EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao piden a Aburto medidas correctoras alternativas al cierre de bares

EH Bildu ve “un fraude” la actitud del alcalde sobre los locales de  Barrenkale y Goazen afirma que se “persevera en la injusticia”

BILBAO. La coalición soberanista ha censurado que “no es de recibo que una  semana diga que no va a proceder al cierre de los locales de  Barrenkale a la espera de resolución judicial y a la siguiente enviar  la orden de cerrar”.

“Genera indefensión”, ha opinado Zubizarreta en un comunicado ante  “la decisión del Ayuntamiento de ejecutar la orden de cierre durante  tres meses del bar Modesto a partir del 5 de agosto”. A su entender,  la actitud de Aburto es un “fraude”.

Por su parte, Ganemos Goazen Bilbao ha denunciado, en un  comunicado, que la decisión de ejecutar la orden de cierre   “persevera en la injusticia”.

En esta línea, desde ambas formaciones han explicado que el pasado  día 30 los grupos municipales de EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao  remitieron un escrito conjunto al alcalde en el que califican de  “proceder injusto” la actuación del área de Seguridad Ciudadana.

De este modo, consideran que se aborda “de forma inflexible e  indiscriminada, con formas expeditivas, situaciones para nada  comparables en cuanto a incumplimientos o supuestos incumplimientos  de la normativa por parte de los locales de hostelería”. Por ello,  instan a estudiar “otras alternativas correctoras que no pasen por el  cierre temporal de los mismos, de forma que se cumpla con los  principios de proporcionalidad”.

En el escrito, los tres grupos municipales censuran que el Area de  Seguridad Ciudadana “ha resuelto o baraja resolver el cierre  temporal, cautelar o definitivo, durante varios meses de los bares  Modesto y Pin Up de Barrenkale por haber incurrido, supuestamente, en  una actividad ilícita”. Según indican, a juicio del Area, los bares  habrían incurrido en una actividad no amparada por su licencia  “actuando como discotecas, al proporcionar música en directo y pista  de baile”.

EH Bildu, Udalberri y Goazen Bilbao advierten de que el cierre  “puede comprometer seriamente la viabilidad económica” de los  establecimientos, “abocándolos muy probablemente a un cierre  definitivo”. Además, señalan que se ha generado “una gran alarma  social tanto entre el vecindario como la clientela de la zona”.

A su entender, el Ayuntamiento debería considerar, a la hora de  afrontar la instrucción de los expedientes iniciados “al parecer por  quejas de algún vecino”, que son establecimientos “cuya actividad se  desarrolla dentro del horario de los bares normales, sin afecciones  en horarios altamente nocturnos ni matinales”.

Además, consideran que no se ha tenido en cuenta que “el hecho de  que un bar facilite que la clientela pueda bailar en el interior y  ofrezca una música ‘pinchada’ en lugar de una música programada, no  convierte, de por sí, la actividad del bar en una actividad más  molesta, insalubre, nociva o peligrosa”.

También remarcan que estos establecimientos, junto con otros  abiertos en los últimos años en la calle Barrenkale, han contribuido  a “la regeneración” de la zona, así como a “atraer a un público no  conflictivo”. “En definitiva, han contribuido a que el ambiente de la  calle recupere niveles saludables de convivencia que durante muchos  años habían descendido considerablemente”, aseguran.

Teniendo en cuenta que la actividad de estos bares “no genera ni  molestias ni peligrosidad en la zona, sino todo lo contrario”,  consideran que “el sentido punitivo, en caso de posible infracción de  las condiciones de la licencia, debe ir dirigido, en todo caso, a  corregir e impedir que dicha infracción se vuelva a producir en el  futuro, nunca a comprometer la viabilidad y el futuro económico del  establecimiento”.

“Cualquier problemática que pudiera generar la actividad de estos  establecimientos en el entorno vecinal no tiene nada que ver con la  generada por los llamados ‘after hours’. Es más son establecimientos  que en su día se vieron negativamente afectados por esta actividad”,  explican.

También advierten de que “no se está considerando el perjuicio que  puede suponer para las arcas municipales la aplicación sistemática de  cierres cautelares, sin atender a la situación de conflictividad que  se genera en el entorno, en el caso de que finalmente, hubiera un  pronunciamiento judicial contrario al Ayuntamiento”.

“ESPECIAL CELO”

En este contexto, instan a que, a la hora de abordar la  instrucción de expedientes sancionadores, se tengan en cuenta “la  dimensión de los hechos dados cuya denuncia se comprueba, así como su  naturaleza, de forma que se ponga especial celo en su justa  determinación”.

Asimismo, reclaman que “las medidas cautelares y sanciones  impuestas o que se barajen imponer a dichos locales” consideren  “otras alternativas correctoras que no pasen por el cierre temporal,  de forma que se cumpla con los principios de proporcionalidad”.