendencia a la propagación de actitudes LGTBIfóbicas en redes sociales».

Quince agresiones en Gasteiz

Lumagorri Heterosexismoaren Aurkako Taldea indicó ayer que, según el informe elaborado por la Red Transbollomarika de Gasteiz, desde enero de 2017 a abril de 2018 se registraron quince agresiones por orientación sexual e identidad de género en la ciudad. A su juicio, este dato pone de manifiesto la necesidad de crear un observatorio local contra este tipo de delitos.

Y también es necesario que las instituciones adopten medidas. En este sentido, conviene destacar que el Gobierno de Nafarroa acordó ayer sumarse, por primera vez, a la celebración del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Además, aprobó una declaración en la que rechaza cualquier tipo de violencia o discriminación por orientación sexual o género.

Por otro lado, Gehitu anunció este martes la concesión del premio Gehitu de Plata a la Facultad de Derecho de la UPV-EHU por su decidido apoyo a la defensa de los derechos de las personas LGTBI tanto en Euskal Herria como en el extranjero.